En las últimas cuatro décadas han sido registrados centenares de miles de muertes violentas en Colombia, un alto porcentaje de ellas relacionado con la represión oficial y con el conflicto armado interno. Muchos millares de víctimas fueron desaparecidas y muchas otras reportadas como muertas en combate, real o ficticiamente, sin que sus restos hayan sido vistos nunca por sus familiares. Nuestras montañas, caminos y ríos esconden multitud de cadáveres sin nombre.
El pasado 4 de agosto (2010) la Fiscalía informaba que el censo recién emprendido de sepulturas anónimas ya se acercaba a 10.000 estando apenas en sus comienzos la recepción de respuestas de los 1.103 municipios. Hasta ahora se destacan, según la Fiscalía, Mutatá (Antioquia) con 1.500 sepulturas anónimas y Granada (Meta) con 510 (Cfr. El Espectador, 04.08.10, pg. 2).
El tema se tornó conflictivo en las últimas semanas a causa de la audiencia pública que tuvo lugar en La Macarena (Meta) el pasado 22 de julio, evento en el cual participó activamente nuestro Banco de Datos. El año anterior (2009), luego de recibir denuncias muy alarmantes de los campesinos que pueblan el bajo y el alto Ariari, así como de organizaciones humanitarias que los acompañan, participamos en la elaboración del Caso Tipo que se publicó en el mes de septiembre con el título: “Ariari: Memoria y Resistencia”. Allí se reseñaron 267 ejecuciones extrajudiciales y 93 desapariciones forzadas, entre muchas otras violaciones graves de los derechos humanos fundamentales perpetradas entre 2002 y 2008. Muchos de los cuerpos de esas víctimas nunca aparecieron y, según los testimonios, eran recogidos en helicópteros militares y llevados con rumbos desconocidos.
A finales de 2009, pobladores de algunos barrios de La Macarena, ubicados en cercanías del cementerio local, se quejaban de olores nauseabundos y de flujos de aguas saturadas de grasas malolientes provenientes del cementerio. En conversaciones con algunos pobladores, muchos de ellos relataban la frecuente llegada de helicópteros militares a descargar cadáveres en dicho cementerio, cuya área de tumbas sin nombre está adosada a una base de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, y sospechaban que quedaban mal sepultados o que el cementerio estaba ya saturado de muertos, con la circunstancia de que la casi totalidad de los cadáveres que veían arribar en helicópteros vestían prendas militares. Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación entrevistaron a quien aparecía como sepulturero, el Señor Jesús Humberto Hernández, quien inició su labor en 2002 en el área controlada por el Ejército y poblada de tumbas anónimas, quien calculó que allí podía haber 2000 cuerpos. La entrevista fue grabada por la Procuraduría y sobre esa base, la Directora Nacional de Investigaciones Especiales, Dra. Alexandra Valencia Molina, respondió a los grupos de derechos humanos el 12 de febrero de 2010 (Oficio SD-DNIE- No. 082), que se iba a presentar el caso ante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se iba a proponer un proyecto interinstitucional, nacional e internacional, de exhumaciones para identificar a los cerca de 2000 cuerpos que allí estaban sepultados.
Más tarde se sabría que el Señor Hernández no era el sepulturero del cementerio local sino que trabajaba sólo para el área de los N.N. En entrevista publicada en el diario El Tiempo, el 29 de agosto de 2010 (pg. 1-2) afirma que los muertos allí son “siempre llevados por la fuerza pública” y que prácticamente es él quien hace las necropsias, toma las huellas, embala los cadáveres y hasta extrae muestras para ADN, pero ya no afirma que sean 2000 sino que allí habla de 461 tumbas anónimas.
