El pueblo Awa sigue siendo víctima de la violación sistemática de sus derechos, las masacres y asesinatos a líderes y mujeres se ensaña con nuestras comunidades. La estrategia de exterminio en contra nuestro pueblo continúa. Se han presentado varios hostigamientos y bombardeos. Los últimos hechos se registraron el día 14 de noviembre en el corregimiento de Buenavista, Municipio de Barbacoas – Nariño a las 8:00 p.m.se presento un fuerte enfrentamiento entre las FARC, el ELN y el Ejército Nacional. Como resultado de este enfrentamiento, el señor Melqui Nastacuás de 25 años murió, el señor Ignacio Nastacuas y la señora Claudia García (quien tiene cinco meses de embarazo y es la esposa de Melqui) se encuentran heridos. Al parecer este enfrentamiento dejo más heridos y muertos.
El reclutamiento forzado de jóvenes persiste por parte de los grupos armados ilegales, las mujeres y población en general fallecen por falta de atención médica y desnutrición, debido a la ausencia oportuna de atención y por falta de personal de paramédico formado en los puestos de salud de las comunidades, la deserción escolar sigue en aumento como consecuencia de los campos minados.
En el pueblo Eperara Psiapidaara la situación es igualmente grave, el conflicto social armado se agudiza cada vez más, a finales del mes de enero en la Comunidad de Tórtola perteneciente al municipio de Olaya Herrera se desplazaron 300 personas por enfrentamientos entre la infantería de marina y las FARC, estas familias continúan en situación de desplazamiento en la comunidad de Bocas de Víbora, en condiciones, de hacinamiento, crisis alimentaria y graves problemas de salud en la población más vulnerable que son los niños y niñas así como los adultos mayores.
Por otro lado persisten los asesinatos selectivos, la presencia de actores armados en los territorios pone aun más en riesgo a la población civil, especialmente a mujeres y niños/as por los efectos de interrelación que se ciernen producto de la presencia de los paramilitares, guerrilla y del ejércitos en los territorios indígenas.
En este contexto la incursión en los territorios a través de los, ríos, carreteras y mar, como transito de nuevos grupos ilegales denominados “delincuencia común”, los cuales realizan hurtos, secuestros y homicidios, en las diferentes vías de acceso a las cabeceras municipales, generan un ambiente permanente de zozobra por parte de la población.
Los cultivos ilícitos propiedad de los colonos por encontrarse en linderos de territorios o algunos cultivos dentro de los territorios indígenas generan estigmatizaciones, amenazas, mal tratos físico y señalamientos en la población, de igual forma tanto aserríos como explotaciones mineras están generando deforestación y pérdida de cultivos ancestrales.
Con dicha determinación en cuanto al pueblo Pasto se ve con gran preocupación la pretensión de instalar una base militar en el resguardo de Colimba perteneciente al municipio de Guachucal, como estrategia de control territorial amazónico, fronterizo y pacifico, generando múltiples consecuencias el clima de convivencia y en perjuicio a los pueblos indígenas que se encuentran en la región de Nariño, violando derecho al debido proceso de consulta previa; de igual forma existen intereses de explotación en el territorio de recursos naturales como: agua, energía, diversidad biológica, minería, y erradicación de cultivos de uso ilícito.
En este sentido instamos al gobierno colombiano que nos brinde las garantías para el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Política, la legislación indígena nacional y los instrumentos internacionales ratificados por Colombia
Por lo expuesto anteriormente se pone en conocimiento de los organismos de control, la Gobernación de Nariño y los organismos Nacionales e Internacionales, la inconformidad y posicionamiento de las organizaciones indígenas abajo firmantes.
Por todo lo anterior EXIGIMOS:
A todos los actores armados:
- A las FARC y el ELN que respeten la vida y el territorio de nuestro pueblo, que se abstengan de vincularnos en un conflicto armado que no nos pertenece y respeten las normas del DIH
- A los PARAMILITARES se retiren de nuestro territorio, que no pongan más en riesgo la vida de la población indígena porque con sus acciones están convirtiendo a nuestra madre tierra en un cementerio
- A la fuerza pública que cumpla con su deber constitucional de proteger a la población civil y en especial a la población indígena dado que en la actualidad la mayor parte de las violaciones a los DDHH, son cometidas por parte de estos.
