La petición se presentó durante una audiencia en Washington que hace parte del 153 Período de Sesiones de este órgano hemisférico.
Las ONG solicitaron, además, que se decrete una moratoria para todos los proyectos de infraestructura, agro, negocios e hidrocarburos hasta que se dimensionen los daños que se estarían ocasionando, al igual que una vista de la CIDH para que constate la situación en el terreno.
Entre los peticionarios se encontraba el Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas al igual que las Diócesis de Quibdó, Buenaventura, Istmina y Guapi.
De acuerdo con Leyner Palacios, de Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, la petición se hace ante el grave e inminente riesgo en el que encuentran las comunidades de esta región del país que siguen siendo agredidas por paramilitares, guerrillas, narcotráfico y hasta fuerzas del Estado que operan en el territorio.
“Acudimos aquí como un último recurso ante el incumplimiento del Estado en una de las regiones más empobrecidas del país. Estamos ante una crisis humanitaria que lleva décadas”, dijo por su parte Danilo Rueda de la Comisión de Justicia y Paz.
Según este, solo en Buenaventura se han presentado este año 113 asesinatos y más de 1.200 desplazamientos forzados que se suman a los 103.000 que han tenido que abandonar sus hogares desde el año 2006.
Aunque el estado colombiano -también presente en la audiencia- reconoció la preocupación de los peticionarios sobre esta difícil zona con alta presencia de guerrillas, narcos y otro grupos ilegales, destacó una serie de medidas adoptas por el Gobierno para mejorar la situación.
Entre ellas, según el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos Guillermo Rivera, la creación en julio del Programa de Desarrollo para todo el Litoral Pacífico que se implementará con un préstamo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID de 400 millones y otra inversión de 300.000 millones de pesos en Buenaventura con los que se apunta a cerrar la brecha de inequidad que existe en esta región.
Así mismo, Gaviria destacó la restitución de 2500 hectáreas de tierras para campesinos y la reducción del 7 por ciento en el índice de pobreza entre el 2010 y el 2013.
Andrés González, embajador de Colombia ante la OEA, también resaltó los esfuerzos de paz que se adelantan y cuyo fin es buscar el fin del conflicto para resolver los problemas estructurales que han causado esta situación. Y dijo, a su vez, que con el nuevo régimen de regalías los Departamento de Choco y Valle del Cauca recibirá unos 475.000 millones de pesos durante el 2014, cuatro veces más de lo que recibían años atrás.
Aunque Rose Marie Belle-Antoine, una de los siete comisionados de la CIDH, le reconoció ciertos progresos al Estado colombiano, dijo que todavía era “insuficiente” y pidió un plan estructurado con metas y fechas de cumplimiento.
Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, también reconoció las buenas intenciones del Estado pero sostuvo que los avances se daban a “paso de tortuga”.
«Con 400 millones de dólares no se soluciona un problema que lleva décadas. Ya en el pasado se han lanzado planes de desarrollo que no han dado resultados y tampoco se consulta con las comunidades. Se necesita un proceso más serio, verificable», sostuvoBarreto.
Ambas partes se comprometieron a iniciar un proceso de diálogo donde se puedan analizar las preocupaciones elevadas.
Colombia logró salir de la llamada ‘Lista Negra’ o Capítulo Cuarto del informe anual de la CIDH en el año 2013 y luego de aceptar una vista de este órgano que posteriormente presentó un informe con recomendaciones.
En total, la CIDH dedicó cinco audiencias a tratar la situación de los DD. HH. en el país durante este periodo de sesiones.
Además de la audiencia sobre la región Pacífico, también se realizó otra sobre políticas y legislación en materia de reparación por violaciones a los Derechos Humanos que, según los ponentes, son insuficientes para garantizar los derechos de las víctimas.
Así mismo, una sobre la participación de las mujeres en el proceso de paz, otra sobre denuncias por el desplazamiento forzado en zonas donde se realizan proyectos de desarrollo y una más para analizar los casos de violencia contra la comunidad LGBT.
