Históricamente, Chocó ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto y la desigualdad. Además de la presencia de casi todos los grupos armados de Colombia, nunca ha sido una prioridad para los gobiernos y la misma población afirma que han estado olvidados.
Pero ahora la situación está peor. Sólo en lo que va del 2014, más de 4.000 personas han sido desplazadas y 25 defensores humanitarios han sido amenazados, según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (lea sobre los múltiples desplazamientos en el Baudó).
“Todos los índices son increíblemente malos”, afirma Todd Howland, el representante de esa organización en el país, al explicar que muchas de las cifras que miden la pobreza, la falta de educación o de salud son hasta cuatro veces mayores que las de otros departamentos, con una afectación mayor en indígenas y afrodescendientes.
Mientras que el 37 % de los colombianos no tienen satisfechas sus necesidades básicas (como agua potable o educación primaria), en Chocó el 81 % de la población no cuenta con ello.
Otro dato es que el promedio nacional indica que 28 de cada 1.000 niños se mueren mientras que en ese departamento la tasa es de 110. El analfabetismo alcanza a uno de cada 10 colombianos pero en Chocó cuatro de cada 10 no saben leer ni escribir.
“Chocó es otra Colombia para el gobierno nacional”, dice Lucy Chamorro, representante de la Mesa Departamental Indígena, al afirmar que el Ejecutivo ha hecho caso omiso de las alertas que la población ha dado.
Por su parte, Howland califica esas diferencias como algo “inaceptable” para la comunidad internacional.
A la desigualdad histórica se suma el recrudecimiento del conflicto desde noviembre del año anterior con la llegada de la banda criminal los `Urabeños`, quienes ahora se hacen llamar `Autodefensas Gaitanistas`.
Ellos se están disputando el control de territorio con el ELN, asentado en el norte y centro de Chocó desde hace más de 15 años, y se han aliado en el sur del departamento con los `Rastrojos`. No por nada el Consejo Comunitario del río Baudó sentencia que “el enfrentamiento masivo será inminente” puesto que las FARC estarían reforzando al ELN.
Estos choques militares de los ilegales dispararon las cifras de desplazamiento. Mientras que en el 2012 hubo 8.272 desplazados, en el 2013 hubo 10.540 según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Estas cifras distan de las proporcionadas por la Unidad de Víctimas que dice que el año pasado hubo 9.657 desplazados mientras que en el 2012 fueron 13.727.
La grave situación es bastante paradójica para los chocoanos. “Mientras en La Habana negocian la paz, en Chocó se consolida la presencia paramilitar”, declara Richard Moreno, miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó.
Es que los diálogos no son la garantía exclusiva de que el conflicto en lugares como ese departamento cesará. Para Howland, “la paz no llegará a Chocó” si grupos pos-desmovilización siguen en el territorio y controlan la economía ilegal.
Por eso, desde ya la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el episcopado colombiano y comunidades de indígenas y afrosdecendientes hacen un llamado al gobierno ante la crisis humanitaria y en vista del proceso de paz.
Las mayores preocupaciones
Niño indígena del resguardo La Puria, en Chocó, retornó a su territorio después de haber sido
desplazado por la violencia. Foto: Federico Ríos.
Ante la difícil situación que enfrenta actualmente el departamento, los indígenas, los afrodescendientes y las Diócesis de Quibdó, Istmina y Apartadó decidieron reunirse con la ONU y la Defensoría para hablar de las violaciones a los derechos humanos.
El primer escenario crítico es la seguridad alimentaria pues desde el gobierno no se impulsa lo suficiente la producción agrícola y, por el contrario, se hacen fumigaciones aéreas que además de erradicar la coca acaban con los pocos cultivos de comida que existen.
La desnutrición a lo que esto conlleva no tiene una atención adecuada pues el sistema de salud es ineficiente. La comunidad denuncia que las EPS evaden sus responsabilidades, hay poco personal médico, y menos especialistas. “El actual sistema de salud en el Chocó es un fracaso”, opinaron los pueblos indígenas del departamento en su informe del 5 de julio.
Otro talón de Aquiles es la educación, que no está dirigida para afrodescendientes e indígenas, a pesar de que son la gran mayoría del departamento.
Paralelamente, el aumento de la minería ilegal puso en jaque al medio ambiente y las poblaciones asentadas en los territorios que se pelean los grupos ilegales.
¿Habrá solución?
Las organizaciones todavía no ven una luz al final del túnel pero creen que respuestas sí puede haber. En gran parte, depende de qué tanto se comprometa el gobierno y esto no es nada fácil.
El mismo defensor del pueblo, Jorge Otálora, sostiene que las políticas públicas están ausentes en Chocó y que si se quiere superar esto, se deberá invertir de acuerdo a lo que necesita la población.
Esto va por la misma línea de Howland, quien cree necesario aumentar la capacidad de las comunidades afro e indígenas para fiscalizar.
Por su parte, el obispo de la Diócesis de Quibdó, Juan Carlos Barreto, cree que del gobierno se requiere más respuestas y más agilidad mientras que es responsabilidad de la comunidad internacional ver al Chocó más allá de la explotación minera.
Pero sin duda, el papel principal es del gobierno y de los colombianos que han olvidado constantemente a Chocó. “El Estado colombiano tiene que responder como crisis, es su obligación, no es cuestión de solidaridad”, concluye Howland.
