El 18 de abril de 2004, mientras el gobierno discutía de paz con los paramilitares en Ralito, Córdoba, al otro lado de la Costa Caribe, a las siete de la mañana entraron a Bahía Portete paramilitares enviados por ‘Jorge 40`, `Chema Bala` y `Pablo`. Los hombres del pueblo habían salido a pescar y en todo caso, los paras buscaban a unas mujeres con lista en mano.
Primero fueron por Margoth Fince Epinayú, de 70 años. La subieron a una camioneta, la amarraron de brazos y pies, la amenazaron con un hacha y un machete, le dispararon en la cara, y luego, ya muerta, la botaron en un cerro cerca de su casa. Otros paramilitares quemaron la camioneta de su hijo, donde se encontraban dos niñas que aún no se sabe si sobrevivieron. Igual, están desaparecidas.
Margoth era una de las fundadoras de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales: Akotchikrrawa. Era maestra, intermediaba entre su comunidad y los blancos, preservaba la tradición oral y era dueña de una tienda, una camioneta y algunos animales que le daban un estatus social. Pero sobre todo, Margoth se oponía a una alianza entre la comunidad y los grupos paramilitares en la zona.
Después de Margoth, los paramilitares buscaron a Rosa Fince Uriana, quien también se oponía a la alianza. Junto con su sobrina Reina y su hermana Diana, las llevaron a una loma donde Rosa fue torturada. La decapitaron y cortaron sus senos. Desplazados de Bahía Portete, que trabajaron con el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión de Reparación y Conciliación que acaba de presentar un informe preliminar sobre cuatro masacres emblemáticas, aseguran que también fueron torturados sus familiares, pero los cuerpos aún continúan desaparecidos. La masacre de Portete es única en el sentido en que las víctimas fueron casi todas mujeres y el informe de la Comisión busca explicar la violencia contra las mujeres a través de él.
Sólo un hombre fue asesinado en esta masacre, se llamaba Rubén Eponayú y tenía 18 años. Lo amarraron a una camioneta y lo arrastraron por la carretera hasta llegar al corregimiento de Nazareth. Tres hombres y tres mujeres más fueron torturados también. Sufrieron estas torturas, a la vista de todos, en lugares importantes para la comunidad como el jaguey, los cerros y el cementerio, donde los paramilitares también profanaron las tumbas.
Los paramilitares no encontraron a otras dos mujeres que buscaban, maestras en la escuela de Bahía Portete. Isabel Fince Epinayú y Yeicy Iguarán Fince habían salido del pueblo unos días antes. Se salvaron también las 140 personas que huyeron hacia el mar hasta la isla Amareu apenas se enteraron de la incursión paramilitar y otros que corrieron hacia el monte hasta llegar al comando de Cojoro, frontera con Venezuela y a tres días del pueblo. Bahía Portete quedó vacío. El proceso de paz con los paramilitares continuó en Ralito sin más.
La Memoria de la masacre
Según los testimonios recogidos por el Grupo de Memoria, se fueron los paramilitares, pero no sin antes dejar su versión de los hechos. En varias de las paredes de Bahía Portete dibujaron graffitis con la silueta de mujeres sexualmente abusadas. “Mensajes ofensivos que recordaban las violaciones de las mujeres, el rasgamiento de los senos, el abrir de los vientres”, dijo una de las víctimas a los investigadores.
Los graffitis siguen pintados en las paredes de las casas y en el centro de salud. “Se borran pero vuelven a aparecer, los vuelven a dibujar. Siguen ahí para intimidarnos, para que uno sienta pena, para que uno sienta miedo”, dijo a La Silla Vacía Débora Barros, líder de la organización de Mujeres Tejiendo la Paz, hermana y tía de dos de las mujeres asesinadas.
Aparecen de nuevo porque los paramilitares, bajo otra sigla, siguen allí y todavía tienen a las mujeres en la mira. En la cultura wayuu, las mujeres son la conexión entre los indígenas y los blancos, y también entre los vivos y los muertos.
Los periódicos no reportaron la masacre sino 20 días después de que ocurriera. Y según el informe de Memoria Histórica, los únicos medios que contaron la versión de las víctimas fueron los venezolanos. En Colombia, los periodistas le dieron voz a los victimarios. En versión libre ante la Fiscalía, ‘Jorge 40’ admitió su responsabilidad en la masacre, pero justificándola al señalar a los habitantes de Bahía Portete de secuestradores y ladrones.
Débora Barros, junto con las organizaciones Waya Wayuu, Fuerza de Mujeres Wayuu, Red de Mujeres del Caribe y Wayuu Munsurrat, se han organizado para reconstruir los hechos y para que sea su versión la que perdure. Todos los aniversarios de la masacre en Bahía Portete, realizan un ritual llamado las Yanamas, en memoria de las personas que murieron ese 18 de abril. Pero, luego, deben devolverse a Riohacha y a Maracaibo. Su seguridad aún está en riesgo.
Un territorio Wayuu, pero una tierra en disputa
Tienen miedo de volver porque por más que ‘Jorge 40’ haya sido extraditado a Estados Unidos y ‘Chema Bala’ esté condenado a 38 años de cárcel, alias ‘Pablo’ no se desmovilizó y aún tiene mucho poder en la zona.
En Bahía Portete el conflicto armado no ha terminado ni existen condiciones para que cese pronto. Portete es un puerto donde el contrabando siempre ha sido una alternativa al poco empleo que hay y donde contrabandistas se aliaron con narcotraficantes regionales para negociar drogas, armas y gasolina.
Las Farc y el ELN tuvieron presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá pero nunca alcanzaron a llegar a la Alta Guajira porque en 2002, llegaron los paramilitares a la zona. Y a pesar de que los indígenas de Bahía Portete avisaron sobre las amenazas en su contra, la unidad del Ejército adscrita al Batallón de Cartagena que había sido destinada para patrullar la ranchería, fue retirada días antes de la masacre.
Para los Wayuus no hay duda que allí se aliaron los militares con los paras de la zona, y por eso demandaron al Estado por omisión y complicidad del Ejército. Ya van cinco años desde que fue interpuesta la demanda. El Gobierno les ha manifestado a estas víctimas que es necesario conciliar porque las cifras que exigen son muy altas. No han llegado a un acuerdo aún.
Las mujeres de Bahía Portete no han querido entrar en el marco de la ley de Justicia y Paz porque les parece “una ley de impunidad” y por esto no han accedido a ningún tipo de reparación.
Para aquellas mujeres indígenas, cuyo cuerpo se convirtió en territorio de guerra, ¿tendrá la Ley de Víctimas que presentará el Gobierno la próxima semana algún consuelo?
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