Se decía que el petróleo era el oro negro, ahora puede decirse que el oro es el petróleo amarillo, por el alto precio que ha venido adquiriendo, 1.300 dólares la onza, lo que equivale a unos 40 millones de pesos la libra; con ese precio tan alto se está justificando todo.
Ejemplo de ello es el proyecto de explotación de oro a cielo abierto, de la multinacional canadiense Greystar Resources, en el Páramo de Santurbán en límites de los santanderes, para lo cual no falta sino la licencia medioambiental, pues ya cuenta con batallón de alta montaña en el municipio de California, para garantizar la inversión de 630 millones de dólares; allí se podrían extraer hasta 300 mil onzas por año, y ya hay reservas probadas de 10 millones de onzas. Sin importar los altos costos ambientales pues dicho páramo surte de agua a gran parte de las poblaciones de dichos departamentos, con siete lagunas como riqueza hídrica, las cuales están en peligro de ser contaminadas.
Otro ejemplo, en Cajamarca Tolima, donde la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti pretende saquear el oro con graves impactos ambientales y sociales, lo cual justifican con el argumento de generar empleo, inversión extranjera y riqueza, vale recordar que en el Chocó hace décadas se adelantan explotaciones similares y lo único que han dejado es pobreza. Este yacimiento interesa codiciosamente a los saqueadores por ser una de las diez explotaciones mas grandes del mundo, aspirando a duplicar la cantidad de oro a nivel nacional, que fue en el año 2004 de 37 toneladas, equivalente a una tractomula llena de oro, tal vez por ello dicho proyecto lo llaman “La Colosa”. Por su parte, la multinacional Colombia Goldfields, con sede en Canadá realiza explotaciones en Antioquia y Caldas, anunciando que su proyecto de Caramanta, en Marmato, promete rendimientos de hasta el 100% en los próximos años.
Para permitir este saqueo, se aprobó por parte del cuestionado Congreso en el gobierno del ex presidente Uribe, el llamado Código Minero para entregar en concesión dichos recursos, ello en estrecha relación con la política del presidente Santos, que centra la economía en el sector minero y energético; por su parte, los medios de comunicación han venido creando un estigma sobre la pequeña minería informal, llamándola ilegal y peligrosa, para justificar la presencia de dichas multinacionales, todo ello en el marco de la llamada prosperidad democrática.
Es irónico que este saqueo suceda en pleno bicentenario de independencia, a pesar de la resistencia en los últimos 518 años de colonización, lo que exige que las comunidades directamente afectadas y los verdaderos patriotas, dinamicen la defensa de sus territorios, teniendo en cuenta la experiencia de otros pueblos, como en Bolivia donde su gobierno en el año 2005, nacionalizó la explotación del oro negro, que estaba en manos de 23 multinacionales.
Revista Vientos del Sur
