Este 27 de Agosto, es el aniversario número 17 de la Ley 70 de 1.993. Promulgada aún en medio del entusiasmo generado por la Constitución Política de 1.991, esta norma, al igual que otras paridas en el marco del reordenamiento internacional ocasionado por la caída del Muro del Berlín, o lo que es igual, el derrumbe del Socialismo Real y con ello, el fin de la Guerra Fría, situación que entre nosotros condujo a aceptar el lema gavirista de «Bienvenidos al FUTURO» con el cual el Neoliberalismo reafirmó su presencia en el país, hace parte del proceso de emersión y visibilización jurídico-legal del movimiento afrocolombiano, pero también, se inscribe dentro de la renovación nacional de expectativas, anhelos y esperanzas de transformaciones de las condiciones socio-económicas y políticas de las grandes mayorías de colombianos ignorados a lo largo de la historia del país.
Desde el punto de vista de la dinámica histórica del capitalismo, la Ley 70/93, independiente de sus significativas expresiones en cuanto a reconocimiento a la propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades negras, establecimiento de estructuras, jerarquías e iniciar avances etnoeducativos, se articula al reordenamiento jurídico burgués que soportó la pacificación del país y la aparición de derechos, participaciones, reconocimientos y espacios necesarios para comenzar a insertar a Colombia en la Internacionalización económica con la cual el capitalismo abrió un nuevo capítulo de dominación en el mundo.
Por esta razón, paralelamente con la explosión de iniciativas organizativas, proyecciones y concreciones visibilizadoras de los valores afrodescendientes, al igual que de sus derechos, recuperaciones ancestrales, etc., también se fortalecieron las atomizaciones orgánicas, los clientelismos, las limitaciones estatales para desarrollar la normatividad, las incapacidades de las tradiciones políticas regionales para VIABILIZAR las demandas y justas solicitudes de las comunidades negras, las cooptaciones de dirigentes, entre los principales aspectos que luego de 17 años, hacen pensar que este es más un aniversario para reflexionar qué hacer para recuperar el espíritu de la norma que para celebrar.
La apertura del mercado nacional a la superioridad de las economías foráneas, muy pronto, habrían de incidir en la necesidad de los sectores dominantes para generar una contrarreforma jurídico-legal, que reforzará por vía de las privatizaciones, del adelgazamiento estatal, el asistencialismo y del maridaje político-mafioso, la prevención de la protesta social ante los efectos de diversa índole creados por la voracidad capitalista que hacia el año 2000, precisó mayores controles ante la imposibilidad de mantener el Estado Social de Derecho, la Democracia Participativa, los reconocimientos de plurietnicidad y multiculturalidad y toda esa serie de bellezas que como gancho fueron utilizadas para conseguir el acuerdo multipartidista con el cual se consiguió insertar al país en el recién establecido mundo globalizado.
Hoy, el panorama del movimiento afrocolombiano, de cara a enfrentar, como debe ser, los incumplimientos estatales en relación con dicha Ley, son más que desalentadores: Atomización y cooptación por doquier, para lo cual es más que indicativo la proliferación de candidatos y avalistas en el reciente debate electoral parlamentario. Neo esclavizaciones políticas por parte de dirigentes que simbólicamente se quitaron los grilletes de los pies para colocárselos en sus conciencias y en las de sus hermanos y hermanas de etnia, pero que igualmente, para vergüenza de los afrodescendientes, ha representado cárcel e investigaciones judiciales para la mayoría de nuestros representantes en el Parlamento y regiones, todo ello como parte de la parapolítica prohijada por Uribe para soportar con votos ensangrentados, desplazamientos forzados y otras irregularidades, su permanencia en el poder.
Pérdida de Tierras, autonomías y procesos comunitarios por el traspaso de territorios a los empresarios, multinacionales y barones de la guerra paramilitar. Desarticulación, en razón a la cooptación, miedo y penetración del asistencialismo extranjero, ej.: USAID e IRI, del movimiento para responder a las grandes defensas y demandas de la población afrocolombiana y de otras etnias.
Aumento de las amenazas para la desprotección de nuestras comunidades ante el advenimiento del paquete reformista santista para reorganizar la explotación de los territorios ancestrales y de las Tierras del país por parte de la extranjerización de dichos espacios e insuficiencia de las medidas relacionadas con las víctimas del conflicto interno.
Ineptitud gubernamental para ejecutar la normatividad etnoeducativa, e incluso de los propios paquetes de programas asistencialistas y de políticas públicas, exigidos por la banca internacional y las potencias capitalistas como condición para firmar TLCs a cambio de mejoramientos en Derechos Humanos.
El problema entonces a dilucidar en el marco del aniversario 17 de la Ley 70/93 es cómo reorganizarnos para recuperar lo que se tuvo en los años 90s, articularnos a la oposición para desnudar las inconsistencias del proyecto reformista del santismo en relación con las víctimas del conflicto, la Ley de Tierras y sus propósitos vinculados con la Gran Minería y la legalización de la pequeña, el levantamiento de una agenda común alterna a la que oficialmente viene siendo apoyada por los dirigentes cooptados y desarrollar con los indígenas verdaderas unidades de acción para ir más allá de los recortes que el neoliberalismo efectuó de la carta política de 1991.
Lorica. Agosto 24 de 2010.
