La fiebre minera llegó a Colombia. Si bien desde los tiempos de la Conquista, las esmeraldas de Muzo y de Coscuez han deslumbrado al mundo, el auge de hoy es inédito. Los precios de sus principales minerales, carbón, níquel y oro, se han trepado al cielo. Exploradores de toda índole y tamaño llegaron por miles a escarbar sus entrañas. Allí donde el suelo promete riqueza súbita, los ánimos febriles despiertan la ambición, y los viejos conflictos y violencias se exacerban.
Vea el especial sobre “Los mayores dueños de propiedad minera en Colombia”.
Paradójicamente fue la mejoría en seguridad lo que hizo que el mundo descubriera a Colombia como un interesante destino minero aún por explorar. Los precios subieron: de US$ 90 por tonelada de carbón antracita en 2004, ahora pagan casi US$160, y por una onza troy de oro, dieron en promedio más de US$1.200 en 2010, tres veces el precio de un lustro atrás. Pero por atractivo que pudiera resultar este prometedor territorio andino, hace una década pocos se animaban a invertir en un país donde secuestraban a diez personas en promedio al día. La cifra cayó dramáticamente desde 2005, cuando el gobierno Uribe puso a la guerrilla en retirada.
La combinación de mejores precios y menores riesgos resultó en una avalancha de peticiones de concesiones mineras legales que puso en aprietos el limitado catastro minero nacional. Aprovechando además una legislación flexible que se había aprobado en 2001, particulares y empresas pidieron títulos para 20 mil concesiones de exploración y explotación de minas –un título sirve para las dos –que cubren 22 millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país. Y el gobierno anterior les otorgó casi 9.000 títulos, sin respetar páramos (el ecosistema de alturas que produce gran parte del agua colombiana), ni parques nacionales, ni resguardos indígenas, ni territorios colectivos afrodescendientes. (Un caos similar se vive aún en Chile en este tema Ver entrevista: Abogada Laura Novoa “El sistema de concesión minera se presta para una concentración gigantesca, abuso y mal uso”).
Con los precios en alza, los grandes proyectos mineros, que habían empezado a producir desde los años 80 y 90, también florecieron. El Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo en el extremo nororiente en la Guajira, explotada por una sociedad de las multinacionales europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American, vendió en 2010, casi US$2.500 millones en carbón. Y cerca de allí, explotando una franja en el centro del Cesar, dos carboneras con varias minas, la estadounidense Drummond y la suiza Glencore, vendieron respectivamente, US$2.000 y US$340 millones. El proyecto de Cerro Matoso, de la gigante anglo-australiana BHP Billinton, al noroccidente, en Córdoba, tuvo ventas el año pasado por US$556 millones en ferroníquel, la preciada aleación con la que se fabrica el acero inoxidable. (Vea la tabla con las 10 mineras más grandes de Colombia).
Otros proyectos de considerable tamaño empezaron más recientemente su producción industrial. La brasilera Vale Coal S.A. está explotando carbón también en el Cesar y otra minera de ese país, Votoratim Metais, dueña de Acerías Paz del Río, la productora de acero más grande del país, tiene explotaciones de hierro en Cundinamarca y exploraciones en muchos otros lugares. La colombiana Mineros S.A. explota oro, principalmente en su mina de El Bagre, Antioquia, y vendió US$126 millones en 2010. Medoro Resources y Gran Colombia Gold, mineras canadienses que se fusionaron recientemente, explotan las minas de oro de Marmato y Frontino, en el centro del país.
La inversión extranjera directa en minería casi se triplicó: pasó de US$3.800 millones en el quinquenio 1999-2004 a US$11.900 millones en el quinquenio siguiente, pues además, otras mega- mineras incluyeron a Colombia en el radar de sus planes.
