El combustible de la política chocoana es la pobreza. Los políticos saben que la gente no tiene con qué comprar acetaminofén y mucho menos pagar un abogado, por eso han montado consultorios jurídicos y médicos en las sedes de sus campañas, sofisticando aún más la relación dependiente y perversa con sus electores. «El día de las elecciones la gente forma `grus` (bochinche) afuera de las sedes de los candidatos para ver qué les van a dar -explica una profesora de Quibdó-. Es la oportunidad para que la gente saque algo. Si no es ese día, es nunca».
El 80 por ciento de los chocoanos tienen sus necesidades básicas insatisfechas; es decir, no tienen servicios públicos, según el Dane. Al 20 por ciento restante los políticos les ofrecen puestos a cambio de votos. El control de ciertos cargos estratégicos dentro de las administraciones municipal y departamental les ha permitido a algunos enriquecerse con los recursos de la salud y la educación, hoy intervenidos por el gobierno central.
Uno de los responsables de que esto haya sucedido es Patrocinio Sánchez Montes de Oca, exalcalde de Quibdó y gobernador condenado por peculado e inhabilitado. Él es el gran jefe político del departamento y a quien señalan los medios locales como el líder del «cartel de los embargos». Un círculo que, al parecer, reúne a jueces corruptos, funcionarios cómplices y abogados inescrupulosos que cobraban embargos al Estado, algunos reales y otros ficticios, hasta dos y tres veces porque los soportes de pago desaparecían como por arte de magia de los archivos de la entidad.
«Chocó es mágico y folclórico», dice entre risas, para explicar lo inexplicable, el actual gobernador designado del Chocó, Malcolm Alí Córdoba. Este politólogo de la Universidad de los Andes nunca imaginó dirigir, con apenas 28 años, un departamento al borde de la ruina, carcomido por la corrupción y acechado por la guerrilla. Las Farc están amenazando candidatos en varios municipios, entre ellos al aspirante indígena a la Alcaldía de Bojayá, Plácido Bailarín, y han vuelto a cercar el río Atrato, columna vertebral de por lo menos veinte de los treinta municipios del departamento.
El gobernador Alí Córdoba es señalado por adversarios políticos de ser un títere del exgobernador Sánchez Montes de Oca, pero desde el pasado marzo, cuando asumió el cargo, logró recuperar más de 10.000 millones de pesos que estaban embargados. A pesar de sus esfuerzos, el departamento se encuentra en una crisis financiera de la que no ha podido salir desde que se acogió a la Ley 550, hace diez años, y cuyos compromisos no ha podido cumplir, lo que es visto por los economistas como un fracaso total. Por eso hay muchas voces autorizadas que consideran que el departamento es inviable.
Esa idea es interpretada como una amenaza centralista y odiosa por los chocoanos, que no solo son víctimas de los políticos que han saqueado el departamento, sino también de un país que los ha ignorado históricamente, a pesar de que es el único departamento con dos océanos, abundantes riquezas madereras y mineras, con una biodiversidad única y un patrimonio étnico y cultural sin parangón. «Chocó hace parte de Colombia pero es de otro mundo», dice un joven quibdoseño.
El problema han sido los lentes con los que se mira la realidad de su gente, explica el padre Napoleón García, de la Diócesis de Quibdó. Dice que ante la retina estadística del resto de Colombia, los chocoanos son pobres, cuando son personas plenas en espíritu que no necesitan grandes lujos para vivir contentos, y son estigmatizados como corruptos por culpa de unos pocos políticos que han terminado en la cárcel y acabaron con las entidades del departamento. Ante la ausencia de líderes políticos respetables, los abusos que han sufrido de los grupos armados ilegales en los últimos años y la falta de institucionalidad, la Iglesia se ha convertido en la defensora de sus derechos y el motor de empoderamiento de sus comunidades.
