La violencia que se registra en Colombia ha hecho que este país sea considerado con un alto número de hechos violentos cuya impunidad desafortunadamente se vuelve cada vez más crónica. En sectores como la costa del pacífico, los municipios del occidente de Nariño y la cordillera en general, las cifras preocupan a las autoridades.
Para orientar a estas comunidades se trabaja en el fortalecimiento del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh).
Preocupan informaciones
El reporte más reciente da cuenta que se han recibido con preocupación informaciones de la Fundación Desarrollo y Paz – Fundepaz – sobre el asesinato de Ramiro Inampues, defensor de derechos humanos indígena y ex gobernador del Resguardo Indígena de Guachucal en la vereda de El Corso, municipio de Guachucal, departamento de Nariño.
Como en su momento lo registró DIARIO DEL SUR, el 28 de agosto de 2010 varios alumnos de la ‘Escuela de Derecho Propio del Pueblo de los Pastos’ encontraron los cuerpos sin vida de Ramiro Inampues, junto con el de su mujer, con impactos de bala y signos de haber sido golpeados a pocos metros de la salida de una finca del sector El Corso, a 600 metros de donde funciona la mencionada escuela en el municipio de Guachucal, situado al sur del departamento de Nariño a 99 km de la ciudad de Pasto.
Se señaló, en su momento, igualmente que Inampues era un destacado líder indígena que defendía los derechos ancestrales de los indígenas Pastos, en especial el derecho al territorio, además fue uno de los fundadores de la ‘Escuela de Derecho Propio del Pueblo de los Pastos’, que organiza diversas actividades de promoción y defensa de los derechos de la población indígena, en particular orientada a fortalecer la jurisdicción especial indígena.
Pero este apenas es uno de los tantos hechos de violencia que se registran en estas comunidades, pues en otras ocasiones incluso algunos de ellos pasan desapercibidos por las mismas autoridades.
Un informe conocido por DIARIO DEL SUR da cuenta que los asesinatos, desapariciones y persecución continúan y los indígenas siguen señalando a las guerrillas tanto como al gobierno de estos hechos. El año pasado, por ejemplo, más de 40 de sus miembros fueron asesinados.
No cesa la violencia, para hablar sólo de algunos casos, contra el Pueblo Awá. Paradójicamente contra este pueblo – que habita en las montañas de Nariño y cuyos miembros se han caracterizado como seres de paz e hijos de la selva.
El año pasado por ejemplo, más de 40 de sus miembros fueron asesinados; 24 de ellos en dos masacres.
Las denuncias
La Unidad Indígena del Pueblo Awá ha denunciado que se le ha faltado al respeto de su autonomía y se ha presentado un rechazo a la presencia de cualquier actor armado en su territorio y le exige al Gobierno Nacional que cumpla sus obligaciones constitucionales de garantizar la integridad territorial y cultural de estas comunidades.
La Unidad Indígena del Pueblo Awá – Unicpa – alertó a la comunidad sobre los hechos sucedidos en nuestro territorio, durante el transcurso de este año.
En el seguimiento de las continuas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos las autoridades del pueblo Awá pusieron en conocimiento de la opinión pública los graves casos ocurridos en el Resguardo Gran Rosario (municipio de Tumaco) y resguardos ñambí Piedra Verde y Pipalta Palbi Yaguapi (municipio de Barbacoas) y de otros sectores del departamento como el caso de Inampues en Guachucal.
Registro de hechos
Aquí presentamos la relación de varios hechos, de los cuales muchos de ellos hacen parte de un gran número de procesos en la impunidad.
Piedra Verde, Marcial Guanga – asesinado – sin identificar el 10 de febrero Pipaltabí Yaguapi, Modesto García – desaparecido, presuntamente asesinado – Eln 13 de marzo.
Guillermo García, desaparecido, presuntamente asesinado por el Eln el 13 de marzo.
Guillermo Bisbicús, desaparecido, presuntamente asesinado por el Eln el 15 de marzo.
Gran Rosario, Olmedo Núñez Guanga, asesinado con otros en la masacre del 26 de agosto del 2009.
Jairo Armando Guanga, asesinado con otros en la masacre del 26 de agosto del 2009, José Aníbal Paí, desaparecido.
Nando Paí asesinado Las zonas donde ocurrieron los hechos se constituyen en un corredor estratégico para todos los grupos armados legales e ilegales.
Las organizaciones indígenas hicieron el llamado ante la violación de los derechos humanos, toda vez que estos se siguen acentuando.
Pese a que por distintos medios se han reconocido los riesgos en que se encuentran las comunidades es muy poco lo que se ha logrado avanzar en estos procesos.
En el mismo sentido causa una gran preocupación el hecho de que cuatro de las víctimas nombradas anteriormente hayan sido miembros del resguardo Gran Rosario, en el cual el pasado 26 de agosto de 2009 sucedió una masacre que dejó como víctimas a 12 integrantes de los Awá y donde posteriormente se presentó un desplazamiento masivo de aproximadamente 250 indígenas.
A pesar de que la normatividad contempla que para dichas comunidades se debe garantizar la dignidad, la seguridad y la voluntariedad como condiciones de un retorno, esta población retornó sin ninguna garantía y hasta la fecha las entidades competentes no han hecho seguimiento, ni acompañamiento a su situación. Por otro lado, entre las víctimas se encuentran familiares y testigos de la citada masacre.
En reiteradas ocasiones se ha manifestado que los indígenas no están ni a favor ni en contra de ningún actor armado y por esta razón se exige a los actores armados que transitan por ese territorio que los mantengan al margen del conflicto.
Entre las solicitudes también se tiene en cuenta el que se retiren de inmediato de sus territorios y no los conviertan en campos de batalla y lugar de acciones bélicas.
Que se abstengan de inmiscuir a la población civil en acciones bélicas o de inteligencia, lo cual viola sus libertades fundamentales, vulneran nuestros derechos y autodeterminación y comete infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Semana de la Verdad
En agosto pasado la Escuela de Derecho Propio del Pueblo de los Pastos, como parte el Comité de Impulso, participó en la organización de la ‘Semana de la Verdad’ en Nariño, un evento para visibilizar la situación humanitaria y de derechos humanos de la población de este departamento.
Asimismo, la escuela ha denunciado la presencia de campamentos de preparación de paramilitares en cercanías a sus instalaciones. Entre otras actividades, es parte del Comité de Impulso de Organizaciones de Víctimas y Defensores de Derechos Humanos, un espacio para la defensa y promoción de los derechos humanos, la satisfacción de los derechos de las víctimas, el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y la construcción de paz en Nariño, cuya Secretaría Técnica está en manos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
