Al tenor de la sentencia T–576-14 que resuelve asuntos esenciales para el fortalecimiento de la identidad étnica afrocolombiana y en consecuencia para la protección de la diversidad étnica del país, teniendo en cuenta el fondo y la forma allí abordada, me vienen a la memoria los textos de Manuel Zapata Olivella, William Ospina, Nina S de Freederman, Libia Grueso, Jaime Arocha, Daniel Garcés Aragón, entre otros, que han gritado voz en cuello las dificultades que los descendientes de Changó (Afrodescendientes en América) han padecido en los distintos regímenes que han dictado los destinos del país hasta la fecha. Resalto, sin embargo, el texto del sociólogo de la universidad nacional Miguel Borja –por la forma como aborda el tema y porque su texto no pretendía alegar reclamaciones históricas ni exigir reivindicaciones de derechos-, quien en su obra “Estado, Sociedad y Ordenamiento Territorial en Colombia”, realiza un recuento histórico que le permite demostrar la tradición regionalista de la sociedad colombiana, encuadrillada arbitrariamente en departamentos y municipios, que en muchos casos tienen poco o nada en común.
En este texto, en su última hoja, abordando el actual modelo de ordenamiento territorial en Colombia el autor reconoce y resalta la importancia que tiene el hecho de aceptar la estratégica inclusión de estas poblaciones en la discusión del modelo de ordenamiento territorial del país, debido a las cualidades del territorio que ocupan en el Pacífico.
“El proceso de inclusión tolerante de la sociedad respecto de las comunidad afrocolombiana es uno de los componentes geopolíticos estratégicos del Estado, debido a que estas comunidades ocupan la región del Pacífico colombiano, la cual es una subregión de la cuenca del Pacífico, que es el marco probable de la vida económica, social y política del tercer milenio. Además, las comunidades están ubicadas en ecosistemas estratégicos fundamentales para la preservación del medio y recursos naturales como el agua y la minería.
Es posible, por consiguiente que el proceso de reordenamiento territorial de los negros y sus implicaciones para sus espacios regionales y la organización estatal, lleve a los afrocolombianos a ser parte integrante de y codeterminante del poder político y de la geografía estatal.”[1] Subrayado y negrilla fuera de texto.
Sostengo al contrario del autor que la importancia de estas comunidades al igual que el de las indígenas no radica únicamente o sobre todo, para el país, en la riqueza y privilegiada ubicación de los territorios que ocupan sino a la riqueza cosmogónica – la distintas formas de interpretar el tiempo, espacio y el bienestar, y a la forma en que estas se relacionan con los demás seres y su entorno físico-, que permiten identificar alternativas concepciones de Estado, de democracia, de modelos de desarrollo (Bienestar o mejorestar), fruto de su saber milenario que puede aportar hoy, cuando que el país busca desesperadamente acallar los fusiles y encontrar su identidad y camino hacia la prosperidad. Esto pese a los de siempre en el poder, solo desean con el cese al fuego, acceder a los territorios hasta ahora vetados por la guerra para ponerlos al servicio del mercado global, fuerte motivación para desear liquidar la constitución del 91.
La sentencia en mención (T–576-14), – empujada por una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que hemos rastreado desde el 2003 con la Sentencia C-955-03. Dr. Alberto Tafur Galvis y ha sido fortalecida en el 2004 a través de la Sentencia T-025 – 04[2]– , es un recuerdo más para el pueblo afrodescendiente en Colombia, así como para el resto de la sociedad de la oportunidad que representa la plurietnicidad en la tarea de construcción de nación, de país.
Esta oportunidad se fundamenta en un aspecto concreto; la posibilidad de hacer realidad la aspiración del constituyente primario de 1991 quien con enorme sabiduría privilegió la democracia participativa, la búsqueda de la verdadera identidad nacional en la plurietnicidad y pluriculturalidad de nuestra sociedad y finalmente, y de mucha importancia, la protección ambiental del país en el actual contexto de un planeta en grave desequilibrio a causa del cambio climático global como consecuencia de un modelo de vida insostenible. En esto último coincide Miguel Borja en el último párrafo de su texto.
Mientras muchos estudios advierten sobre la pérdida de valores humanos que la democracia decía querer rescatar ante modelos monárquicos o aristocráticos violentos y alérgicos al reconocimiento de derechos universales. Empujados por la teología dogmática del neoliberalismo (libertad del mercado y economía global)[3], el Estado Colombiano sin el mayor análisis es llevado de las orejas por esta oligarquía mezquina -que desde antes de los tiempos del abuelo del “Coronel Aureliano Buendía” es llevada tras los cuentos de “Gitanos” posteriores a Melquisedec en “Cien años de soledad”- que a punta de sangre y circo imponen la avaricia individual por encima de los mas mínimos derechos de la población, esos sí intereses superiores de la patria.[4]
Grecia y España en el centro y cuna del primer mundo son un mensaje fuerte y claro del fracaso del modelo[5] y de la urgente necesidad de cambiarlo por un modelo que aprecie más la vida que las cosas, que permita rescatar lo colectivo secuestrado por pocos, pero fuertes capitales trasnacionales.