La resonancia que tuvo la audiencia pública del pasado 22 de julio provocó reacciones irracionales en el Gobierno y en sus voceros en medios masivos de comunicación. El Presidente Uribe calificó a los convocantes de “terroristas” que buscaban “cómo desacreditar a la fuerza pública” (El Espectador, 27.07.10, pg. 5). El ex asesor presidencial y columnista de El Tiempo, José Obdulio Gaviria, calificó a los denunciantes -incluyendo a senadores y representantes, a los periodistas y a los más de mil campesinos que acudieron a la audiencia- como “militantes del PC3” que recitaron “su parlamento del guión ‘fariano’”, acompañados por “una delegación de la extrema izquierda europea y norteamericana encabezada por seis eurodiputados” (El Tiempo, 01.09.10, pg. 1-19). Ni el Presidente ni sus voceros examinaron en lo más mínimo los fundamentos fácticos y jurídicos de las denuncias, sino que acudieron a su esquema rutinario de descalificar al denunciante adscribiéndolo gratuitamente al único campo en que su destrucción podría encontrar algún fundamento legal: el terrorismo. Es exactamente el mismo marco lógico de los “falsos positivos”.
Quienes participamos, en los días previos a la audiencia del 22 de julio en La Macarena, en el recaudo de denuncias que aportaban los centenares de campesinos que iban llegando al lugar, recibimos 52 testimonios referidos a 57 crímenes perpetrados en el área del bajo Ariari, testimonios que cubrieron 15 horas de filmación. Entre los crímenes se contaban 13 desapariciones forzadas, 7 de ellas perpetradas por el Ejército (Brigadas móviles 2, 3, 10, 12 y Fuerza de Tarea Omega); 31 ejecuciones extrajudiciales, en 22 de las cuales, perpetradas por el Ejército, se había seguido el libreto de los “falsos positivos” y en 5 de las cuales había pruebas de que los cadáveres habían sido sepultados como NN en el cementerio de La Macarena; 16 detenciones arbitrarias de personas que luego fueron absueltas por no existir prueba alguna contra ellas; 5 asesinatos sin información sobre los responsables, en los cuales existen indicios de que sus cuerpos pueden estar en el cementerio de La Macarena, así como otros casos de atentados, torturas y amenazas de muerte.
Dado que las investigaciones previas realizadas con ocasión del Caso Tipo sobre el Ariari (2002 – 2008), así como los testimonios recibidos con ocasión de la audiencia del 22 de julio, daban bases firmes a la hipótesis de que el cementerio de NNs de La Macarena era uno de los receptáculos de los cuerpos de víctimas de “falsos positivos”, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y “muertos en combate” (real o ficticiamente) en una región tan afectada por la barbarie, nos hemos sumado a las voces de organizaciones humanitarias que acompañan a las víctimas de la zona, a los parlamentarios que convocaron a la audiencia del 22 de julio, como las senadoras Gloria Inés Ramírez y Piedad Córdoba y el Representante Iván Cepeda; a los eurodiputados, diputados de diversos países europeos, sindicalistas europeos y norteamericanos de grandes centrales sindicales, y al clamor nacional de personas que aún conservan principios éticos, para que los cuerpos sepultados en el área de tumbas anónimas de La Macarena sean exhumados en su totalidad; se establezca su identidad y se esclarezcan las circunstancias de sus muertes violentas cuyas responsabilidades quisieron ocultarse en el anonimato. Para ello se ha pedido insistentemente que las labores de exhumación e identificación sean observadas y vigiladas por la comunidad internacional; por organizaciones no gubernamentales del país y por los familiares de las víctimas y que iguales procedimientos se sigan en otros cementerios (o áreas de tumbas anónimas en dichos cementerios) de la región y del país.
El Estado colombiano arrastra una historia estremecedora de irrespeto a los cadáveres de quienes considera sus “enemigos internos”. Relatos escalofriantes se han escuchado en las audiencias de versiones libres de quienes se acogieron a la Ley 975/05, incluyendo referencias a hornos crematorios, descuartizamientos de cuerpos; ocultamientos; lanzamiento de los mismos a los ríos y a los mares; exhumaciones clandestinas para destruir restos u ocultarlos de manera más efectiva, sin aludir a escenas dantescas de profanación de los cuerpos en orgías del más refinado sadismo. El involucramiento de la fuerza pública en todos estos horrores, corroborado por el lenguaje injurioso y ultrajante con que los funcionarios del gobierno y los miembros de sus fuerzas armadas se refieren a los opositores políticos o a los declarados en rebeldía frente al régimen, lo que revela sentimientos de odio que se compaginan fácilmente con el irrespeto rutinario a los cuerpos de sus “enemigos”, hace que las labores de exhumación, identificación, investigación y esclarecimiento de los hechos tengan que diseñarse al abrigo de cualquier intervención de la fuerza pública.
