Los empresarios mineros durante el mes de junio y julio venían conversando con algunas personas a quienes les vendieron la idea sobre la actividad, pero la comunidad les decía que tenían que hablar con la autoridad local étnica representada en la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
A pesar del pedido de la comunidad para que respetaran los procedimientos consignados en el Reglamento Interno (legislación étnica propia), los mineros recolectaron de manera fraudulenta firmas de respaldo a través del pago a una persona de la localidad y procedieron a amenazar e intimidar a las personas en las comunidades.
La Junta Directiva convocó a una Asamblea de la comunidad para el 18 de julio y acordaron de manera unánime su posición rotunda de no aceptar las retroexcavadoras. Las razones son por el valor sagrado y cultural del territorio colectivo y los impactos negativos sobre la gente, los recursos y contra el ambiente. La decisión se la notificaron a los empresarios mineros, al igual que a las entidades del orden local y departamental.
El 27 de julio las comunidades del Consejo Comunitario Integración – Río Chuare se trasladaron a la cabecera municipal de López y realizaron una marcha pacífica como medida de presión ante los mineros y de exigencia a las instituciones estatales de cumplir con su deber constitucional, y mostrar públicamente la postura en contra de esta actividad. Ese día las los mineros intimidaron a la gente, realizando una serie de disparos cerca del cuerpo.
Se plantearon 3 reuniones con Alcalde municipal López de Micay, Personera municipal, Concejo municipal, Representantes de Resguardos Indígenas, Representantes Legales de Consejos Comunitarios y Representantes de Comunidades.
A los mineros se les hizo Invitación escrita a participar en la 2a reunión con las autoridades civiles del municipio. No firmaron el recibido de la convocatoria, ni asistieron a la reunión.
El Consejo comunitario hizo nuevos comunicados a INGEOMINAS, MINISTERIO DE MINAS, MINISTERIO DE AMBIENTE, C.R.C, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, FUERZAS MILITARES; de igual manera se reunió con fuerza pública (Ejército y Policía), exigiendo su cumplimiento constitucional de intervención en el caso, quienes manifestaron efectuar la judicialización de los mineros pero se quedaron tranquilos.
Los mineros por su parte les dijeron a los líderes del Consejo que “Ingresaremos nuestras máquinas de cualquier manera y quien interfiera en nuestros planes sufrirá las consecuencias”.
La C.R.C (corporación autónoma regional del Cauca) le envió un comunicado al Alcalde municipal de López donde le manifiesta que él tiene la potestad de suspender aquella actividad ilegal con un comunicado a la Fuerza Pública, ordenándole el decomiso de la maquinaria. El alcalde no hizo nada.
El 2 de agosto los empresarios mineros citan a una reunión a los líderes de la Junta Directiva. Los mineros no llegaron a la reunión y por el contrario dejaron la orden en la comunidad de Lana, de estar dispuestos a explotar la minería por cualquier medio.
El día 4 y 5 de agosto los mineros penetraron al territorio colectivo del Consejo comunitario con 2 retroexcavadoras, de manera ilegal e inconsulta con la pasividad o complicidad de las autoridades civiles y militares.
El día 15 de agosto de 2010, los lideres conformados por una mujer, un joven y 3 adultos, fueron amenazados de muerte por los empresarios mineros. Hay 3 mineros visibles que actúan en la zona y se autodenominan YANQUI, PADILLA y alias CHAN.
Además de amenazar a los lideres, han invitado a los propietarios de Retroexcavadoras que están en ZARAGOZA, zona rural de Buenaventura, para que se vengan y trabajen en el territorio colectivo étnico del Consejo Comunitario Integración «rio CHUARE» en el municipio de López de Micay – Cauca. Por consiguiente se avecina una situación crítica similar al «RÍO DAGUA» bien conocida por todo el país, a menos que se actúe con prontitud para garantizar y proteger nuestros Derechos Civiles, Colectivos y Étnicos.
El Consejo Comunitario y la Regional COCOCAUCA está solicitando de la comunidad nacional e internacional, su apoyo y colaboración para que las autoridades civiles y militares del orden local, departamental y nacional, cumplan sus funciones de respetar y hacer cumplir los derechos de los grupos étnicos contempladas en el bloque de constitucionalidad.
Así mismo, le exigen al Estado colombiano que desaloje de manera inmediata las retroexcavadoras y sus equipos que han penetrado los territorios colectivos sagrados y que garantice y proteja la vida e integridad de los líderes, sus comunidades y de la Regional COCOCAUCA en su conjunto.
Enviado Regional COCOCAUCA
