Al revisar las cuentas de Cerro Matoso S.A., una de las minas de ferroníquel más grandes del mundo perteneciente a la BHP Billiton, situada en Montelíbano, Córdoba, la Contraloría General de la Nación encontró que las cuentas que por concepto de regalías presentó a la Nación están desfasadas en 23.000 millones de pesos. La entidad de control pudo establecer además que la empresa incluyó entre sus gastos de operación los correspondientes al sostenimiento del club y los colegios de los empleados. Una auditoría privada contratada por el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), la entidad estatal que recauda y distribuye las regalías mineras de la mayor parte del país, con la excepción de aquellas provenientes de hidrocarburos, coincidió en la cifra.
La Contraloría además estableció que la empresa había negociado un material denominado canga, un subproducto de la explotación del níquel, por 180.000 millones de pesos menos de su valor real. La multinacional, basada en Australia, está discutiendo la validez de estos hallazgos ante un tribunal de arbitramento.
Este es uno de los descubrimientos que ha realizado la Contraloría, luego de dos años consecutivos de auditorías especiales a Ingeominas, y que está consignado en informes que hasta ahora salen a la luz pública, por iniciativa del representante conservador a la Cámara David Barguil.
«La información con la que se certifica el pago de las regalías mineras es en un alto porcentaje de buena fe», concluyó la entidad de control, luego de sus investigaciones. Dispara así una preocupante alarma en momentos en que el gobierno se la juega toda por cambiar el régimen actual en el manejo de estos recursos con un proyecto de ley en curso ante el Congreso.
Ingeominas recauda al año 1,6 billones de pesos que provienen de la explotación de minas de ferroníquel, carbón, oro, esmeraldas, sal, plata, hierro, entre otros metales, correspondientes a más de 3.000 títulos mineros. Para realizar esta labor, según informó a SEMANA esta entidad, tiene un equipo de 50 personas entre Bogotá y las diferentes regiones, que hacen al menos dos visitas al año por título. Si esto fuera real significaría que cada funcionario estaría cumpliendo la maratónica labor de realizar, en promedio, 120 visitas al año. Aun, de ser así, no podrían destinar más de dos días a cada visita para verificar si la producción que reportan las compañías mineras corresponde al pago de regalías que giran a Ingeominas.
Aunque más del 90 por ciento de las regalías recaudadas provienen de tan solo 15 grandes explotaciones mineras, consideradas «proyectos de interés nacional», ni siquiera la información que declaran estas grandes empresas dueñas de estos títulos mineros es verificada debidamente, según los hallazgos de la Contraloría. Esto no solo deja un amplio margen para que ocurran irregularidades, sino que además permite que se puedan incumplir los términos de los contratos.
Porque durante años el control de las regalías mineras estuvo en manos de Carbocol y Minercol, que terminaron infiltradas por la corrupción, fue que en 2004 se le trasladaron estas funciones a Ingeominas. Sin embargo, este había sido pensado como un instituto científico y no como recaudadora de regalías e impuestos. La Contraloría explicó en sus informes que, fruto de las dificultades en el cambio de sus funciones, la Subdirección de Fiscalización de Ingeominas ha tenido seis subdirectores en propiedad y nueve directores del servicio minero en menos de siete años. Cabe preguntarse cómo se puede poner en marcha una política consistente con semejante rotación de personal.
«Para qué nos decimos mentiras, la capacidad fiscalizadora del Ingeominas está desbordada», dijo a SEMANA su recién llegado director, Andrés Ruiz Rodríguez, quien explica que la estructura de la entidad no se adecuó al ritmo de crecimiento en las solicitudes de títulos y, además, que su presupuesto de 94.000 millones no es suficiente para verificar reportes de regalías por 1,6 billones de pesos. Ante sus limitaciones, Ingeominas contrató auditorías externas para mejorar su capacidad de control, pero por esta vía solo ha podido revisar dos grandes contratos, uno de los cuales confirmó los hallazgos de la Contraloría.
Según sostiene Ruiz, es previsible que una situación similar se esté dando en las gobernaciones a las que el Ministerio les ha delegado funciones equivalentes a las de Ingeominas. Sin embargo, considera que si bien «es cierto que se parte de la buena fe de la minera multinacional, es atrevido decir que, porque no podemos fiscalizar con el suficiente nivel de detalle, todo el proceso es un acto de fe».
La contralora general, Sandra Morelli, dijo a SEMANA que desde hace unos días empezó a escuchar del tema, y ahora que ya identificó los informes, anunció que designará un Grupo de Reacción Inmediata dedicado al tema, dirigido por el vicecontralor. Asegura que no entiende por qué no se habían publicado los informes realizados por su entidad, pero que ya tiene suficientes elementos para comenzar a actuar. «Un tema que logra poner de acuerdo a congresistas tan opuestos como David Name, Jorge Robledo y David Barguil, definitivamente debe tener algo para revisarle», dice Morelli.
El representante Barguil viene liderando con su copartidaria, la senadora Nora García, un proyecto de ley que, entre otras cosas, busca que sea la Dian la que se encargue de recaudar y distribuir las regalías. Barguil aseguró a esta revista que «esta es la punta de un iceberg de un aberrante caso de corrupción en el que pueden estar refundidos miles de millones de pesos en regalías y en impuestos. Este es un tema donde no solo hay que mirar lo que pasa en las regiones cuando llega el dinero, sino fortalecer al Estado para que sí llegue lo que corresponde».
La propuesta contempla además endurecer la capacidad regulatoria del Estado en estos contratos, pues los informes de la Contraloría, por ejemplo, encontraron casos en que algunos mineros, aun sin estar al día con sus obligaciones o sin resolver deudas con la Nación, consiguieron grandes exenciones. «No es posible que, por ejemplo, haya carboneras que tenían que pagar en el año 1,2 billones de pesos y que lograron exenciones por más de 900.000 millones de pesos. Así no le está quedando nada al país», dice Barguil.
El director de Ingeominas explica que en la gran minería las condiciones de los contratos y la aplicación de sanciones varían, pues depende de cómo el Estado haya negociado en su momento con cada empresa. Considera que el nuevo Código Minero le da mayores posibilidades al país para obtener beneficios de esta riqueza, aunque precisa que hay un debate jurídico sobre cuál es la reglamentación que se debe aplicar al renovar los contratos existentes.
Morelli defiende la idea de entregarle estas funciones a la Dian, con mayor capacidad y experiencia en cobros eficientes. Además, cree que «el país tiene que mejorar su capacidad de negociación, y si hay cláusulas que hacen insostenibles los contratos, se puede buscar anularlos. Nadie está obligado al absurdo».
Este debate sobre cómo fortalecer la capacidad fiscalizadora real del Estado sobre los grandes emprendimientos mineros se torna álgido, ahora que el gobierno le está dando un impulso sin precedentes a este sector y que se ha impuesto el reto de convertirlo en locomotora principal de la «prosperidad democrática».