Los Convenios de Ginebra incluyen normas precisas para la salvaguarda y dignificación de los restos de quienes mueren en combates o como prisioneros de guerra. Los artículos 120 y 121 del Convenio No. 4, relativo a los Prisioneros de Guerra, incluye normas minuciosas para que las familias pueden acceder a información sobre muertos y desaparecidos y recuperar de manera inequívoca sus restos. El Protocolo I a los Convenios, vigente desde 1977, contempla en sus artículos 32 a 34 normas precisas sobre los desaparecidos y sobre los restos de los fallecidos en medio de las hostilidades. Se prescribe un respeto absoluto por los cuerpos y las sepulturas; el acceso de las familias a las mismas; su protección y mantenimiento y facilitar la entrega de los restos a los parientes. También el Protocolo II de 1977, previsto para conflictos de carácter no internacional, ordena que después de los combates se tomen todas las medidas para “buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos”. (Art. 8).
Ya después de desatarse la polémica pública alrededor de las tumbas anónimas de La Macarena, el Congreso de la República aprobó la Ley 1408 el 20 de agosto de 2010, incluyendo normas que el Gobierno del Presidente Uribe se había negado rotundamente a aprobar. Esta ley contempla procedimientos concretos para la creación de bancos genéticos que permitan la identificación de los cuerpos de los desaparecidos (artículos 3 al 7). Vale anotar que en el Parágrafo 2 del Artículo 7 se ordena a las autoridades permitir a las víctimas su participación en las diligencias de exhumación en las que presumiblemente se halle a su familiar desaparecido, si así lo deciden, salvo altos riesgos para los familiares; en el Parágrafo 3 del mismo Artículo se ordena a las autoridades encargadas de exhumar e identificar, “entregar los cuerpos o restos a la familia afectada, en condiciones de dignidad, de acuerdo al protocolo que para el efecto elaborará la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en consulta con las víctimas …”. Los artículos 9 al 14 se refieren a la preservación de las sepulturas y la memoria histórica de las víctimas de desaparición: elaboración de mapas de ubicación de cuerpos (Art. 9); preservación de la información confidencial y acceso de las víctimas a ella (Art. 10); registro riguroso de cuerpos no identificados (Art. 11), allí se prescribe que “En los cementerios, los restos y cadáveres serán enterrados de manera individualizada y no en fosas comunes y con documentación rigurosa sobre su ubicación en el mismo. Los administradores de los cementerios garantizarán la conservación y marcación de las tumbas, de acuerdo a los requerimientos que para tal efecto desarrollará la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en un plazo no mayor de 6 meses … Parágrafo 2: Las instituciones relevantes están obligadas a tomar una muestra biológica para la identificación genética antes de la inhumación de restos o cadáveres no identificados y serán responsables de reportar al Registro Nacional de Desaparecidos la información relativa a la ubicación final del cuerpo o restos óseos que permita su recuperación futura …”. Los artículos 12 y 13 prescriben declarar Santuarios de la Memoria los lugares donde pueda haber restos de desaparecidos y construir monumentos en honor de las víctimas y placas en su memoria que terminen con la expresión “Nunca Más”.
Todas estas normas se pueden deducir lógicamente de lo que prescriben los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977. No han sido aplicadas debido al odio con que el Estado colombiano ha tratado a sus opositores, odio que se prolongó hasta la negativa del Presidente Uribe a aprobar estas normas en 2009 y en su calificación como “terroristas” a quienes denunciamos el irrespeto a los restos humanos en los cementerios del Ariari.