Así, por ejemplo la gigante canadiense Barrick Gold compró una sociedad con títulos en el Eje Cafetero, al centro del país. MPX Energía de Brasil, filial de EBX del magnate Eike Batista, adquirió los derechos para explorar carbón en La Guajira, y tiene en sus planes una gran expansión. Y por último, una jugadora de talla mundial en oro, la surafricana Anglo Gold Asahanti, ya anunció dos hallazgos importantes: la mina La Colosa, en el municipio de Cajamarca en Tolima, donde calcula hay 12 millones de onzas troy de reservas estimadas, y, en llave con su socia B2- Gold, está desarrollando el proyecto de Gramalote en Antioquia, donde encontró oro de veta con reservas de 2,39 millones de onzas troy.
A la fecha, el Registro Minero Nacional reporta que 1717 empresas tienen títulos vigentes de concesiones para explorar o explotar minas. Y los particulares tienen unos 7.200 títulos más. Están buscando plata, platino, molibdeno, níquel, zinc, además de los minerales que abastecen la construcción, como las calizas, arenas y arcillas.
Las minas de hecho también se esparcieron como hongos por todo el territorio, hasta completar 3.600 este año, según investigó la Defensoría del Pueblo.
Hoy, Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el décimo en el mundo. Y si las grandes y medianas mineras llevan a cabo sus proyectos, sin contar posibles nuevos hallazgos, en una década el país puede llegar a duplicar su producción actual de carbón de 74.000 toneladas métricas. Y podrá expandir en un 60% su producción de oro, que el año pasado fue de más de 53 mil kilos.
Los cálculos optimistas están proyectando que el sector minero-energético que exportó en 2010, US$21.000 millones puede llegar a vender US$54 mil millones en 2021.
Según datos del Ministerio de Minas, las regalías mineras alcanzaron los US$647 millones el año pasado. No es un monto significativo del presupuesto nacional (de unos US$76 mil millones para este año), pero es la única fuente de riqueza de muchos de los municipios más pobres del país. Además, se proyecta que éstas van a crecer a un ritmo exponencial, y que de ese crecimiento, que en 2010 fue del 11,1 %, está dependiendo buena parte de la expansión de la economía nacional.
Así, el futuro se publicita fabuloso, pero la posibilidad de que, como en el pasado, cuando se encontraron los grandes yacimientos petroleros, a los colombianos les quede poco de esta irrepetible cosecha de minerales, es alta. Y ello porque la bonanza se eleva sobre oscuros socavones de debilidad institucional, corrupción, daño ambiental, crimen organizado y la exacerbación de conflictos sociales, de entre los más violentos del planeta.
Instituciones en ruinas
El alud de solicitudes de exploración minera, muchísimas con afán meramente especulativo, copó la capacidad del Instituto de Geología y Minería (Ingeominas), pues aunque por casi cien años había sido un prestigioso centro de investigación del subsuelo colombiano, le arrojaron improvisadamente la tarea de administrar el sector.
Según denunció públicamente en una rueda de prensa en junio pasado Carlos Rodado, ministro de Minas y Energía ya bajo el gobierno actual de Juan Manuel Santos, desde que se aprobó el Código de Minas en 2001, “hubo superposición de títulos mineros en áreas de parques nacionales y páramos, juegos especulativos, expedición de títulos sin control y algunos de manera sospechosa, violación de los derechos a las comunidades mineras indígenas y afro descendientes y acaparamiento de títulos”.
Un solo ejemplo es revelador. Según relataron a CIPER, dos funcionarios que por años han trabajado en Ingeominas, percibían una excesiva cercanía de algunos directivos con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA). De hecho, una de cada cinco hectáreas concesionadas fue a dar a sus manos.
En 2009, voceros de la Anglo Gold Ashanti (AGA) dijeron a un medio local que habían devuelto el 92% de las áreas pedidas originalmente y que entre las áreas que seguían solicitando -y las que ya estaban tituladas a su nombre- apenas sumaban 166 mil hectáreas. Sin embargo, y aún cuando la información del Registro Minero Nacional puede estar desactualizada, la diferencia con lo que éste reporta hoy es enorme. A julio de 2011, figuran 389 títulos de la AGA registrados en diversos municipios colombianos, de un extremo al otro del país, los que suman más de 700 mil hectáreas.
¿Cómo logró AGA que le aprobaran el mayor número de títulos mineros del país prácticamente en tres años, cuando otras empresas tuvieron que esperar en promedio casi cinco años para conseguir los suyos?
