En Colombia, y más todavía en el Pacífico colombiano, la minería es un tema de gran actualidad, en parte debido a la “locomotora minera” impulsada desde la política estatal de corte neoliberal. La actividad minera cobra mayor importancia en el actual contexto colombiano caracterizado por amplias reflexiones en torno al posible “postconflicto” en el que se encontraría en los próximos años el país, a pesar de que el gobierno tiene como puntos inamovibles la no discusión del modelo económico y la política minera, a pesar de la relación entre conflicto armado e industria minera.[1]

A finales de los años noventa, una nueva ola de mineros foráneos y locales empiezan a explotar las minas en los territorios colectivos del Pacífico colombiano con maquinaria como retroexcavadoras y dragas. Por otro lado, a partir del año 2001, con la expedición del Código Minero, el gobierno nacional viene otorgando títulos mineros a empresas multinacionales y nacionales en territorios colectivos sin consultar a las comunidades negras e indígenas.

Este artículo quiere arrojar una reflexión a partir del relato de dos días de trabajo de campo en una comunidad del alto Atrato, municipio de Lloró, situado a unos 40 kilómetros de Quibdó.

Un día en una comunidad del río Andágueda: prácticas mineras en el cotidiano

La primera impresión sorprende al ver que en la comunidad hay muchas casas vacías, debido al desplazamiento. En el año 2001 mataron a un habitante del pueblo y todos sus familiares se desplazaron.

Ofelia es una señora nativa, pero vive en Turbo desde hace varios años. Está aquí para acompañar a su padre que tiene 97 años. Su vecino, es un señor de Caucasia (Antioquia), que desde hace dos años trabaja en la mina y se quedó a vivir en el pueblo. Explican que ahora hay una retroexcavadora más allá de la cancha de fútbol, a orillas del río. Es de alguien de por acá, de la zona, allí trabajan unas quince personas y algunos son del pueblo. Antes había retros también atrás del pueblo, allá lo dejaron todo feo, pura piedra, aunque hayan tapado los huecos de la minería.

En aquella ocasión, los mineros le daban a la comunidad el diez por ciento de la producción. Luego, una muchacha que ya no vive en el pueblo, pero que tiene su pedacito de tierra allí, puso a trabajar una retro en su tierra, es decir, entre la cancha de fútbol y el pueblo: “allí es que dejaron ese hueco que es criadero de zancudos”. Además, vino gente de otro lado a trabajar la mina aquí.

Desde donde estamos sentados se alcanza a ver el río más abajo de la peña, es corrientoso y turbio. “Si no trabajaran la minería, el río estaría limpio y clarito, así era antes” cuenta Ofelia. Ella relata de la empresa norteamericana que llegó en los años veinte del siglo pasado, la Chocó Pacífico. “Ellos con las dragas subieron el río sacando oro, pero cuando llegaron a Bagadó la gente no los dejó pasar más arriba porque hubieran dañado el cementerio”. Sin embargo, en esa época “no existía toda la tecnología de ahora” y no pudieron sacar todo el oro del río. “Ahora la nueva draga que viene subiendo se ocupa de sacar lo que queda, lo que dejó la Chocó Pacífico. La gente del pueblo dice “que ya casi no hay oro, que las retros se lo sacaron todo”.

Según acuerdos con los retreros[2], estos tienen la obligación de tapar los huecos cuando terminan de trabajar, pero no siempre lo hacen. “Igual si lo hacen, no queda bien, porque ya no se puede cultivar allí”. Según Ofelia, “anteriormente se trabajaba de manera diferente la minería, a mano. Luego con unos motores, con motobombas, pero las retros llegan hasta donde nosotros no podemos llegar a mano”.

Sobre lasmultinacionales y maquinarias mineras, Ofelia afirma que “el Gobierno debería parar eso de las maquinarias, de las retros, y conseguir otra manera que la gente pueda vivir de otra cosa, montar una empresa o algo así que genere otra clase de empleo”. Según ella, la mayoría de la gente aquí está en contra de la minería, porque eso hace mucho daño. Cuando le pregunto sobre el Consejo Comunitario, me confiesa que no sabe con certeza si los mineros le pagan una cuota al Consejo. Lo que es cierto es que los dueños de las retros tienen que pagarle a la guerrilla. En cuanto al Consejo Comunitario, hasta el presidente de la junta trabajó a veces en los entables mineros, aunque no le guste, por falta de dinero.

En los cambuches[3] de los mineros ubicados cerca de la playa, hay acumuladas canecas de combustible vacíos, al lado de pozas color azul y verde brillantes que dejan las retroexcavadoras. Dos mujeres están cocinando; un paisa llega de la playa con guayabas para un jugo.

