El juez español Baltasar Garzón visitó el sábado un resguardo indígena en el suroeste de Colombia para acompañar a los nativos en sus denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas y ser garante de los acuerdos a los que llegaron con el Gobierno.
«Estoy acompañando a las comunidades indígenas en algunos de los casos y algunos de los temas que tienen pendientes con el Gobierno», como en los casos de algunas masacres de las que han sido víctimas.
Agregó que su función es acompañarles y ser «garante de esos acuerdos».
«Por tanto la intervención mía es estrictamente como amigo de las comunidades indígenas y no como juez», precisó a los periodistas que lo acompañaron a su visita al resguardo de los aborígenes.
El líder indígena Darío Tote dijo que 1.250 nativos de esas comunidades han sido asesinados por los diferentes actores armados del conflicto armado interno de Colombia desde 1980 hasta la fecha.
«En el día de ayer (viernes) incluso fue asesinado un indígena en Puracé, estamos en este momento hacemos la investigación de quién lo asesinó realmente. Cada día mueren compañeros indígenas y es lo que pretendamos presentarle para que nuestra voz sea presentada en la parte internacional», dijo.
Por su parte, José Antonio Yalanda, gobernador indígena del resguardo La María, indicó que a diario son víctimas de diferentes violaciones por parte de los grupos armados y esa es la denuncia que le presentaron a Garzón.
«Él nos visitó aquí y le pedimos que el derecho internacional humanitario se aplique como es debido en las comunidades indígenas para que haya mayor atención», subrayó.
Algunas comunidades de campesinos también aprovecharon para denunciar ante Garzón violaciones de los grupos irregulares y del Ejército en contra de ellos.
Garzón, uno de los asesores de la Corte Penal Internacional (CPI), estuvo acompañado de la fiscal de la Audiencia Nacional de España Dolores Delgado.
En la audiencia se presentaron testimonios sobre las acciones de movilización social por las tierras, el desconocimiento estatal a los derechos históricos y constitucionales, la presencia de multinacionales en sus territorios y la persecución, amenaza y asesinato de líderes y autoridades indígenas.
Además señalaron que las políticas gubernamentales han estado enfocadas en los últimos años a «desacreditar y estigmatizar» el trabajo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de las autoridades nativas de la zona.
También a «crear organizaciones paralelas para contrarrestar y afectar el trabajo de procesos legales y legítimos como el indígena del Cauca» y «mantener la impunidad, mediante la ausencia de resultados en las investigaciones penales y disciplinarias cuando se trata de ataques, asesinatos, amenazas, contra dirigentes indígenas».