Cabe destacar que dos funcionarios de Ingeominas, el ahora ex director Julián Villarruel y Liliana Alvarado, quien era subdirectora de recursos del subsuelo de esa institución, trabajan hoy para la AGA, según denunció La Silla Vacía.com.
Con el sucesor de Villaruel el ambiente denso en Ingeominas empeoró. El gobierno de Uribe, según lo han denunciado varios artículos de prensa, le dio esta entidad para que pusiera allí sus fichas al entonces congresista conservador Ciro Ramírez, quien después, en marzo de 2011, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir con los paramilitares. Un funcionario de la entidad cuenta, aún aterrado, cómo unos mineros le ofrecieron dinero a cambio de que les diera el nombre del encargado de darle el visto bueno final a los títulos. Y en una conversación casual, un empresario extranjero que invirtió en el desarrollo de una mina de oro, dijo que pagó 34 millones de pesos (unos US$15.000) de sobornos para conseguir el título.
Es verdad que el Código de 2001 había dejado abierta la posibilidad de que cualquiera con un pago mínimo y un documento de identidad pudiera hacerse de una concesión minera, pero el espíritu de la ley buscaba incentivar la promoción, no la especulación. Al entregar áreas inviables por ser absurdas o microscópicas (una tenía 34 centímetros y otra 19 metros por 16 kilómetros), Ingeominas creó el río revuelto donde pescaron muchos avispados.
Además, como Ingeominas se demoraba tanto en registrar los títulos en el Registro Minero Nacional, algunas empresas pedían y devolvían títulos permanentemente, para evitarse así tener que pagar el canon superficiario que, según el Código, debían girar apenas su concesión quedara inscrita. Aún hoy, que la norma apretó las condiciones, Ingeominas no ha logrado meter en cintura a todos para que paguen.
Hace tiempo el país no realiza un censo minero nacional completo. El catastro es tan caótico, que un experto Banco Mundial, contratado por el gobierno, ha recomendado montar un sistema totalmente nuevo que pueda tramitar las solicitudes de títulos en poco tiempo y velar porque quien tenga una concesión pague el canon debido por ella.
La ley del embudo
Para los mineros artesanales el tratamiento fue bien distinto. Organizados en varias asociaciones y sindicatos, ellos habían conseguido que el Código Minero de 2001 les diera tres años para legalizar sus minas. De los 15 mil mineros de hecho que según la Defensoría del Pueblo hay en el país, llegaron a Ingeominas 2.845 solicitudes de formalización. Y de ellas apenas consiguieron formalizarse 23. ¿La razón? La norma les exigía que presentaran mapas técnicos de sus minas y facturas comerciales de varias décadas atrás.
La ley 1382 que reformó el Código en febrero de 2010, volvió a abrir la posibilidad de legalizar minas artesanales. En un año llegaron otras 2.200 peticiones. De éstas, 719 ya han sido evaluadas, pero como las normas son las mismas, sólo una pasó la prueba documental y próximamente se le hará una visita técnica.
Echar a andar las peticiones de los mineros artesanales a paso de tortuga, y las de los nuevos títulos a galope, cerró aún más la posibilidad de que los artesanales lograran formalizar sus minas: cuando llegaban sus peticiones ya esas áreas habían sido adjudicadas a nuevos mineros o a especuladores.
Los cambios de legislación terminaron agravando los conflictos. Por ejemplo, Medoro Resources obtuvo una concesión en Marmato (Caldas), un pueblo de mineros artesanales con 457 años de historia. Encontró reservas de 6,6 millones de onzas de oro y 37 millones de onzas de plata y quiere desarrollar allí una mina a cielo abierto, pero muchos en el pueblo se han opuesto porque esto implica desplazarlos y dejarlos sin trabajo. Declaraciones recientes del vocero de Medoro a la cadena de televisión Al Jazeera, en el sentido de que tenían varias maneras de sacar a la gente: “presiones del gobierno, la chequera…”, causaron aún más escozor. Es de esperar que el debate arrecie cuando la multinacional solicite los permisos de explotación.