Me siento en una silla para conversar con un minero afro de Zaragoza, Antioquia, que se está quitando las botas. Dice que el dueño de la retro es un señor de un pueblo río abajo, que tiene otra río arriba, en otro entable minero. En un año las retros han rotado por varios lugares. Confiesa que no están encontrando mucho oro: “Aquí no hay casi nada. En Bagadó había, pero ya casi está acabado. Ya se trabajó mucho y no se consigue, aunque hay días que sí”. En el entable trabajan unas tres personas de la comunidad y los demás son chocoanos y foráneos, algunos de Antioquia. Él se vino de Zaragoza porque allá todo se ha acabado, “ahora hay más retros y dragas en el Chocó que allá”. Dice que aquí al dueño del terreno le dan el 16 por ciento de la producción, mientras que en otros lugares puede llegar hasta el 18 o el 20 por ciento. Le pregunto si escuchó hablar de COCOMOPOCA, y contesta que “sí, cuando el líder del pueblo pasa por aquí siempre nos habla de la OPOCA[4], pero no sé más de allí”.

Al regresar al caserío, me siento bajo un marañón y allí está el hijo de Alberto, el motorista que transporta a la gente del pueblo. Él vive en Quibdó, pero cuenta que ahora está aquí por la mina: “Donde está la retro ahora, allá al otro lado del río, es el terreno de mi familia y yo estoy acá supervisando los trabajos”. Llevaba unos quince años sin venir al pueblo. Comenta que tocará repartir la producción entre todos los familiares, que son muchos.

Dos hombres del pueblo dicen que ellos trabajan la minería por su propia cuenta, es decir, con sus motores y herramientas en sus minas: “Hace unos años esto era muy minero por aquí, había como 12 retros”. Reparten su tiempo entre el trabajo de la mina y la siembra de plátano, maíz, yuca y frutales. Opinan que la plata que se ganan de la minería “hay que invertirla rápido, si no, uno la pierde tomando trago o jugando”.

Miguel es un hombre ya un poco mayor y muy simpático. Hablamos del COCOMOPOCA y percibo que la idea de título colectivo del territorio es abstracta, lejana y poco clara para él. El señor cuestiona mucho que no se ven los beneficios para la comunidad: “no llegan los proyectos”, está desilusionado de la organización. Cuenta que él tenía su propia mina y que la trabajaba, primero, con batea, luego con su propio motor, pero al final llamó una retroexcavadora para que sacara “lo que estaba más abajo”. Paradójicamente, confiesa que ahora está en contra de la minería, y que aquello lo hizo en una época “por pobre”. Miguel critica mucho a las personas que ya no cultivan en sus tierras, porque “todo lo quieren comprar” desde que la minería les genera un ingreso.

Sobre las retroexcavadoras en el pueblo, Miguel dice que, “hubo dos mineros que eran de Caucasia, que estuvieron aquí hace unos años; los comprometimos a pagar la entrada de la retro al terreno, a pagar una mensualidad y a tapar los huecos y forestar. Pero los tipos se fueron diciendo que les había ido mal y que por eso no podían pagar. Al consejo les deben como siete u ocho millones. Y no taparon nada, y los huecos ahora están causando los brotes de paludismo. De aquí se fueron a otros ríos. Allá la gente como sabían que los mineros iban a ensuciar el río, les pidieron su tanque de agua de antemano. Y parece que allá le cumplieron con todo a la gente”. Miguel tiene una finca bajando por el río donde tiene mucho borojó y cuando hay buena cosecha, baja a Lloró a venderlo a un señor que lo comercializa en grandes cantidades en Medellín y otras ciudades del país.

Cuando terminamos de conversar ya son las nueve de la noche. El pueblo está silencioso y por sus calles no hay nadie, excepto en el pequeño bailadero donde están sentadas unas cuantas personas, jugando naipe y tomando cerveza, como casi todas las noches. Muchos de ellos son mineros que trabajan en el entable.

Al otro día veo pasar por la calle a tres hombres que parecen ser mineros, visten ropa de trabajo y botas. Cuando más tarde le pregunto a un vecino sobre esos mineros, este explica que no son mineros, “son gente de la montaña, sino que aquí andan de civil”. Entiendo que son de la guerrilla. “Los de la guerrilla le cobran a cada retro dos o tres millones de pesos mensuales. A nosotros que trabajamos con motobomba, no nos cobran nada todavía. Pero también les cobran a los bailaderos y a las tiendas, todos los negocios, pero a los más grandes no más”.

Más tarde, llega una comisión acompañada por un líder de COCOMOPOCA solicitando una reunión con la comunidad. Mientras esperan el inicio de la reunión, me siento a conversar con el líder del COCOMOPOCA bajo el marañón. El líder me cuenta que apenas la comisión llegó al pueblo, “la guerrilla nos abordó” y les preguntó quiénes eran y qué hacían allí. Él les dijo que no tenían que pedirle permiso a nadie, porque ellos son del COCOMOPOCA y son los dueños del territorio; además, les advirtió que no se metieran al pueblo, porque si aparece el ejército ponen en peligro a la gente. Los guerrilleros se fueron.