Aquí es donde los modelos participativos, colectivos y económicamente alternativos de los grupos étnicos en Colombia se presentan como una ventana a explorar, y por esto resalto la decisión de la Corte de mantener la prevalencia del constituyente primario por encima de los intereses particulares sentados en el ejecutivo, legislativo y las otras instituciones del poder judicial, sin mencionar si quiera a los órganos de control.
Acorraladas por los capitales trasnacionales y subsidiarias nacionales -atraídos por el olor de los metales, el petróleo, la biodiversidad y el mercado de servicios con mano de obra barata, “analfabeta” y dócil, y que como carroñeros voladores dan vuelta a su presa al son del fin del conflicto-, que operan al gobierno “nacional” de la Unidad Democrática, hoy estas comunidades aborígenes y ancestrales (indígenas y afrodescendientes) intentan hacer que la sociedad colombiana entienda lo que el gobierno no ha querido aceptar. Que la participación es la base de la democracia y por eso exigen que se les respete el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada, – reconocida y protegida por la Corte Constitucional-, exigen con la consulta el respeto y protección de los ecosistemas del país ya que estos, además de sostener la existencia de la vida en la tierra, son el sustento de la economía de la sociedad colombiana y no la finca destinada a aumentar las arcas de las multinacionales extractivas principales responsables del cambio que está llevando el planeta y la población a un desastre global.
La Consulta Previa Libre e Informada, no es un derecho solo de los pueblos indígenas y tribales como hasta ahora se ha señalado nacional e internacionalmente, este por simple lógica natural es un derecho de todos los ciudadanos del país y el planeta que hasta ahora solo ha sido reclamado por los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia, y que lo han utilizado para salvaguardar lo poco que queda de la identidad nacional y los componentes vitales de los ecosistemas del país.
Salvando la Consulta Previa se da un paso importante para recuperar la democracia y con ella rescatar la soberanía nacional hasta ahora secuestrada y mal subastada por liberales, conservadores y lentejos.
Es lamentable que otra entidad que al igual que la Corte Constitucional es fruto de la Constitución del 91 y con una enorme responsabilidad como es la DEFENSORÍA DEL PUEBLO contribuya con su silencio, negligencia y apatía a la desarticulación de los fundamentos que le dieron origen. Esta entidad encargada de la promoción y protección de los derechos humanos de los colombianos igualmente ha sido secuestrada y puesta al servicio de intereses distintos a los nacionales.
La palabra que me surge ante este escenario tan deprimente es “La Defensoría del Pueblo necesita quien la defienda”, pues al parecer la tarea de su representante en el caso que nos ocupa, es la de facilitar el desmonte de los derechos colectivos como el medio ambiente y la autodeterminación. Esto se evidencia con claridad en el acompañamiento que está dando al actual proceso de construcción de espacio de Consulta Previa para las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales del país.
En este proceso la Defensoría del Pueblo se comporta como un militar bien equipado, que en el fragor de la batalla pierde la vista y ante la imposibilidad de orientarse y de identificar a su contario, decide bajar el arma y sentarse antes que ayudar a aniquilar a sus compañeros, cosas que al final termina haciendo, pues las balas que posee son las que hacen falta para ganar la pelea[6].
De la Procuraduría no vale la pena ni siquiera pronunciarse, pues los intereses del Procurador General de la Nación están centrados en acabar con la diversidad. Sí, la diversidad sexual impidiendo los matrimonios y adopciones de parejas del mismo sexo, la diversidad política investigando, sancionando e inhabilitando de por vida a los pocos líderes no alineados de cualquier partido o movimiento, a la diversidad biológica al no pronunciarse frente el vasallaje de las locomotoras extractivas y de infraestructura promovidas por el gobierno sobre todos los ecosistemas estratégicos del país y por último, acabar con la diversidad étnica cuyos representantes son considerados migrantes ilegales y peligrosos. Esto lo evidencia el hecho de que su estructura funcional sea tema casi inexistente, lo cual explica la imposibilidad institucional de reaccionar tanto en lo nacional como en lo local a las demandas de la población.
No hay nada más alejado y ajeno al escritorio del Procurador que la participación, la diversidad étnica, el medio ambiente, en fin, los intereses superiores del país, a quien los oficios delegados por el santo pontífice han ocupado todo su tiempo, fuerza y concentración.