Mafias y dragas
La ley 1381 también dejó abierto un agujero fatal: si un minero que declaraba ser informal pedía un título, podía seguir explorando su mina hasta que no se regularizara su situación. Muchas mafias asociadas al paramilitarismo y al narcotráfico aprovecharon este hueco legal y fingieron ser mineros artesanales. Esto les dio carta abierta para meter dragas y bombas costosas a explotar las minas a gran escala, causando un gran daño ecológico y a la salud. Cuando el gobierno pretendió cerrarles las minas, alegaron que tenían procesos de regularización en trámite.
-Fue tristísimo –dijo una ex funcionaria de Medio Ambiente –pusieron a mineros tradicionales a pedir títulos, y cuando tenían la solicitud registrada, entraron con sus hombres armados y sus grandes equipos y los sacaron de sus minas o los convirtieron en sus trabajadores, casi en condición de esclavitud.
En el río Dagua, en el sur del país, un minero que explotaba calizas y gravas en el río, halló unas enormes pepas de oro. La noticia corrió veloz y miles de caza fortunas llegaron en un santiamén. Algunos trajeron maquinaria pesada y en cuestión de meses habían causado un desastre ambiental mayúsculo. A los pequeños los dejaban entrar por unas horas al día. Después de varias denuncias periodísticas -y de cambiar una vez más la ley para cerrarle el paso a este tipo de minería mediana altamente destructiva-, el gobierno logró sacarlos. Así ha cerrado 21 minas entre febrero y mayo de este año.
Pero según dijeron fuentes de esa región a CIPER, en el caso del Dagua, como en otros episodios en Chocó y el Bajo Cauca, muy pronto mudaron sus dragas a otro río. “Los del Dagua se fueron a la pobrísima población nariñense de Timbiquí,en el Pacífico caucano, y ahora están allí explotando el oro sin control”, dijo un líder social de la región.
El daño colateral de estas persecuciones a mineros criminales a veces se hace extensivo a verdaderos mineros artesanales. Opositores al gobierno, como el senador de izquierda, Jorge Robledo, sostienen que es deliberada la persecución a toda la minería con el objeto de abrirle camino a la gran minería a gran escala. El director de Ingeominas, Oscar Paredes y el viceministro de Minas, Tomás González, niegan absolutamente que esta sea una política oficial, y sostienen que se creará una unidad que desarrolle créditos blandos para que estas comunidades mejoren sus operaciones y las capacite para que no dañen el ambiente y mejoren la seguridad laboral. También advierten que serán radicales contra la minería que camufle a criminales y que destroce el ambiente.
Pero que los personajes que están manejando el negocio de mini-dragas y dragas son de calibre mayor es también la opinión de las autoridades judiciales colombianas. Por ejemplo, según le afirmaron a El Tiempo, han detectado que las minas que llegaron a controlar el narco-paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco (extraditado a Estados Unidos) y su segundo al mando del Bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez, en el Sur de Bolívar, han sido heredadas por otros grupos armados que hoy las controlan.
“Hay evidencia –dice El Tiempo—de que reactivaron su dominio en ese sector en donde ya habían reclutado menores y mujeres a quienes carnetizaron y trataban como esclavos al servicio de la empresa minera Grifos, de la que era socia la esposa de Macaco”. En el registro minero nacional aparece una empresa –Sociedad Minera Grifos S.A.– con dos títulos registrados en 2006 y aún vigentes, pero no en el Sur de Bolívar, sino en la población cercana de Zaragoza en Antioquia.
La policía y la fiscalía, que ha creado una unidad especial para perseguir la minería ilegal, también han detectado que las guerrillas de las FARC están explotando minas de aluvión o están extorsionando a los mineros. Además, como las normas vigentes permiten comprar la misma cantidad de explosivos para abrir una mina pequeña que una grande, tener negocios de minería les resulta conveniente porque pueden obtener los explosivos que quieran sin levantar sospechas.
El crimen organizado también ha encontrado en la importación de dragas un mecanismo para repatriar sus utilidades de la droga y en las exportaciones ficticias de oro, una vía para lavar dinero.
