En abril de 2008, en la comunidad de Despensa Media se realizó la asamblea de elección de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de la cuenca de Curbaradó, con participación de representantes de las 22 comunidades asentadas en el territorio, contando con la presencia de la Viceministra del Interior del momento, doctora María Isabel Nieto, representantes de la oficina de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, además de delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del representante de la oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, de la personera y Secretario de Gobierno del municipio de Carmen del Darién, de las autoridades militares de Urabá y Choco y de organismos nacionales e internacionales que acompañan los procesos sociales del Bajo Atrato.
Dicha asamblea y la Junta elegida, contó con todo el procedimiento legal y representatividad de las comunidades, siendo testigos y garantes, los representantes del gobierno nacional y municipal y organismos nacionales e Internacionales.
Debido a que esta junta no representaba los intereses de los empresarios y de algunos líderes, se promovió en el año 2009 una asamblea sin el cumplimiento de los parámetros legales, legitimidad y participación comunitaria, pero fue inscrita por la alcaldía del municipio del Carmen del Darién, quienes posteriormente no tramitaron las impugnaciones que presentaron las comunidades, en franca violación del debido proceso.
A pesar de que la junta legítimamente elegida por las comunidades tenía reconocimiento legal y representatividad, el propio Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, la ha desconocido y en el pasado mes de marzo, en el municipio del Carmen del Darién, manifestó que la representación legal estaba en manos de otra Junta Directiva, nombrada por una asamblea convocada en septiembre de 2009 en el casco urbano del Carmen del Darién, con participación de tan solo tres Consejos Comunitarios locales o menores, ello con el precedente de negar los derechos territoriales y políticos de la población mestiza, que ha poblado ancestralmente los territorios de Curbaradó y que ha asumido las prácticas tradicionales y la cultura, tal como lo expone la Ley 70 de 1993.
La actual confusión organizativa y el reconocimiento de la representación legal del Consejo Comunitario en una junta Directiva que no cuenta con reconocimiento de las comunidades, llevó a la realización de una nueva asamblea por otro grupo de comunidades, organizadas en Zonas Humanitarias, nombrando una nueva Junta Directiva y proclamándose como los representantes legales del Consejo Comunitario. En conclusión, tenemos tres Juntas Directivas del Consejo Comunitario, una reconocida como legitima por la totalidad de las comunidades desde el año 2008 y vigente aun en su periodo de gobierno, otra, reconocida como legal por el gobierno nacional, pero ilegítima ante las comunidades, y una tercera, que acaba de ser nombrada en el pasado mes de abril por un grupo de comunidades, con lo que se plantea la urgencia de definir la representación legal del Consejo Comunitario y proceder a un proceso de restructuración, amplio, libre y democrático.
La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato ratifica que los territorios que han sido ocupados por poseedores de mala fe, deben ser devueltos a sus legales y legítimos dueños que son las comunidades. Por tanto, la división interna en muchas ocasiones ha sido generada por el gobierno nacional y local y por los intereses de las empresas palmeras, como excusa para retrasar de manera indefinida este proceso. Una de las condiciones para entregar estos territorios a sus legítimos dueños, es que debe estar totalmente saneado, sin ocupantes de mala fe que hoy no sólo son los palmeros, sino muchas personas que han llegado de otros departamentos, especialmente de Córdoba y que nunca han hecho posesión de estos. De esta manera se está generando un proceso de repoblamiento del territorio que de no tomarse las medidas pertinentes, generaran nuevos conflictos en la cuenca.
Mientras se define el vacío o la disputa por la representación legal, hay que recordar que la máxima autoridad del Consejo Comunitario es la Asamblea General y por tal, es a la misma, que se debe hacer la devolución del territorio como se ordena en la sentencia y es la Asamblea, quien debe definir el destino del territorio y autorizar los contratos o proyectos, que a espaldas de las comunidades viene adelantando el representante legal reconocido solo por el Gobierno.
En cuanto a la restitución material del territorio, también se le recuerda a las autoridades citadas en la sentencia del Tribunal: Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER, Ministerio de Defensa, Policía y Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo, Acción Social, Gobernador del Choco y Alcalde del municipio del Carmen del Darién, que el territorio debe ser desalojado por las empresas palmicultoras y ganaderas enunciadas en la sentencia y por los invasores que han llegado en el último periodo, algunos, antiguos trabajadores de las empresas de palma y otros, alentados por las mismas, para dilatar su desalojo del territorio.
Por último, la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato-ASCOBA-, conmina al Ministerio del Interior y Justicia y a la Dirección de Etnias del mismo, a continuar el censo de las personas que poblaban la cuenca antes del desplazamiento de 1997, como las familias que conservan el derecho al territorio y a ser parte del Consejo Comunitario, con plenos derechos a participar y ser elegidos en la Asamblea General. Así mismo, mientras este proceso iniciado en 2009 se reanuda y la Asamblea fija su reglamento interno, se debe detener cualquier proceso de negociación y de decisiones sobre el territorio y sus recursos. ASCOBA no validará ningún tipo de contrato, convenio o proyecto que firmen el representante legal que el gobierno ha legalizado, ya que este no cuenta con legitimidad y no representa los intereses de las comunidades.
Las comunidades de la cuenca del Curbaradó, procurarán resolver sus problemáticas internas en el marco de la ley, las costumbres y sus normas internas. Solicitan el apoyo de las organizaciones sociales, etnicoterritoriales, no gubernamentales y a los organismos de control del país a hacerle seguimiento a esta problemática, y pronunciarse sobre el mismo y apoyar sus acciones.
