“No podemos seguir siendo testigos mudos ante este horror y holocausto que se ha ido cometiendo por el interés mezquino del capital legal e ilegal de apoderarse de este territorio”.
Los obispos católicos de las Diócesis del Pacífico colombiano –Tumaco, Guapi, Buenaventura, Istmina-Tadó, Quibdó y Apartadó- alzan su voz contra lo que denominan “la invasión desaforada e inhumana que se está haciendo” de los territorios de indígenas, afrocolombianos y campesinos mestizos de la región. Según los obispos “el conflicto armado se ha profundizado con el objeto de transformar la propiedad y el uso del territorio, en función de intereses externos que atacan la vida de los pobladores nativos”.
En la Carta Pastoral de 52 páginas, los obispos diseccionan la dura realidad de la Región Pacífico y la situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas, según explican, por los siguientes fenómenos: Obras públicas inconsultas e inapropiadas para el crecimiento de estos pueblos; consolidación del modelo económico extractivista; penetración de los cultivos de uso ilícito; ampliación y degradación del conflicto armado, y desplazamiento forzado o destierro y confinamiento.
Los obispos firmantes de la Carta Pastoral son Gustavo Girón Higuita (Tumaco), Hernán Alvarado Solano (Guapi) (qepd), Héctor Epalza Quintero (Buenaventura), Julio Hernando García Peláez (Istmina-Tadó), Fidel León Cadavid Marín (Quibdó) y Luis Adriano Piedrahita Sandoval (Apartadó). En el documento de denuncia, los firmantes dicen no poder quedarse callados ante tanta injusticia y hacen un llamado a los católicos: “(…) invitamos a todas las comunidades eclesiales, a sus pastores locales, a la vida religiosa e instituciones de nuestra iglesia en el Pacífico a encarar a todas las causas de los atropellos y sus responsables, para que nuestro actuar como iglesia, conformada por todos los bautizados, sea signo de esperanza para nuestros pueblos”.
La Carta Pastoral indica que “las acciones que se emprendan en defensa de las tierras y el territorio deberán hacerse en el marco de la exigibilidad y la justicia para la aplicación de los Derechos de los Pueblos de indígenas y de los afrodescendientes, por eso acudimos al orden institucional tanto del ámbito internacional como nacional, para que el Estado asuma la responsabilidad tanto en el Respeto, Garantía y Cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de los otros pactos o acuerdos internacionales que reconocen los derechos étnicos”.
Además, exige la aplicación del mecanismo de consulta previa como garantía del respeto a la voluntad de las comunidades; pide al Estado colombiano que salvaguarde el carácter colectivo de los 167 resguardos indígenas y de los 149 Territorios Colectivos de Comunidades Negras; insta a poner en marcha de forma inmediata planes de salvaguarda y a frenar la implantación de proyectos mineros, de hidrocarburos o forestales.
“Que todos los grupos armados desocupen estos territorios; las empresas nacionales y multinacionales suspendan su accionar invasor, destructor y de despojo; el Estado ejerza su deber de Respeto, Garantía y Realización del conjunto de los Derechos y que los Pueblos indígenas, los afrodescendientes y mestizos del Pacífico hagan valer de forma coherente sus propuestas de uso del Territorio de acuerdo a sus Planes de Vida y Planes de Etnodesarrollo”, reza la Carta Pastoral.
Las peticiones de los obispos se sustentan en una realidad invisibilizada ante la opinión pública de un conflicto armado que ha cambiado sus formas pero no el fondo de muerte y despojo, de un modelo de desarrollo excluyente y depredador, y de un etnocidio. “No podemos seguir siendo testigos mudos ante este horror y holocausto que se ha ido cometiendo por el interés mezquino del capital legal e ilegal de apoderarse de este territorio”.
La Carta Pastoral reconoce las acciones de defensa y resistencia de las comunidades indígenas y afrocolombianas del Pacífico y las anima a profundizar los procesos de organización para luchar contra este modelo que ha dejado “miles de víctimas” en la región.