No es gratuito que el padre García sea quien hoy dirige el capítulo de la Misión de Observación Electoral del Chocó. Por estos días anda preocupado. Cada vez le es más difícil reclutar jóvenes observadores porque ya muchos tienen la camiseta política puesta. «Prefieren estrenar su voto por 50.000 pesos. Antes pedían obras, ahora piden plata», dice.
Los mayores, como Anastasio Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Brisas del Poblado en Quibdó, siguen pidiendo obras. En uno de los muros de su casa, Anastasio ha pegado los afiches de los candidatos de La U a la Alcaldía y a la Gobernación, Jafet Bejarano y Óscar Palacios, respaldados por Patrocinio Sánchez, quien, haciéndole gala a su nombre, fue también el patrocinador de los dos últimos alcaldes de Quibdó. Bejarano fue a visitarlos en el barrio y se comprometió con Anastasio a cambiar las tejas del comedor escolar de la escuela, que desde que las instalaron, en 2008, están rotas y dobladas, grave problema en una región donde la lluvia es compañera constante.
Zulia Mena, principal contendora de Bejarano, no se podía quedar atrás. Visitó este barrio donde viven más de mil personas, algunas de ellas sin agua ni luz, quienes tienen que recurrir para disponer de sus excrementos a los «voladores» -papeles o bolsas plásticas en los que los depositan antes de lanzarlos al aire- para suplir la falta de alcantarillado. La candidata no prometió obras, se comprometió a mejorar la calidad educativa para más de 500 niños que asisten a la escuela.
Mena es la candidata del voto de opinión de Quibdó y estas elecciones son su revancha contra la clase política tradicional que le ganó la Alcaldía en 2007 por menos de 200 votos. El día después de esas elecciones se encontraron decenas de tarjetones en la basura. La candidata denunció el hecho ante el Tribunal Administrativo de Quibdó y ante el Consejo de Estado, y pidió excluir 35 mesas en las que se habría fraguado el fraude electoral. La demanda no prosperó y todo siguió igual.
Luis Gilberto Murillo, exdirector de Codechocó y exgobernador, tiene parte del voto de opinión para recuperar ese cargo. Pero su candidatura estuvo enredada porque, cinco días después de que se inscribiera como candidato por Cambio Radical, apareció en la Procuraduría una inhabilidad por haber destinado en el pasado recursos de un programa de saneamiento ambiental a una escuela, decisión que después de 2001 dejó de ser delito y hoy no genera inhabilidad. El viernes pasado el Consejo Nacional Electoral decidió que puede seguir adelante con su campaña.
El ambiente electoral se vive intensamente en las calles de Quibdó, congestionadas por las ruidosas rapimotos y empapeladas con propaganda electoral. El trago y la comida están a la orden del día en algunas sedes y los simpatizantes salen a repartir volantes luciendo camisetas del color que identifica a cada candidato.
Ojalá la campaña se hiciera solo en las calles, pero en Chocó la política se cocina también en la cárcel. Hace unos meses, el exrepresentante a la Cámara Odín Sánchez, hermano de Patrocinio Sánchez, quien se encuentra recluido en La Picota por parapolítica, viajó a Quibdó con permiso especial del Inpec para asistir al funeral de su madre. Pero además de ir al cementerio, visitó la sede del Partido de la U. Otro que también viajó a la capital chocoana estando preso por parapolítica fue el excongresista Édgar Ulises Torres, quien asistió a una curiosa diligencia judicial la semana pasada. Pero las visitas de los excongresistas a la capital chocoana no causan tanto temor como la posibilidad de que Patrocinio Sánchez regrese a la Gobernación. Su periodo de inhabilidad excarcelable se acaba justamente tres semanas antes de las elecciones.
Mientras las autoridades deciden si dejan volver a Patrocinio, a los candidatos se les está acabando el tiempo para las promesas. Han hecho tantas que ojalá las cumplan y demuestren, con hechos y no con discursos, que el Chocó sí es posible. Los chocoanos se lo merecen.
Tomado de Semana.com
