La Fuerza de Tarea Conjunta Titán deriva su responsabilidad sobre la seguridad en el río Bojayá a Leyner Palacios
Nota de prensa, 12 de enero de 2020
- La CIVP considera que el derecho de petición entregado por el coronel Cardona es “una forma de presionar sicológica y legalmente al secretario ejecutivo de esta organización y a un líder clave en el Medio Atrato”.
- La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico anima a las Fuerzas Militares a garantizar la seguridad y la libre circulación de las comunidades del río Bojayá.
El día 10 de enero de 2020, alrededor de las 8:00 pm, fue contactado vía telefónica Leyner Palacios, líder social y secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), por funcionarios de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, quienes le expresaron que requerían notificarlo de una comunicación.
El 11 de enero de 2020, día de la visita del Presidente de la República a Bojayá, tan pronto Leyner Palacios arribó a Bellavista (Bojayá) le fue entregado un “Derecho de Petición”, dirigido a él por el comandante Darío Fernando Cardona Castrillón, responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.
Amparándose en el Artículo 23 de la Constitución Política, el comandante Cardona cuestiona un reportaje emitido el pasado 6 de enero en Noticias Uno en el que salen apartes de una entrevista a Leyner Palacios en la que éste se pregunta cómo puede ser que cientos de hombres armados de grupos ilegales entren al río Bojayá sin que la fuerza pública se dé cuenta.
Por ello, el coronel inquiere a Palacios a que, en caso de estar afirmando que hay connivencia entre las Fuerzas Militares y “grupos armados al margen de la ley”, facilite “nombre o apellidos de los miembros de la fuerza pública, el lugar y la fecha en la que se cometieron tales ilícitos, a fin de iniciar las respectivas investigaciones”.
También le pide que indique los corregimientos en los que hay confinamiento –parece que el coronel no tiene constancia de lo que ocurre en el río Bojayá-; “qué tipo de personas” son las que han entrado a la zona –el coronel dice que el periodista los denomina paramilitares pero le exige a Leyner Palacios que los califique-; que liste el nombre de las organizaciones que durante 2019 hayan denunciado la presencia de “grupos armados organizados y ante qué entidades de control”; que dé explicaciones de por qué tienen información sobre lo acontecido en consejos de seguridad, y que le indique qué acuerdos de esos consejos de seguridad no se han cumplido.
Durante la reunión entre la comunidad de Bojayá y el Presidente de la República estaba previsto que Leyner Palacios realizaría una intervención, pero luego no apareció en el orden del día, por tanto él solicitó el uso de la palabra y allí dio lectura parcial de una nueva comunicación en la que organizaciones sociales y cívicas de Chocó y la Diócesis de Quibdó ratifican y suscriben la carta que Palacios le entregó al Presidente, Iván Duque, en la Casa de Nariño el pasado 8 de enero. Así mismo, se refirió al comunicado de los Obispos del Pacífico y Suroccidente con fecha del 11 de enero de 2020.
La CIVP considera que el coronel Cardona está abusando de su posición de poder y hace presión sicológica y legal a Leyner Palacios, quien ya está sometido a una alta tensión tras las amenazas de muerte que recibió el pasado 3 de enero por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Para la CIVP, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán debe dedicar sus esfuerzos a garantizar la seguridad y la libre circulación de todas las comunidades afro e indígenas del río Bojayá, y no poner nuevamente en duda la palabra y testimonio de líderes, comunidades, organizaciones sociales del Chocó y Diócesis de Quibdó.
Se reitera lo expresado en la carta del 8 de enero al Presidente: “Las comunidades pedimos respeto a nuestros testimonios, pues ante la actual crisis de Bojayá, el Ejército Nacional y otros funcionarios del Gobierno Nacional han estado desmintiendo y minimizando la palabra de quienes vemos y padecemos la presencia, en número, zonas y agresiones de los actores armados en la región. Con lo cual se evade responsabilidad por parte del Estado y se pone en mayor riesgo a la población civil, se genera daño a la legitimidad del mismo Estado por la pérdida de la confianza entre éste y las comunidades que quedan en condición de vulnerabilidad”.