Un ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, le confesó a la justicia una estratagema para lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada en oro, traerlo clandestinamente a Colombia, y venderlo a comercializadoras autorizadas, declarándolo como producido en el país. Por cada onza de oro que le paga al productor, la comercializadora debe descontar el 4 % de regalías que luego debe girar al gobierno, para que éste a su vez le gire al municipio de dónde el productor declaró haber sacado el oro. De esta manera, los paramilitares obtenían el pago por su oro, y después, hacían tratos con los alcaldes de los pueblos que iban a recibir esas regalías para que se las devolvieran a través de contratos ficticios.
Esta fórmula de lavar dinero vía regalías sigue operando. A los municipios antioqueños de Segovia y Remedios, por ejemplo, el gobierno les suspendió el giro de regalías, pues encontró que tenían sospechosos contratos con particulares para promover la minería y los pagaban con dinero de las regalías. En el municipio chocoano de Itsmina, la suspensión de los giros se dio por un súbito e inexplicable crecimiento de la producción de oro declarada: un aumento de 2.031 % en sus regalías entre 2008 y 2010. Más raro fue que, apenas Itsmina recibió las enormes regalías, salió a pagar una deuda “sin saberse si era real o ficticia”, dijo a CIPER un funcionario que conoció el caso.
Los vínculos de la minería con grupos armados no sólo se dan en las minas de hecho. En diversos puntos de la geografía, organizaciones sociales han denunciado que algunas mineras han financiado a grupos paramilitares para protegerse o para forzar el desalojo de comunidades de las minas que quieren explotar. Quizás la empresa más cuestionada en esta materia ha sido la multinacional estadounidense Drummond.
Drummond es objeto de varias acusaciones en Colombia por posible complicidad con los paramilitares que infiltraron la política y aterrorizaron a la gente del Cesar, desde mediados de los años 90, justo cuando esta empresa arrancó allí su producción de carbón. Dos ex paramilitares han asegurado de que la empresa ayudó a crear y financió el frente Juan Álvarez de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), para que cuidara la operación y la línea del ferrocarril que transporta el carbón hasta el puerto cerca de Santa Marta. Asimismo, según lo investigó VerdadAbierta.com, Drummond compró tierras a testaferros del paramilitarismo para desarrollar su mina El Descanso.
Y hay más. En abril de este año, la Fiscalía acusó a un contratista que les proveía la comida a los trabajadores de la Drummond, de complicidad con los paramilitares en el asesinato de dos líderes sindicales de la empresa minera, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, en marzo de 2001. Por estos hechos organizaciones sindicales y de derechos humanos han entablado tres demandas civiles contra la Drummond en Alabama. Alegan que los directivos de la carbonera sabían de estos crímenes y los cohonestaron. La empresa, que ya logró que la justicia estadounidense desestimara una primera demanda, ha reiterado en avisos de prensa, que las acusaciones son falsas.
Minas que matan
Los miles de mineros informales que buscan explotar el oro de los ríos están contaminando el agua con metales pesados como el mercurio y al cianuro. Además, como la amalgama que se forma con estos metales se quema para extraer el oro, el aire también se envenena. La Defensoría encontró que en el aire de los pueblos mineros de Segovia, Zaragoza y Remedios, el nivel de mercurio puede ser hasta mil veces más alto que el permitido. En Remedios se descubrió que 15 personas han pedido trasplante de riñón por intoxicación con mercurio.
Grandes proyectos mineros también han sido cuestionados por sus posibles efectos nocivos a los ecosistemas. El gobierno de Santos, presionado por la movilización de los habitantes de Bucaramanga, una de las principales ciudades colombianas, puso en entredicho la licencia ambiental otorgada a la minera canadiense GreyStar para explotar un área en el páramo de San Turbán, donde nace el agua que abastece a los bumangueses y la minera debió retirar su proyecto y tendrá que reformularlo.
