Mientras los demás acuerdos de libre comercio, han sido rechazados en diferentes instancias de los gobiernos correspondientes, en Suiza, en el año 2009, la entonces Ministra de Economía y la actual Ministra de Energía y Tránsito de ese país, Doris Leuthard, justificaba vehementemente ante la Primera Cámara del Parlamento Suizo (Conseil National), cómo un acuerdo de libre comercio de tal magnitud entre los dos países, contribuiría trascendentalmente a reducir la pobreza, ya que éste motivaría un desarrollo económico extenso, el cual a su vez, ayudaría a aliviar la dramática situación de los derechos humanos que se vive en Colombia.
El TLC Colombia-Suiza, propone como primera medida una base de seguridad jurídica para los inversionistas, lo cual ha sido afirmado por el presidente Juan Manuel Santos, no solamente en múltiples escenarios internacionales, como en la pasada 41ª Sesión del Foro Económico Mundial, realizado en enero de 2011, en Davos, Suiza, en donde el primer mandatario se reunió con la presidenta de éste país, Micheline Calmy-Rey, para acordar los pormenores que permitirían a los dos países, hacer entrar en vigencia, de manera provisional, dicho acuerdo. El presidente Santos, también ha mostrado cómo, a través de el Plan Nacional de Desarrollo y su política de minas, va a ser mucho más fácil para las multinacionales suizas, invertir en Colombia, las cuales además obtendrán en concesión los territorios, especialmente los de los pueblos indígenas, para explotar cualquier tipo de productos minerales.
Para lograr que la inversión de Suiza crezca de manera segura en Colombia, el TLC elimina hasta en un 85%, y en algunos casos hasta el 100%, de cualquier impuesto o gravamen, que se debiera pagar por la importación de productos comerciales incluidos en los capítulos 25 al 97 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, los cuales se refieren a productos agrícolas básicos y procesados, productos de la pesca y otros productos marinos, productos industriales y por supuesto, armas y productos minerales, entre otros.
Así las cosas, las inversiones suizas aumentarán notoriamente en Colombia, lo que significa que multinacionales del “prestigio” de Novartis y Roche, empresas del sector farmacéutico que han sido ampliamente cuestionadas en países como la India por haberse involucrado en conflictos relacionados con la adquisición de patentes, comercializarán todo tipo de medicamentos en nuestro país. Así mismo Nestlé, compañía conocida ampliamente por sus conflictos laborales y la apropiación indebida de recursos hídricos. También la UBS, el mismo banco suizo que estuvo envuelto recientemente en escándalos internacionales por encubrir evasores de impuestos de Estados Unidos y Alemania, tendrá las puertas abiertas de par en par, para las y los colombianos. De la misma manera, otras empresas como Holcim, Glencore y Xstrata, dedicadas al saqueo de los recursos naturales como el cemento o el carbón, empresas que obviamente carecen de cualquier intención que propenda la protección del medio ambiente, seguirán presentes en el territorio nacional, por supuesto, con todas las ventajas y privilegios que éste TLC les otorga.
Mientras las multinacionales suizas obtendrán con el TLC amplia seguridad jurídica para sus contratos mineros, así como para sus patentes farmacéuticas y de semillas, los pueblos indígenas en Colombia, así como las comunidades campesinas y afrodescendientes, tendremos que seguir enfrentando la nefasta situación que se traduce en la desterritorialización y la agudización del conflicto armado en nuestros territorios. Derechos como los derechos laborales o ambientales, por supuesto, seguirán siendo el último renglón en la agenda de las garantías de los derechos humanos, ni hablar de los derechos colectivos, en un Estado que impuso un TLC, aprovechando la violencia y la corrupción imperantes, para asegurar jurídicamente, a multinacionales que son más conocidas por la violación de derechos humanos y la evasión de impuestos que por sus buenas prácticas.
Glencore International, apenas en mayo de 2011, en cabeza de su director ejecutivo, Ivan Glasemberg, ha decidido romper el silencio para lanzarse a cotizar en las bolsas de valores de Londres y Hong Kong, después de más de tres décadas de saqueo y especulación con los recursos naturales en todo el mundo, cuando se mantuvo sin obligación pública alguna, evitando la rendición de cuentas acerca de los movimientos financieros de sus operaciones. La razón para cotizarse en la Bolsa obedece a la necesidad de aumentar el patrimonio para poder disponer, en medio de la crisis mundial, de capital suficiente que le permita seguir invirtiendo en su crecimiento financiero. Glencore International es dueña de Xstrata, las dos multinacionales suizas que explotan carbón en el departamento del Cesar, así como también en el departamento de La Guajira en donde Xstrata, es dueña del 33.33% de las acciones del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo la cuál afecta, mayoritariamente el territorio del pueblo indígena Wayuu.
