Pacífico, 18 de mayo de 2021
Colombia, una olla a presión
El estallido social
Desde hace un par de décadas Colombia es una olla a presión con muchos factores para explotar. Es por esto que, el estallido social ocurrido a lo largo del Paro Nacional no sorprende tanto como sí lo hace la respuesta de violencia desmedida ejercida por orden del gobierno nacional.
Problemas estructurales y vulneraciones históricas al derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la libre expresión, al medio ambiente sano, a la libre movilidad en el territorio, a la diversidad étnica, a la diversidad sexual, entre muchos otros, pero especialmente, al derecho a la vida, son algunas de las razones que se mezclaron adentro de la olla y motivaron la explosión social.
Durante las últimas tres semanas hemos visto calles enteras en el territorio nacional con manifestaciones pacíficas diversas (marchas, actos simbólicos, conciertos, obras de teatro, performances, actos musicales, entre otros), también hemos visto, bloqueos y desmanes (incendios, destrucción de infraestructura, etc.), que han sido utilizados por una parte de manifestantes, para llamar la atención de un gobierno que hasta hoy no ha dado muestras de tener intenciones serias de escuchar, dialogar o acordar con quienes se manifiestan; un gobierno que se muestra sordo y ciego ante las necesidades de un pueblo agobiado por la muerte, la pobreza y la desesperanza.
Las comunidades negras y las comunidades indígenas que llevamos años luchando contra las históricas vulneraciones del sancocho que se cuece hace dos siglos en esa olla a presión, hemos alzado nuevamente nuestras voces desde el Pacífico colombiano, uniéndonos a un clamor popular que no es distinto a nuestras luchas históricas, la lucha por la vida digna y la Paz en el territorio.
Comunidades de Nariño, Cauca, Valle y Chocó nos hemos unido en acciones colectivas, como parte de la lucha popular colombiana, con nuestros cantos, bailes y tambores, y entregando a quienes luchan a lo largo y ancho de Colombia, los aprendizajes adquiridos por nuestras comunidades a través del derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos, del ejercicio de nuestros gobiernos propios y de la vida en torno a resguardos y concejos comunitarios. Pues es el gobierno desde lo propio, desde lo comunitario y desde lo diverso lo que pide el pueblo colombiano en las calles, lo que piden los jóvenes, lo que piden las mujeres, lo que piden los adultos mayores, los campesinos, los estudiantes, los maestros, lo que piden en Cali, El Catatumbo, Quibdó, Villavicencio, Pereira, Barranquilla o Popayán.
El pueblo quiere ser escuchado desde sus necesidades, quiere tomar las decisiones sobre cómo se interviene en su territorio, sobre cómo se utiliza el gasto público adjudicado a ese territorio de tal forma en que las necesidades territoriales se satisfagan desde la diversidad cultural, sexual, étnica, diferencial, etc.
Centralismo, desgobierno y violencia
Pese a que la Constitución Política de 1991, en su artículo primero asegura que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. La realidad colombiana está lejos de cumplir con este mandato.
En primer lugar, vivimos en un país completamente centralizado, en el que las políticas y presupuestos de los territorios se construyen y deciden desde Bogotá. Ejemplos claros de esta situación ocurren en la Costa Pacífica Chocoana (Nuquí o Bahía Solano) o en Buenaventura, regiones que cuentan con posiciones estratégicas para el beneficio del libre mercado a través de puertos marítimos que conecten a Colombia con el mundo a través del océano Pacífico. En el primer caso un puerto que ya existe y en el segundo uno que se teje entre las manos del actual gobierno.
En segundo lugar, Colombia se encuentra actualmente en una crisis económica, provocada por los malos manejos administrativos del patrimonio nacional a manos de los gobiernos neoliberales de las últimas dos décadas. El elevado gasto público que nos dejó la bonanza petrolera, se volvió insostenible al finalizar esta bonanza en 2014 y generó un sobreendeudamiento que tiene al país ahogado y sin liquidez. El sostenimiento del gasto público es la razón por la cual se aprobó la impopular reforma tributaria de 2019 y la perversa nueva reforma tributaria que se pretendía aprobar en el presente año.
