La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización Comisión Intereclesial de Justicia y Paz insistieron el lunes en la necesidad de ampliar las medidas de protección para tres comunidades afrocolombianas amenazadas por paramilitares y bajo presiones de agroindustriales que acechan sus tierras.
La representante de la Comisión, Silvia Quintano, pidió ampliar las medidas de protección a tres nuevas comunidades debido a que «comparten los mismos factores de riesgo» que Jiguamiandó, Curbaradó y dos más tuteladas por el organismo interamericano desde hace unos siete años, que alcanzan hasta a 214 familias.
«La Comisión en abril pasado conoció que había presencia de grupos paramilitares. Siempre los ha habido pero aumentaron y al tiempo se retiró la tropa del ejército, aunque el Estado dice que no se retiró y que tampoco hubo presencia paramilitar. Pero hay múltiples testimonios de miembros de la comunidad que confirman la denuncia», dijo.
Reconoció que los militares retornaron, «pero no en la cantidad de elementos como informa el Estado y la protección no es constante».
Las partes por igual resaltaron que la zona a la que se refieren las medidas es muy complicada y la situación social compleja. Para tratar de facilitar la comprensión de los jueces, la CIDH ilustró con varios mapas.
«En este momento se encuentran más de 200 y 300 paramilitares entre San Fe de Churima y Bella Flor Remacho en una zona conocida por la brigada 17 del ejército y no hablamos de generalidades como dice el Estado cuando… nos referimos a un intento de agresión sexual contra tres mujeres y otros ataques, todo eso no son abstracciones», expuso Danilo Rueda, representante de los comunitarios.
Agregó que se retienen a los campesinos, se les trata de obligar a sembrar coca y hasta les ofrecen gran cantidad de dinero para que lo hagan. «Todo esto se encuentra en conocimiento de las autoridades nacionales», señaló al refutar el decir del Estado de que no tienen conocimiento de muchas de esas denuncias.
Una de sus principales solicitudes es que se supervise el cumplimiento de las medidas que pretenden proteger a la población.
«Lo urgente está a la vista de todo el mundo, si desde el sábado la vicepresidencia fue informada de la presencia de paramilitares en esas zonas humanitarias y hasta ahora no ha hecho nada», indicó al añadir que además siguen las actividades de empresarios dentro del territorio, como ganadería, siembras de palma africana y de plátano.
El Estado colombiano se presentó a la audiencia con una delegación de casi 20 funcionarios encabezada por el embajador en Costa Rica, Hernando Herrera.
Entre esos, un delegado del ministerio de Defensa alegó que se está estudiando un incremento de las fuerzas tanto militares como policiales para garantizar la protección y la garantía de la restitución de las tierras a las comunidades.
En tanto Francisco Echeverry, director de derechos humanos de la Cancillería colombiana afirmó que el Estado ha hecho «todo lo que está a su alcance para garantizar la protección que necesita este grupo nacional».
«Es claro que la ampliación solicitada solo sería procedente si se demostrara la extrema gravedad y urgencia entre otras condiciones… pero la Comisión solicitó ampliación sin principio de prueba», puntualizó Echeverry.
El representante destacó que se trata de un territorio de más de 100.000 hectáreas en gran parte compuesto de selva y cruzado por ríos y alegó desconocer que se hayan producido desplazamientos que originaron nuevos asentamientos.
La audiencia cumplió las dos horas estipuladas sin que las partes pudieran responder a todas las preguntas formuladas por los jueces por lo que el presidente de la Corte, el peruano Diego García-Sayán dio plazo al 15 de julio para que las remitan por escrito.