- Que la fuerza pública respete las normas del Derecho Internacional Humanitario-DIH- y al ejercicio pleno de nuestra Jurisdicción Especial Indígena.
Al Gobierno Nacional:
En este apartado queremos citar textualmente parte de la intervención del Señor Presidente Juan Manuel Santos en el 2º congreso de la nación Embera el dia 12 de Octubre de 2010
«Tenemos, desde el Gobierno, el firme propósito de salvaguardar a los pueblos indígenas del país.
Tenemos la voluntad de cumplir con el Auto 004 de la Corte Constitucional —incluyendo los Planes de Salvaguarda Étnica—, y de respetar y cumplir el Convenio 169 de la OIT y el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas.
No son palabras al viento: ¡Es la sincera declaración de la voluntad de un Gobierno que los respeta y los admira!
Ustedes, depositarios de la sabiduría de los siglos, tienen la posibilidad y también la responsabilidad de ayudarnos a cuidar nuestro planeta, a cuidar nuestra tierra, que es patrimonio de todos»
Por lo tanto frente a estas afirmaciones exigimos:
- Que cumpla con su deber constitucional de garantizar la pervivencia física y cultural de nuestro pueblo.
- Que adopte las medidas pertinentes y le haga un llamado a la fuerza pública para que no ponga más en riesgo a nuestras familias y que respeten nuestros derechos fundamentales y colectivos, así como el DIH.
- Que se garantice un grupo civil especializado que retire las municiones sin explotar que se encuentran en los territorios indígenas.
- Que efectué las acciones correspondientes para que la Fuerza Pública contrarreste el accionar de los nuevos grupos delincuenciales que abundan en el departamento especialmente en la Costa Pacífica.
- Que haga un llamado a las Entidades del SNAIPD para que cumplan con lo establecido en la normatividad del desplazamiento forzado, especialmente en los casos de desplazamientos que se encuentran en nuestros territorios.
- Que realice las investigaciones pertinentes para determinar los nexos existentes entre el ejército, la policía, las bandas delincuenciales y los paramilitares.
- Que adopte eficazmente e implemente el Plan de Salvaguarda Étnica para los pueblos indígenas que se encuentran en extinción.
- Que no nos ponga más en riesgo al no respetar nuestras solicitudes reiteradas de abstenerse de no vincularnos con la fuerza pública de diferentes formas.
A la comunidad Internacional:
- Las agencias de cooperación, ong´s y organizaciones de ayuda humanitaria estén en permanente dialogo con las organizaciones indígenas para la identificación de las diferentes potencialidades y problemáticas de la comunidades en la región para cualificar su accionar y apoyo en las mismas.
- Que el sistema de Naciones Unidas realice acompañamiento en las comunidades, monitoreo y seguimiento de casos denunciados permanentemente sobre la situación de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de los pueblos indígenas de Nariño.
- Que el Sistema de Naciones Unidas continúen su presencia concertada haciendo presencia en la región a través de programas que apunten al fortalecimiento organizativo en el territorio desde las comunidades y que su acompañamiento se haga en acuerdo con los planes de vida de los pueblos indígenas y las necesidades, problemáticas y potencialidades que los pueblos viven en la actualidad.
- Que si la intervención, de la comunidad internacional, agencias de cooperación, ong´s de ayuda humanitaria y Sistema de Naciones Unidas no es concertada con las diferentes organizaciones indígenas, previamente; haremos ejercicio de nuestra autonomía y desistiremos del apoyo que ustedes nos brinden en la zona de los pueblos indígenas de Nariño.
- Que los entes cooperantes nacionales e internacionales no pidan garantías de seguridad a los pueblos indígenas en razón de que NO defendemos ni somos parte de ningún grupo armado, nosotros defendemos y reclamamos el respeto de nuestros derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.
Llamamos a los demás pueblos y organizaciones indígenas a unirnos en resistencia y movilización pacífica y emprender acciones de incidencia y denuncia ante cualquier hecho de violencia que afecte la pervivencia, los derechos y dignidad de nuestros hermanos indígenas.