En tercer lugar, la corrupción que carcome las instituciones del Estado ha generado una crisis institucional sin precedentes en el país y esto a su vez ha llevado al completo desgobierno y a una ruptura inmensa en la relación Estado-Ciudadanía que complejiza la realización de diálogos y acuerdos sociales. Acabar con la corrupción es urgente para evitar la crisis económica, es una de las formas de disminuir el gasto público, resolver la solvencia económica e invertir en las verdaderas necesidades del pueblo colombiano.
En cuarto lugar, las políticas de guerra ejercidas desde los gobiernos nacionales en las últimas dos décadas han empeorado la situación de los dos puntos anteriores, han construido un imaginario nacional de legitimización de la violencia y han desviado el recurso público a armamentos y herramienta de guerra, que hoy en día está siendo utilizada contra la población civil colombiana. La implementación del Acuerdo de Paz y el fin de la guerra es una medida urgente ante la inminente crisis económica.
Son estos cuatro puntos, sumados a lo que ya estaba en la olla a presión, y a la crisis económica mundial causada por el Covid-19, lo que conllevó al estallido social de este 2021 en Colombia. Una situación que ha llevado a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores eclesiales, a los sectores académicos, a los expertos, a los políticos, entre otros, a reflexionar en torno a una posible solución a la coyuntura nacional.
Buenaventura, el estallido previo que da luces a una posible solución nacional
Como lo mencionamos anteriormente, el municipio de Buenaventura tiene en su territorio un puerto marítimo de paso de mercancía. Este puerto, controlado por extranjeros y por personas que no habitan el municipio, ha sido generador de grandes riquezas a poderosos ajenos al territorio e inmensas pobrezas y desigualdades para los habitantes del mismo. El puerto está al servicio de tratados de libre comercio que no benefician ni a los bonaverenses ni a la mayoría de colombianos, sino a grandes empresarios que gastan sus ganancias fuera de Colombia.
Son esos mismos poderosos, con la venia de los gobiernos nacionales, quienes pretenden decidir cómo se deben invertir los recursos públicos de Buenaventura y qué liderazgos políticos son pertinentes acordes a los intereses y necesidades del puerto marítimo. Sus políticas, actuaciones y decisiones provocan el vaciamiento del territorio, el despojo y la muerte, incluso dan pie a pensar que quieren un territorio para la mercancía y no para el pueblo negro e indígena que habita mayoritariamente Buenaventura.
Fue esta la razón por la cual el 16 de mayo de 2017, el pueblo de Buenaventura se alzó en un Paro cívico que se prolongó durante 22 días. Para ese entonces, el gobierno de Juan Manuel Santos, también atacó inicialmente el Paro con medidas represivas y violentas ejercidas por las fuerzas del Estado. Sin embargo, el clamor enardecido del pueblo persistió ante la represión y tuvo logros que pasaron a la historia de la política nacional como legitimización de las formas de lucha pacífica ejercidas por el pueblo.
Aunque los avances en Buenaventura van a paso lento, debido al incumplimiento del gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, a los acuerdos establecidos, las formas en que se consolidaron esto acuerdos, son un ejemplo a seguir en el marco del actual Paro Nacional en Colombia. Los diversos grupos que se manifiestan y la ciudadanía en general deben ser escuchados en diversos diálogos descentralizados. Es preciso crear asambleas populares bajo una estructura democrática en donde los diferentes grupos que conforman la sociedad sean escuchados desde sus realidades y las de sus territorios.
Es urgente desmilitarizar y permitir que desde los territorios se diseñe el modelo de garantía de derechos que se requiere de manera específica en cada región y en cada municipio, un modelo basado en lo que decreta, sanciona y comulga la constitución política de Colombia y los diferentes Pactos de las Naciones Unidas en torno a los Derechos Humanos.
Las comunidades étnicas del Pacífico colombiano adscritas a la Comisión interétnica de la Verdad de la región Pacífico, seguimos en resistencia, sugerimos seguir los modelos de diálogos amplios y colectivos que implementan nuestros pueblos étnicos en el ejercicio de su gobierno autonomía territorial y del gobierno propio, y hacemos de nuevo un llamado al gobierno nacional a asumir la responsabilidad que implica una elección democrática en un Estado unitario, social y democrático que fue nombrado como REPÚBLICA de Colombia.
Comisión Interétnica de la Verdad de la región Pacífico – CIVP