El día a día y el accionar de las autoridades étnicas

COCOMOPOCA es una organización reconocida en el Chocó y a nivel nacional por el fuerte trabajo que viene adelantando en materia de minería en su territorio, enfocándose en acciones jurídicas en aras de defender su territorio colectivo de los impactos de esta actividad. Así por ejemplo, ha emprendido importantes acciones, entre los cuales cabe destacar un proceso de restitución de derechos territoriales y formalización de tierras despojadas y abandonadas con la Unidad de Restitución de Tierras, proceso que fue admitido a finales de enero del 2015 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó.[5]

Asimismo, en alianza con otras autoridades étnicas de la región, como el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), con el apoyo de abogados de la ONG Tierra Digna, demandaron a 26 entidades estatales (entre ellas 12 municipios), por su indiferencia frente a las graves afectaciones ambientales causadas por actividades indiscriminadas de minería y tala de bosque en todo el río Atrato. Estas demandas fueron aceptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de enero de 2015.

Como lo expresan Ximena González y Karla Enríquez de Tierra Digna: “El río Atrato y sus afluentes han sido afectados dramáticamente por muy diversos factores, como el uso indiscriminado de mercurio en actividades como la minería -actividad extractiva arrasadora en los afluentes-, el taponamiento de las cuencas por residuos forestales, la falta de acueducto y alcantarillado en los municipios ribereños, la falta de rellenos sanitarios y la disposición inadecuada de los residuos, todo lo cual se ha constituido en una grave violación y amenaza para la salud, la vida y demás derechos de la población que habita la ribera”[6]. La tutela pide acciones urgentes frente al desastre ambiental en la cuenca del río Atrato, principal río del departamento del Chocó.

Estas acciones de tipo jurídico son muestra de un posicionamiento claro de COCOMOPOCA y los Consejos Comunitarios mayores del Atrato frente a la problemática minera en su territorio.

Conclusiones finales

En el escenario del Pacífico colombiano actúan diferentes actores alrededor de la problemática minera, cada uno con sus intereses y visiones sobre el territorio. Para los dueños de las retroexcavadoras el tiempo es su mayor enemigo, por lo cual deben hacer una explotación extensiva y rápida. Tienen deudas que pagar, sea por combustible, mano de obra o préstamos por la maquinaria adquirida. Esta situación es permitida por funcionarios corruptos de las autoridades públicas (alcaldías y sus funcionarios, fuerza pública, etc.) o por la fuerza que imponen las armas de los grupos armados, que sacan provecho de esta actividad extractiva.

Los habitantes de los ríos, conocen de primera mano los daños que causa este tipo de minería, sin embargo, en su perspectiva no existe otra alternativa para subsistir que negociar con los retreros para sacar el oro que no han podido extraer con las técnicas y herramientas artesanales. Se destaca aquí una ausencia total de innovación tecnológica en este campo: ¿dónde está el trabajo y el interés de las facultades de minas y de ingenierías del país? ¿No se vislumbran otras posibles técnicas o tecnologías de extracción que las artesanales o las retroexcavadoras?

Los acuerdos negociados entre habitantes y retreros muchas veces quedan incumplidos. En otras ocasiones, los locales se ven obligados a permitir el acceso de las retroexcavadoras a sus tierras. En la mayoría de los casos las negociaciones se hacen de manera individual, desconociendo las autoridades étnicas, cuya posición en el caso del COCOMOPOCA es de no a la minería.

Y un último actor es el Estado a través de las concesiones a multinacionales y empresas nacionales, sin consultar previamente a las comunidades afectadas. Lo que el Estado pretende es aumentar el crecimiento económico, que en su visión significa desarrollo, así en el papel esté regalando el mineral vía rebaja de impuestos.

En el Pacífico el asunto hoy en día no es de dinero, ni del tal desarrollo que pregona el Estado a través de su locomotora minera, es de sobrevivencia humana, como lo demuestran las entrevistas citadas arriba. Pozos, que son focos de enfermedades, ríos destruidos, mercurio que contamina las aguas y los peces, descomposición del tejido social. Y si se trata de minería a gran escala, el uso del agua va a secar las fuentes hídricas del Pacífico, así como las toneladas de cianuro, empleado para aislar el mineral, que caerá en los ríos.

Quisiera finalizar con una pregunta de reflexión. Hay un importante tema de gobernabilidad y autonomía en lo local que amerita mayor atención por parte de los consejos comunitarios del Pacífico colombiano. Sin gobernabilidad ni autonomía en los territorios, ¿qué pasará con las acciones jurídicas y los reglamentos internos de los territorios colectivos?