La ambientalista era reconocida en la zona del Valle del Cauca como defensora de los recursos naturales y de los derechos de las comunidades locales a tomar decisiones sobre lo que puede afectar a su medioambiente y a su entorno de vida. La familia de Cuéllar, sus compañeras y compañeros de trabajo, están convencidos de que su desaparición se debe a su labor en defensa de estas comunidades. Días después de su desaparición se encontraron sus papeles de identidad y su teléfono móvil, pero de ella, ni rastro.
Oidhaco ve con profunda preocupación los ataques en contra de quienes defienden el derecho al territorio, el derecho a oponerse a megaproyectos que afectan el medioambiente y el entorno de vida de las comunidades, como pueden ser los proyectos mineros o hidroeléctricos. Recordamos varios asesinatos de ambientalistas en el transcurso de los últimos meses: Adelinda Gómez Gaviria del Cauca, quien tenía un papel activo en el Foro Minero y Ambiental, asesinada el 30 de septiembre 2013;César García del Comité Ambiental y Campesino del Tolima, reconocido activista en contra del proyecto minero de explotación de oro conocido como ‘La Colosa’, impulsado por la empresa Anglogold Ashanti, asesinado el 2 de noviembre 2013, y Robinson David Mazo, integrante del Movimiento Ríos Vivos luchando en contra del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, asesinado el 30 de noviembre 2013.
Estos son apenas unos de los tantos casos que ejemplifican el riesgo que corren en Colombia quienes luchan por preservar el medio ambiente. Los Proyectos extractivistas representan riesgos para la población que habita en el entorno, como, por ejemplo, el de la represa El Quimbo en el Río Magdalena, que podría llevar al desalojo de hasta 700 personas. Otro, el de Hidroituango, en marzo de 2013, causó desplazamientos masivos . “Deberían existir las garantías de las comunidades a expresar su desacuerdo, a reivindicar sus derechos; sin justicia, nunca existirán esas garantías. Es necesario luchar contra la impunidad que rodea a estos crímenes” afirma Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco.
Oidhaco le solicita a la Unión Europea, y a sus Estados miembros, así como a Suiza y Noruega, que, públicamente expresen su preocupación al Estado colombiano frente a esta situación y pidan acciones eficaces para brindar garantías a las personas que luchan por sus derechos. “Creemos que la Unión Europea, sus Estados miembros, Suiza y Noruega, deben también asegurarse de que las empresas con capital europeo o que exportan hacia Europa, no se benefician de esas violaciones a los derechos humanos”, concluye Vallies.
