El líder comunal prefiere que no se publique su nombre. Explica que vive en el barrio Viento Libre de Buenaventura, plena Comuna 4 de la ciudad, una de las zonas con mayores índices de violencia, disputada por tres grupos armados ilegales: Los Urabeños, La Empresa y uno que recientemente apareció y se hace llamar las Autodefensas Gaitanistas.
En Viento Libre – también lo llaman Viento Plomo – el silencio es un seguro de vida. El líder comunal, además de pedir la reserva de su identidad, habla en susurros y confirma lo que había asegurado Alexánder Micolta, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio.
En la ciudad la gente tiene miedo, pocos se arriesgan a denunciar a los delincuentes que controlan los barrios y extorsionan a los tenderos, a los vendedores de tinto, de jugo, con una amenaza que ya se está volviendo común – la utiliza cualquiera que pretenda asustar – y que resulta terriblemente efectiva tras las últimas noticias: o me pagás la ‘vacuna’ o te pico en pedacitos.
En lo que va de 2014, en Buenaventura se han cancelado 134 registros mercantiles de personas naturales, es decir que 134 negocios (una tienda, un granero, el puesto de arepas) han cerrado. Además, se ha registrado una disminución del 17% en la apertura y registro de este tipo de negocios con respecto al año anterior. Todo apunta a que la violencia y las extorsiones de las bandas delincuenciales lo explicarían, aunque no hay manera de comprobarlo, precisamente, por la falta de denuncias, dijo Alexánder Micolta.
Es jueves y el líder comunal que ha solicitado la reserva de su identidad se encuentra en la cafetería de un supermercado ubicado en el Muelle Turístico. Continúa denunciando lo que sucede en la Comuna 4 con voz apenas audible.
Afuera, en el Muelle, en el Parque Néstor Urbano Tenorio, en el famoso Café Los Toneles, en cambio, otros ciudadanos comentarán durante el día y a viva voz el anuncio que hizo el gobierno: ante la violencia, más de 60 homicidios en lo que va del año 2014, una decena de cuerpos desmembrados hallados, se militarizará la ciudad, especialmente las comunas 3, 4, 10 y 12.
A los 380 policías que llegaron el mes pasado, entonces, se les sumaron 400 nuevos soldados que ya patrullan las calles y entre 180 y 200 hombres que reforzaron la Infantería de Marina, según lo anunció el Contralmirante Pablo Romero Rojas, Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.
Con los nuevos militares, más los 1400 policías con los que contaba la ciudad, además de 900 hombres de la Armada y sus tres batallones, se incrementarán las operaciones urbanas contra las bandas delincuenciales.
En la zona rural, es la estrategia, también se reforzarán operaciones, especialmente contra el narcotráfico y las Farc, exactamente contra la columna móvil Libardo García por el norte, zona del Bajo Calima, y el Frente 30 que opera en los ríos del sur del territorio como el Anchicayá, Raposo, Cajambre y Yurumanguí, zonas donde se instalarán puestos de control de la Infantería de Marina para vigilar corredores estratégicos en los que se mueven drogas y armas.
Otra de las medidas del plan de militarización de la ciudad consiste en incrementar el número de tropas en veredas como San Isidro, en el Bajo Calima, donde se presentó un desplazamiento masivo de por lo menos 400 personas, debido a enfrentamientos con las Farc.
“El objetivo con este reforzamiento militar en Buenaventura, como lo hemos llamado a nivel local, es recuperar la sensación de seguridad entre la gente, causar un impacto que sea inmediato, sentido, demostrable”, dijo el Contralmirante Rojas.
En el Muelle Turístico los taxistas celebraban el anuncio de los nuevos militares. Lo mismo ocurría en el centro de la ciudad, donde se encontraba Miguel Aya Muñoz, propietario de la Papelería Málaga y Presidente de la Agremiación de Comerciantes.
Lo que está pasando, las medidas sociales – el Presidente Santos delegó a David Luna, consejero para las regiones, como el coordinador de la intervención social en Buenaventura, por ejemplo – y las medidas militares que están impulsando, decía Aya tras el mostrador de su negocio, significa que el gobierno está escuchando a los ciudadanos que han salido a marchar, que han organizado un plantón, para protestar contra la violencia.