Asimismo, el pasado 6 de julio el gobierno ordenó el cese absoluto de actividades mineras en el Parque Nacional Yaigoje Apaporis, que es además área de resguardo indígena. Allí la empresa canadiense Cosigo hizo varias visitas intentando ganarse el visto bueno de la comunidad para poder explotar el oro, y había conseguido que le dieran un título minero.
-De los otros 37 casos de títulos mineros que se superponían con parques naturales, en 12 encontramos superposiciones de menos del 1% de área y estamos ajustándolas de oficio, y en los demás estamos trabajando con las compañías para resolver el tema -dijo a CIPER, Oscar Paredes, actual director del Ingeominas.
En páramos encontraron 630 casos de superposiciones con títulos mineros, algunos en áreas tan estratégicas como el Macizo colombiano donde nacen los dos ríos más importantes del país, el Magdalena y el Cauca. Paredes explicó que están negociando con las empresas titulares para corregir esta situación. Con la AGA, que tiene 40 títulos en páramos, ya están en conversaciones.
Anglo Gold Ashanti (AGA) , está preparándose para pedir la licencia ambiental para la gran mina de oro de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, en Tolima. El proyecto ha sido cuestionado por organizaciones ambientales de la región y algunas autoridades, principalmente por el posible impacto que puede tener la actividad minera sobre la vecina área de Reserva Forestal Central y sobre el Río Coello que abastece a los habitantes de varios municipios.
Algunas explotaciones de carbón no se quedan atrás en cuanto a problemas ambientales. En 2008, a raíz de una airada protesta de las comunidades en el centro del Cesar por el estado de contaminación y de abandono en que estaba este distrito minero de carbón, en dónde operan varias empresas multinacionales y nacionales, los funcionarios ambientales fueron a verificar in situ qué sucedía.
Al constatar la grave contaminación por partículas y polvo en el aire, abrieron una investigación a la Drummond. Y a pesar de las presiones, incluso dentro del mismo gobierno para que la frenaran, el ministerio se llevó a Bogotá todos los expedientes que estaban congelados en la corporación local de control ambiental. Por tratarse de una zona de alto impacto ambiental, se decidió que era la entidad nacional y no la local la que debía intervenir.
Las empresas finalmente se comprometieron a mejorar las condiciones de la zona y a reubicar a cuatro poblaciones (Plan Bonito, El Prado, El Hatillo y Boquerón), las más afectadas por la contaminación por el polvillo de carbón. Pero hasta ahora, todo sigue igual.
Quizás lo más preocupante del daño ambiental es que, como lo ha demostrado el experto Guillermo Rudas, con el auge minero los gobiernos no han cumplido la norma que les indica que deben invertir al menos 17 % de la regalías en la preservación y mejoramiento ambiental. Apenas destinaron el 3,2% en promedio entre 2004 y 2009. Además, mientras la producción minero-energética pesa cada vez más en la producción nacional, el presupuesto ambiental como porcentaje del PIB ha sido cada vez menor.
Sin prevención
Tampoco están bajo control de las autoridades los accidentes laborales del sector que a mayo de este año había dejado ya 62 mineros muertos. La mayoría de estos accidentes suceden en las pequeñas minas artesanales en cuatro departamentos que producen carbón de socavón: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. La mayoría se produce cuando el gas metano atrapado en la mina estalla con una chispa de una lámpara o una cerilla o cuando los rudimentarios soportes de la mina se desploman.
Hasta ahora los sucesivos gobiernos han anunciado apoyo para mejorar las condiciones de seguridad de los mineros, pero como sucedió en la mina San Fernando, en Amagá (Antioquia), en junio de 2010, donde perecieron 73 trabajadores, la respuesta más frecuente es cerrar la mina después de la tragedia. Al poco tiempo la gente se las ingenia para volver a trabajar porque no tienen otro medio de ganarse la vida. Así lo documentó en detalle la televisión local en un programa desgarrador sobre el caso. (Haga clic aquí para ver el reporte oficial de fatalidades en los últimos años).
Retos y medidas
Para que la minería en Colombia pueda institucionalmente ser medianamente administrada y fiscalizada, es necesario reforzar el sector.
