Esas desapariciones forzadas -entre las que se cuentan más de 3.000 mujeres e igual número de menores de 20 años- fueron «cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboran con ellos», dijo Salazar.
«Por décadas, miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas», agregó el delegado de la ONU en un foro que discute un marco legislativo para que Colombia busque la paz.
«La desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante en la comisión de este crimen», señaló Salazar, al responsabilizar de esa situación a «décadas de conflicto armado interno».
Colombia padece desde hace cerca de medio siglo un conflicto armado en el que confluyen las Farc, el Eln, así como grupos paramilitares sustentados en el narcotráfico.
En su intervención, Salazar se quejó por la poca receptividad de parte del Ministerio de la Defensa y del Ejército a las recomendaciones que ha hecho su oficina para que ayuden a identificar a los desaparecidos y colaboren con la justicia.
«Sobre ambas recomendaciones no vemos progreso», puntualizó.
El delegado de la ONU destacó «la labor incansable de los familiares de los desaparecidos» para lograr avances en lucha contra la desaparición forzada, pero advirtió que «aún queda mucho camino por recorrer».
La Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha, probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas, dijo Salazar.
Estos casos se encuentran en diferentes unidades de la Fiscalía. La nueva Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado de la Fiscalía General de la Nación, establecida en diciembre de 2010, nos ha informado que tiene asignados, hasta finales de mayo, más de 17.800 casos de desaparición. El 40% de estos casos están localizados en Antioquia y Meta.
Adicionalmente existen otros 300 casos en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario. A estos casos se suman más de 4.000 casos conocidos por las Fiscalías Seccionales. En los procesos de la Ley 975, se ha iniciado la confesión de otros 4.420 casos de desaparición forzada.
«Cada uno de estos Colombianos desaparecidos forzosamente tiene una familia que también es víctima de la desaparición por el dolor que ella causa y por los impactos económicos y sociales relacionados con la desaparición forzada. Si estimamos que cada familia está compuesta de una media de cuatro personas, se puede estimar que en Colombia hay más de 100.000 víctimas de la desaparición forzada», afirmó Salazar.
El delegado de la ONU reconoció los avances del país en el establecimiento de un marco legal moderno y calificó las garantistas de «excelentes».
«Sin embargo, sigue existiendo una brecha muy preocupante entre el marco legal y su implementación práctica, lo cual hace que éste tenga un impacto muy limitado en la población afectada», indicó.
Así mismo señaló que «consideramos que nuestra presencia en el país fortalece las garantías estatales en materia de derechos humanos. Nuestra observación de la situación de derechos humanos incluye atención especial a las desapariciones forzadas».
Dijo que «quisiera subrayar que en materia de desaparición forzada hay obligaciones pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo y en especial por parte de la fuerza pública colombiana».
Destacó que la justicia penal militar tenía en diciembre de 2010 más de 500 casos de personas sin identificar presentadas como muertas en combate con queja por una posible ejecución extrajudicial. Hemos recomendado al Ministerio de Defensa transferir inmediatamente todos estos casos a la justicia ordinaria para que sean investigados y aclarados debidamente.
