En su página web, la Defensoría del Pueblo, a través de información suministrada por la Personería de Guapi indica que “al momento del ataque (Isla Gorgona) se encontraban en el lugar dos turistas de nacionalidad suiza y 29 personas más, incluidos 19 funcionarios de Aviatur, 3 guardabosques, 4 contratistas de Parques Nacionales y 3 empleados del área administrativa de esa entidad”.
Haciendo uso de los protocolos del DIH, la Defensoría hace un llamado para que se respete y salvaguarde la vida de las personas civiles y propugna para que en la mesa de negociaciones se firmen unos acuerdos mínimos al respecto.
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional, puso a circular un comunicado donde decreta un paro armado en el Chocó desde las 00 horas del 25 hasta las 00 horas del 26 de noviembre de 2014. Prohíbe la movilidad por tierra, agua y aire, argumentando que “para que se escuche y visibilice la realidad de marginalidad y exclusión estatal, en que vive la población, hay que hacer uso de las armas”. Paradójicamente a continuación afirman que: “Con este acto de visibilizar dicha realidad no pretendemos causar daño ni perjuicios a ningún miembro de la población, a quienes apreciamos y profesamos profundo respeto”.
De manera que los chocoanos, no sólo están sitiados por la presencia del ejército oficial que ha desplegado grandes operativos en el Chocó en busca de la liberación del General Alzate, sino que ahora está a merced de un paro armado que en ningún momento resuelve las causas de la pobreza y marginación.