Los días previos y siguientes a la audiencia del 22 de julio en La Macarena, nos demostraron con sobrada evidencia que todos los agentes del Estado: Presidente, militares, policías, Alcalde, fiscales, funcionarios administrativos, agentes del CTI, cerraban filas para negar o reducir las denuncias sobre lo que ocurría en La Macarena. Se ponía en boca de los denunciantes la afirmación de que allí había una sola fosa común con 2000 cadáveres (lo que nunca se afirmó); que si bien había tumbas anónimas, eran “muy pocas”, aunque reconocían cerca de 500; que los cuerpos habían sido legalmente inhumados, mientras el sepulturero confesaba que era él mismo el que hacía las necropsias, tomaba muestras biológicas y embalaba los cadáveres, por su cuenta y riesgo; que se hacían esfuerzos por identificar los cuerpos, cuando la gente veía helicópteros que descargaban montones de muertos vestidos de combatientes, lo que lleva a sospechar con plena legitimidad que allí están sepultadas las víctimas de muchos falsos positivos (hay 5 comprobados), pues el vestirlos de uniforme de combatientes es uno de los elementos constantes del libreto de los “Falsos Positivos”, sospecha que se eleva en grandes proporciones al tener en cuenta que el área de NNs de ese cementerio está adosada a una base militar ubicada en el corazón de una región marcada por la barbarie estatal y paraestatal.
La aplicación de las normas que acaba de dictar el Congreso (Ley 1408/10) así como las exhumaciones que ya antes inició la Fiscalía, no dejan tranquilas a las familias de las víctimas ni a las organizaciones acompañantes ni a la comunidad internacional. El adosamiento de las tumbas anónimas a una base militar implicada profundamente en el conflicto que nos envuelve, desarrollado con tantas formas de barbarie, exige una vigilancia civil, nacional e internacional, de lo que allí se va a hacer, sobre todo cuando los agentes del Estado han hecho tantos esfuerzos por ocultar, negar o disminuir los procedimientos ilegales. Tampoco da tranquilidad el saber que las exhumaciones estarán a cargo de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, hoy bajo la responsabilidad del Fiscal Luis González León, quien ya desde 2003 demostró que por conveniencias políticas era capaz de sustraer a la justicia más de 300 crímenes de Estado perpetrados en San José de Apartadó, sin importarle violar todas las normas legales y cometer reiterados prevaricatos, haciéndose, por añadidura, responsable de otros centenares de crímenes que fueron perpetrados en los años sucesivos gracias a que se dejó en plena inmunidad a los victimarios y con las manos libres para continuar la barbarie.
En el caso de La Macarena, el paso implacable del tiempo va teniendo consecuencias graves para la identificación de los restos. Todo da a entender que dicho lugar fue seleccionado para ocultar tantos cadáveres cuya identificación podría poner al Estado ante graves censuras mundiales, teniendo en cuenta el alto grado de acidez del suelo, lo que degenera con gran rapidez las estructuras óseas hasta impedir la identificación por pruebas de ADN. En el manual de Antropología Forense, del Dr. César Sanabria Medina, publicado en 2008 por la Asociación Colombiana de Antropología Forense, se lee: “la velocidad de degradación de hueso y dientes depende de un buen número de factores ambientales. Los dos factores más significativos responsables de la degradación de restos esqueléticos son la humedad y el pH del suelo. Los restos esqueléticos sujetos a ambientes de sepultura muy húmedos pueden degradarse rápidamente y ser destruidos en pocos años. Esto mismo es válido para restos esqueléticos en un suelo con un pH demasiado ácido o alcalino” (pg. 161).
El Banco de Datos se une, pues, al clamor internacional para que todos los restos humanos sepultados en tumbas anónimas en el cementerio de La Macarena, así como en otros cementerios del Ariari y del país, sean exhumados rápidamente bajo vigilancia de la sociedad civil nacional, de delegaciones de las víctimas y de la comunidad internacional.
Javier Giraldo Moreno, S. J.