Colombianos, la Consulta Previa Libre e Informada, con Consentimiento Previo, NO pone en riesgo al país, la democracia o el bienestar general, al contrario fortalece y protege al país, restaura la democracia y garantiza el bienestar de todos los compatriotas y es una posibilidad de contribuir a la estabilidad ambiental del planeta. Solo cuando todos los ciudadanos participemos de manera consciente en las decisiones que toman los dirigentes o gobernantes podremos encontrar el mejor camino para Colombia y el planeta.
De suerte que invito a la sociedad COLOMBIANA en su conjunto a que ACOMPAÑEMOS a los compañeros afrodescendientes de las Comunidades Negras, Raizales, Palenqueras en el actual proceso de fortalecimiento organizativo y defensa del DERECHO a la CONSULTA PREVIA, LIBRE e INFORMADA.
Colombia Democrática, Pluriétnica y Multicultural, no es un país tercermundista y pobre, de hecho es de los más privilegiados en biodiversidad (RIQUEZA) que hay sobre el globo.
[1] BORJA Miguel. ‘Estado, Sociedad Y Ordenamiento territorial en Colombia. Bogotá 2000.
[2] Corte Constitucional Colombiana. Sentencia de Tutela 025 de 2004. En donde se declara el Estado de Cosas Inconstitucional por el incumplimiento de los deberes del estado para la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos de la población víctima en situación de desplazamiento forzado. En esta sentencia se establece la falta de una política con enfoque diferencial étnico que entienda y de respuesta a las afectaciones culturales que de carácter especial afectan a la población indígena, gitana y afrodescendiente. Esta sentencia luego da origen a los famosos Auto 004 para indígenas y 005 para afrocolombianos y de este se desprenden una serie de obligaciones y decisiones judiciales y administrativas que se mantienen y expresan en la Sentencia del 2014 en mención.
[3] Sobre el particular, CLAUDIA MARCELA PERAZA en su texto “Estructura de Estado” capitulo “Entre la Economía Mundial, y la Individualización, el Estado pierde su Soberanía: ¿Qué Hacer?” Alerta sobre la amenaza que representa la teoría del globalismo sobre el poder sociopolítico de los Estados, en otras palabras, la autora señala lo ya evidente hoy en Europa y América cuando en las asociaciones internacionales de países, terminan grupos económicos al interior de un país sometiendo al resto a su voluntad. La soberanía de los países como es el caso Grecia en Europa y Ecuador, Venezuela y Bolivia en América es presionada para ser sometida a grupos económicos trasnacionales que gobiernan al interior de Alemania y Estados Unidos, en el orden correspondiente.
[4] Esto en relación a que siempre a los campesinos, indígenas, afrodescendientes y pobladores marginales o desinformados de las urbes, les laceran sus reclamos frente a los efectos negativos de las locomotoras del desarrollo (Extractivas; Minería, Petróleo, etc. Infraestructura; vías, puertos aeropuertos, hidroeléctricas, megaobras urbanas, etc.) con la falacia determinante de todo, “Los intereses superiores de la Patria”.
[5] Es interesante analizar lo que está pasando ahora en Europa y principalmente en la Eurozona (Comunidad Económica Europea) pues a simple vista se estaría presentando una contradicción en el principio universalmente aceptado de la “Unión hace la Fuerza”. De otra manera sería complejo explicar cómo en el primer mundo países con historia de poder económico e intelectual como lo son respectivamente España y Grecia estén viviendo la actual crisis socioeconómica, y dispuestos abiertamente a enfrentarse al modelo que ellos impulsaron y distribuyeron por el mundo. España con el movimiento PODEMOS y Grecia con SYRIZA han puesto en alerta a Europa y al mundo al señalar lo insostenible del modelo para la población que representan -la mayoría en Grecia y a punto de serlo en España- y a plantearse inclusive la salida de la Comunidad Económica Europea al darse cuenta que, en este caso, la unión no los fortalece, pues esa unión está solo al servicio de unos cuantos conglomerados económicos trasnacionales que no rinden cuentas a nadie, que no tienen ni país ni Estado, menos cultura, ni más políticas que la acumulación. En este tipo de unidad, los intereses de las masas como en el tiempo de la esclavitud colonial solo deben ser satisfacer los deseos de la banca y sus empresas dispersa por el globo.
[6] Ante quienes piensan que la Defensoría no tiene dientes, les recuerdo que esta entidad obligó al gobierno a tomar medidas frente a la situación de las víctimas del desplazamiento forzado sólo con la estrategia de Alertas Tempranas y el programa de acción regionalizado que contenía a los defensores comunitarios y a los formadores regionales en Derechos Humanos. Claro que lo hizo a través de la Corte Constitucional y esto evidencia una vez más que sabe y hace bien su trabajo, cuando hay voluntad política en la oficina central de Bogotá. Pero en la actualidad ésta ha cambiado por burocracia en Bogotá y en las grandes ciudades, debilitando uno de los pocos programas que le han mantenido la imagen y confianza en lo local.
