El día de los hechos se encontraban en esta oficina la asistente administrativa Ángela María Perea Valencia y el representante legal de COPDICONC José Iris Arco Velásquez, quienes fueron atacados por dos hombres que ingresaron armados, sometiéndolos, gritándoles, maltratándolos física y psicológicamente, señalándolos como “guerrilleros”. Mientras les tapaban la boca y cubrían sus rostros, les gritaban que dijeran a qué grupo guerrillero pertenecían o sino los asesinaban; a su vez les ordenaron repetir en varias ocasiones el número del documento de identidad. Mientras estos dos hombres intimidaban a los líderes de COPDICONC, dentro de la oficina, en la puerta de la calle, un tercer hombre armado vigilaba.
Los hombres preguntaban insistentemente por el lugar donde se encontraba la presidenta del Consejo Comunitario María Antonia Amaya, a la vez que la señalaban de guerrillera y gritaban que venían a asesinarla. (Maria Antonia no se encontraba en este lugar ya que estaba en compañía de la coordinadora de Derechos Humanos del Consejo, Maria Fernanda Marcillo efectuando los trámites de visado para viajar a Costa Rica al Encuentro y Conferencia Regional de Mujeres Afro).
Estos hombres estuvieron por espacio de 20 minutos y hurtaron los equipos de oficina como computares, grabadoras, memorias USB, celulares y un video beam, que contenían toda la información de la violación sistemática de los derechos humanos que el consejo viene visibilizando, registros de víctimas del conflicto armado y población en situación de desplazamiento forzado, documentos que contienen datos personales, descripción de los hechos y posibles autores, carpetas con información de todos los proyectos y convenios ejecutados y que están por ejecutar, además de documentos de uso exclusivo del consejo que datan del proceso que se ha venido desarrollando durante una década.
Según información de la comunidad uno de los hombres que participó en estos hechos había alquilado hacía 15 días una pieza en el lugar y se le había visto merodeando en varias oportunidades a los alrededores.
Es importante resaltar que la situación del territorio en estos momentos es de alto riesgo y ha sido objeto de la emisión de Informes Defensoriales, Alertas Tempranas y Declaratorias de Alto Riesgo, por parte de la Defensoría del Pueblo y los Comités Municipales de Atención a la Población de la Población Desplazada, que dan cuenta de la presencia de grupos armados ilegales que controlan el territorio y vienen cometiendo crímenes atroces contra la población civil. Así mismo diariamente se reporta el desplazamiento forzado, confinamiento y violación al DIH en contra de los miembros de COPDICONC.
El Consejo Comunitario en los meses de agosto y septiembre de 2010, convocó a las autoridades municipales y departamentales, organizaciones humanitarias y de cooperación internacional, organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de visibilizar la grave crisis de derechos humanos en la región y solicitar acciones inmediatas para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.
*Organización de carácter regional étnico territorial de comunidades negras asentadas en la región de la cordillera occidental de Nariño y sur del cauca, considerada el último bastión de resistencia del palenque histórico el castigo. Fundada el 10 de agosto de 1996. Legalmente constituido el 04 de marzo de 1997; adjudicación de titulo colectivo de tierras para comunidades negras, resolución No 00402 del 28 de abril del 2003. Con jurisdicción en seis municipios de Nariño: Policarpa, Cumbitara, Leiva, El Rosario, El Charco, Santa Bárbara de Iscuande y tres en el Cauca; Argelia, Balboa y Guapi.