A todas luces, un argumento como el de la reducción de la pobreza para acabar con las violaciones de los derechos humanos, dando paso a la apertura de libre comercio entre Colombia y Suiza, es absolutamente cínico, además de hipócrita, sobre todo cuando viene de un país que, condicionalmente, es ejemplo de democracia y cooperación de ayuda humanitaria.
De ninguna manera, cualquier acuerdo en este contexto, ha sido consultado con el pueblo colombiano, ni mucho menos se ha estimado la consideración de garantizar el derecho al consentimiento previo libre e informado que nos asiste a los pueblos indígenas, de conformidad con instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o, nacionales como la Ley 21 de 1991, o las múltiples sentencias emitidas por la Corte Constitucional de Colombia a favor de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.
Para el caso del pueblo Wayuu, Wounmainkat, es decir, todo nuestro territorio, ha sido entregado en concesiones para la exploración y la explotación de recursos mineros. Por su parte El Cerrejón, ha anunciado para este año, el asesinato del único recurso hídrico de la región, el Río Ranchería, lo cual generará no solo el desplazamiento forzado de varias comunidades Wayuu, sino también un impacto nefasto a la biodiversidad y al medio ambiente, todo, en nombre de la triplicación de las exportaciones del carbón que están proyectadas para el 2015, las cuales irán directamente a favorecer a las multinacionales suizas Xstrata y Glencore, quienes además planean una fusión, después de la inauguración de ésta última en la Bolsa de Valores. No es casual pues, que el Ex Director de la oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República durante los periodos de Uribe, Carlos Franco, sea hoy, el Director de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional de El Cerrejón.
Definitivamente, este acuerdo comercial solo pone en evidencia, la urgencia de corroborar un sistema en donde las inversiones son mucho más fáciles, cuando se desarrollan en territorios despojados, por lo tanto, carentes de resistencia social a los intereses económicos, muchos de los cuales se encuentran estrechamente relacionados con la extracción de recursos naturales, lo que se traduce para ese mismo sistema, en la imperante necesidad de controlar vastas áreas de tierras y territorios, especialmente en comunidades de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinas, promoviendo así la intensificación del conflicto armado interno, en donde las víctimas recibimos solo paliativos como la Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras, que no son más que reconocer los títulos de las tierras que han sido despojadas a las víctimas.
Por su parte, cuando Suiza argumenta en su discurso que el TLC con Colombia mejorará la situación de los derechos humanos de un país en donde, los mandatarios de turno se pelean para decidir si se reconoce o no un conflicto que está mas vivo que nunca, es aceptar abiertamente la ceguera ante las cifras y los hechos que demuestran que las y los dirigentes indígenas, para no nombrar al resto, estamos en permanente peligro, sobre todo en los territorios en donde se emplazan las multinacionales que instalan consigo, a los grupos armados legales o ilegales, para fundar el terror, en nombre de la protección de bienes de interés público.
Sí, hay que estar ciegos, o ciegas, como la mercenaria del poder económico Doris Leuthard, para no darse cuenta que más de doscientos cincuenta Wayuu, han sido asesinados o desaparecidos en el marco del conflicto armado interno, en donde gran parte de este Itinerario de víctimas, han sido mujeres Wayuu.
Para la suma final del total del TLC Colombia-Suiza, se ha firmado un Tratado de Cooperación Judicial entre los dos países, cuyo objetivo fundamental es el de luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Aunque aún se desconocen sus verdaderos alcances, es fácil deducir, teniendo en cuenta que la mayoría de activistas hombres y mujeres activistas de los derechos humanos en Colombia, hemos sido investigados extrajudicialmente y algunos hasta condenados, que se puede estar en alto riesgo, incluso en Suiza.
En últimas, la apertura del libre comercio de Colombia con cualquier país, será como tener un corral lleno de chivos con un solo lobo, en donde por supuesto, todos los chivos estamos representados en el pueblo colombiano. Colombia, exportará a Suiza, entre otros productos de la lista, flores, textiles, aceites y frutas como limón, piña y papaya. ¡Bravo por Colombia! quien ha dado papaya a las multinacionales de Suiza, a cambio de que éstas tengan licencia para devastar y contaminar la diversidad, el medio ambiente, la riqueza y fertilidad de nuestros suelos.
* Wayunkerra Epinayu (Karmen Ramírez Boscán). Indígena Wayuu del Clan Epinayu. Epaya’a Miou (Consejera Mayor) de la Sütsüin Jiyeyu Wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu. Activista de los derechos de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas.
