Quizás una de esas pocas voces que se ha escuchado es la de la familia Cuéllar Gallego. Los padres y los amigos de Sandra Viviana, la joven ambientalista desaparecida hace tres años, se han convertido en guerreros contra el olvido. Y esa lucha ha hecho que su caso haya llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares.
Sandra Viviana es el rostro de los cientos de desaparecidos en la región. Desde el 2010 hasta la fecha han sido reportados como desaparición forzada 575 casos.
Por eso, el Centro de Memoria Histórica -entidad que reconstruye la historia del conflicto- la incluyó en uno de los cuatro libros que publicó la semana pasada sobre la desaparición forzada.
En el documento se recuerda que “seis diputados del Parlamento Europeo escribieron una carta al Presidente requiriendo acciones frente a la desaparición forzada de Sandra Viviana”.
También se critica la falta de acciones en la búsqueda de la joven y las amenazas e intimidaciones de las que ha sido víctima Ildebrando Vélez, docente y catedrático de la Universidad del Valle, que se ha dedicado a investigar la desaparición de su amiga.
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El coordinador del grupo de desaparecidos de la Defensoría del Pueblo del Valle explica que hablar de una cifra de este delito es muy complejo. Habla mientras mira en el computador los números que le arroja el Sistema de Información de Desaparecidos, Sisdec, en el que Medicina Legal ingresa los datos de los casos de desapariciones.
“No todos los desaparecidos de Colombia están en el Sisdec y no todos los que están en el Sisdec son desaparecidos”, dice al intentar aclarar la complejidad de las cifras.
En el Sisdec aparecen las cifras de todas las desapariciones. Entre el 2007 (año en el que se creó el sistema) y lo corrido de este año, en el Valle han sido reportados 7668 desaparecidos, de los cuales 5895 continúan sin aparecer.
En Cali, el número de casos es de 5573, de los que han aparecido 1054 vivos y 451 muertos. Pero estas cifras son de casos de desaparecidos en general.
“Aquí incluyen la persona que se fue de la casa un día, la menor que huyó con un novio y otros casos. Tenemos también casos de personas reportadas como desaparecidas que se encuentran presas en cárceles de otros países con otras identidades o en las mismas cárceles de aquí. También otro fenómeno, cuando hay cosecha en el Eje Cafetero se pierden muchas jóvenes, que al parecer, van a ejercer la prostitución en esas zonas o son víctimas de trata de personas. Lo mismo pasa en las zonas de explotación minera”, asegura el funcionario de la Defensoría.
Y explica que cuando a una persona se le desaparece un familiar, en ese reporte inicial es muy difícil establecer si se trata de desaparición forzada. Debido a esto se da en algunos casos un subregistro o las cifras no son tan certeras.
Esa es una de las razones por las que en uno de los informes de Memoria Histórica se habla de la disparidad en las cifras entre diferentes organismos.
“Cuando fuimos a Buenaventura y hablamos con las organizaciones de víctimas acerca de los desaparecidos, nos sacaron un papel, arrugado, en el que tenían la lista de los nombres de los desaparecidos. Ese es un reflejo de la realidad”, relata uno de los investigadores de Memoria Histórica.
Precisamente, Buenaventura es el municipio del Valle más afectado por la desaparición forzada. Las cifras del Sirde hablan de que desde el 2010 hasta la fecha han sido reportadas 285 desapariciones forzadas en el Puerto, donde el total de los casos es de 409. De ese número, han aparecido diez vivos y 16 muertos.
Buenaventura, incluso, supera los casos de Cali, donde han ocurrido 110 casos de desaparición forzada.
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José Dumar Cuéllar está detrás del mostrador de su tienda del barrio Sucre, en una de las zonas que en Cali le llaman ‘Olla’, porque deambulan habitantes de la calle, que se mezclan con expendedores de droga.
Allí, donde en los escaparates se ven afiches con la foto de su hija, recuerda aquel 17 de febrero de 2011 cuando ella salió antes del mediodía a una cita en una universidad de Palmira, a la que no llegó.
Desde ese día, él y su familia empezaron su lucha. Denunció el caso ante la Fiscalía, organizó marchas, se reunió con abogados… Ha tocado todas las puertas que ha podido.
“Hace tres semanas estuve en un encuentro de víctimas en Bogotá, al que asistieron 300 personas. Ahí conocí a una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo”, recuerda José Dumar, quien cree que a su hija se la llevaron por su perfil social y político, cercano a la izquierda y luchadora por los temas ambientales.
Cuenta, que en los primeros tres meses de su desaparición, época en la que las autoridades investigaron el caso, se descubrió que a ella le hicieron seguimientos desde antes de ese 17 de febrero. Pero ya los investigadores olvidaron el caso, dice. “Me encontré al investigador y me dijo que ahora está investigando bandas criminales, el caso de mi hija ya no. Voy a volver a visitar la Fiscalía a ver que me dicen”.
Durante la Semana Contra la Desaparición Forzada, conmemorada entre el 27 de mayo y el 7 de junio, por primera vez las víctimas de este delito han tenido reuniones con representantes del gobierno, donde se denunció la falta de resultados en varias regiones de Colombia.
En Bogotá y Medellín el Centro de Memoria Histórica está realizando varias actividades por las víctimas de este flagelo. Y en Cali el viernes pasado, con un acto en la Plaza de San Francisco, en el centro de la ciudad, las diferentes organizaciones de víctimas de la región recordaron a sus desaparecidos.
La oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos también rindió un homenaje a las personas desaparecidas en el país, en donde se destacó su vida, enseñanzas, sueños y otros aspectos importantes de la vida de cada víctima.