En el año de gobierno ya se consiguió aprobar un Sistema Nacional de Regalías para administrar mejor las compensaciones. Ahora ya no irán sólo a los territorios de dónde salen los minerales, sino también para financiar el desarrollo social, económico y ambiental de los municipios más pobres, entre otras modificaciones. Además, el 2 % irá a fortalecer la capacidad estatal de fiscalización, el conocimiento y la cartografía geológica del subsuelo; dos tareas que el Estado ha desempeñado pobremente.
Por ahora, además, se congeló la recepción de nuevas solicitudes de títulos mineros a la espera de que se terminen de procesar las cerca de 19 mil acumuladas. En lo que va de 2011 tan sólo han emitido 187 títulos. Otro de los anuncios del nuevo gobierno es que Ingeominas volverá a concentrarse en investigar el territorio nacional, ampliamente desconocido a los niveles de detalle que requiere la minería. La administración correrá por cuenta de la Agencia Nacional de Minería.
También deberá reformularse el Código Minero ya que la Corte Constitucional tumbó la ley que lo reformó en 2010, y sólo para dejar vigente la prohibición tajante de permitir minería en páramos, aplazó su término por dos años más, hasta que el gobierno apruebe una nueva ley. Se deberá normar además, la entrega de áreas de concesiones en cuadrícula, y no las irregulares que se han prestado para tantos juegos especulativos.
Desde la industria minera los anuncios se reciben con sentimientos mezclados. Volver a abrir la caja de Pandora de intereses que significa cada reforma al Código Minero puede tener un final impredecible. El más temido es que les arruine la rentabilidad de sus inversiones. Aunque evidentemente, les será más fácil operar con instituciones más transparentes y menos arbitrarias, como por ejemplo, un nuevo catastro minero.
El gobierno está buscando también cómo mejorar su pobre capacidad de fiscalización. Según un informe de mayo de la Contraloría, varias compañías mineras, entre ellas Drummond, Cerro Matoso y Prodeco, subsidiaria de Glencore, pagaron cercan de US$150 millones menos en regalías al Estado en 2007 y en 2008 de lo que debieron pagar.
El gobierno cree que la mejor manera de fiscalizar la producción y el cumplimiento de las normas de seguridad, es delegar la tarea al sector privado. Una idea que despierta todo tipo de temores ya que otra iniciativa similar para controlar la inversión de regalías en los territorios, terminó contratando firmas privadas interesadas más en bajar costos que en realizar la difícil y peligrosa tarea de vigilar el buen uso de las regalías.
Por último, Colombia está considerando si mantiene las tarifas impositivas y de regalías actuales, que según varios estudios le dejan al gobierno proporcionalmente menos recursos que a otros países productores. (En Chile se vive una situación más grave muy bien descrita en dos reportajes de CIPER: “Los enormes beneficios tributarios a los que acceden las empresas mineras en Chile” y “Royalty: Los millones de dólares que Chile regala a las empresas mineras”).
No es exagerado decir que si Colombia aprovecha bien su bonanza minera, puede saltar al desarrollo. El auge minero y petrolero es una oportunidad única para darle un empujón al país en materia de infraestructura y sacar de la pobreza a gran parte del 46 % de los colombianos que aún no tiene los ingresos suficientes para tener una vida digna. Pero para ello debe haber conciencia de que cada peso que se obtenga es un patrimonio que ya no se podrá recuperar.
El camino para ello no es fácil. El gobierno deberá crear fórmulas para desterrar las mafias y darles espacio a los mineros artesanales. Además, deberá imponer ante las empresas que corrompieron las instituciones y violaron la ley, una nueva ética de desarrollo sostenible. Una vez creados los mecanismos institucionales adecuados, tendrá que hacer valer la protección del medio ambiente colombiano como un tesoro más valioso que el oro y el carbón.
Para esa gran transformación pendiente los tiempos políticos son cortos. Mientras la locomotora minera va a toda máquina cruzando la vía de un negocio de miles de millones de dólares, el temor de que la promesa de prosperidad termine en un mero espejismo sigue vigente para la gran mayoría de los colombianos.
Tomado de ciper Chile
