Por lo general el transporte en esta vía corre muy despacio, dado a su mal estado, y unos huecos inmensos que causan accidentes frecuentes. Para el recorrido de los 56 kilómetros se gasta como mínimo cinco horas, pero lo más probable es que demore más, porque en caso de un accidente los vehículos que sigan atrás tienen que detenerse, a veces por horas, pues la anchura de la vía no permite adelantar. Esto también facilita los atracos.
Una parte de la carretera la controla la Fuerza Pública, pero donde termina el pavimento empieza el control territorial de paramilitares y grupos guerrilleros.
De los 18 kilómetros que se han pagado para la pavimentación en la administración de Andrés Pastrana se ejecutaron nueve efectivamente, y de los 25 kilómetros contratados en la administración del Presidente Álvaro Uribe igualmente se cumplieron nueve.[1]
Ahora son las Fuerzas Armadas las que ejecutan la pavimentación desde agosto de 2010, manejando las máquinas para la construcción por el terreno, armados hasta los dientes.
La población de los municipios de Barbacoas, Magüí y Roberto Payán, beneficiarios de la carretera y su mal estado, tienen que exponerse al riesgo de ser atracada, o para evitarlo, deben desplazarse vía fluvial, pero esta es más costosa y la mayoría de la población no se lo puede permitir por razones económicas.
Desde agosto de 2011 las mujeres de Barbacoas viene impulsando el paro de las piernas cruzadas para presionar al gobierno que termine la pavimentación de la carretera. Es tan grave la situación, que no son sólo los atracos, sino que se han presentado muertes de mujeres en embarazo o agravamiento de salud de los enfermos por las continuas varadas, desabastecimiento de alimentos, en fin, una situación que afecta muchos aspectos de la vida cotidiana de estos municipios ubicados en el noroeste de Pasto, capital de Nariño, y que afectan sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Coordinación Regional del Pacífico se pregunta: ¿Qué ha pasado con la plata que se pagó para la pavimentación en las administraciones anteriores? y ¿Quién se beneficia de la explotación de oro en los tres municipios mencionados?
Es obvio que los beneficios de estas actividades mineras, casi siempre ilegales, no se reinvierten en la región o los 56 kilómetros ya hubieran sido pavimentados hace rato.
[1] Diócesis de Tumaco: ¡Que nadie diga que no pasa nada! Una mirada desde la región Pacífica Nariñense. Balance No. 4, pág. 13. 2014