“Buenaventura está despertando. Por eso el gobierno está actuando. Y a mí no me disgusta que vengan más militares. Si a veces nos quejamos porque suceden delitos y no vemos un Policía cerca para pedir ayuda, ¿por qué no vamos a querer que llegue más Fuerza Pública?”
En la cafetería del supermercado, en cambio, el líder comunal no luce tan satisfecho. Sonríe con ironía, dice que militarizar la ciudad es una estrategia que es bienvenida entre la gente, que efectivamente es importante para dar una respuesta inmediata a lo que está pasando, la violencia cotidiana, pero por su experiencia, asegura, a largo plazo más militares no son solución para los problemas de Buenaventura.
“Siempre han militarizado a la ciudad. No es una decisión nueva. Y ha pasado lo siguiente: no es que propiamente la militarización garantice resultados, sino que simplemente los delincuentes se quedan quietos. Así operan las bandas en estas situaciones. Lo he detectado en la comuna en ocasiones anteriores en donde se han tomado estas medidas y es lógico. ¿Qué haría usted si fuera un delincuente y ve tanto militar?
No se arriesga, no hace nada, se queda quieto. Y en uno, dos meses, cuando la Fuerza Pública empiece a salir gradualmente, suponiendo que ya todo está controlado, volverán las acciones de estas bandas. Buenaventura, lo que necesita, es una política social de Estado a corto, mediano y largo plazo” dice el líder y enseguida advierte.
Pueda que el país esté horrorizado por los cuerpos descuartizados que se han encontrado y por ello se haya pegado el grito en el cielo, pero la realidad es que en Buenaventura la violencia ha permanecido de manera sostenida desde 2004, cuando las Farc y los paramilitares se disputaban a muerte zonas de baja mar. Es decir que lo que viene sucediendo, para los habitantes, no es nada nuevo, a nadie sorprende.
La violencia en Buenaventura, incluso, se les volvió tan natural a los ciudadanos, que en algunos barrios a nadie se le hace extraño que la gente llame a los delincuentes “jefes” y les pidan permiso para hacer cualquier actividad: un encuentro deportivo, una fiesta comunitaria. Convivir con la delincuencia, en una ciudad sin empleo, se volvió un asunto normal, cotidiano.
Tal vez eso explique por qué el mismo Asesor Presidencial para Asuntos Afrocolombianos, Óscar Gamboa Zúñiga, no crea tampoco en que la militarización de Buenaventura vaya a lograr disminuir la violencia como se está esperando.
“Podemos traer cien mil soldados, pero mientras el problema social no lo resolvamos, tengo dudas de que la eficacia de la militarización se sostenga seis meses si quiera. Una ciudad como Buenaventura no puede tener un desempleo que hace rato superó el 50%. Cuando la gente no tiene ingresos, un trabajo, una microempresa, el demonio entra y hace fiestas. Y hoy está haciendo la gran fiesta en Buenaventura”.
Un analista del conflicto que pidió no ser identificado opinó algo parecido. La orden de militarización de Buenaventura es una reacción del gobierno ante la presión de los medios del país y del exterior, así como de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch, que advirtió que en el puerto continúa la presencia paramilitar.
Y no solo Buenaventura ha sido militarizada en varias ocasiones sin que eso surta un efecto duradero, sino que lo mismo ha sucedido en ciudades como Cali, donde en 2011 se anunció un gran plan choque contra la inseguridad – a la ciudad llegaron 1.331 nuevos Policías que hicieron redadas durante días y requisas en las llamadas ‘ollas’ – y sin embargo hoy, tres años después, la situación de la ciudad sigue siendo la misma, las estadísticas apenas comienzan a ceder.
El líder comunal, aún sentado en la cafetería, está de acuerdo. Mientras no exista una política social de Estado, la violencia en Buenaventura, sospecha, seguirá siendo noticia a pesar de los militares de lentes oscuros en las calles. ¿O qué explica que Buenaventura siga sin el servicio de agua potable durante las 24 horas del día? La falta de interés político por la ciudad, la falta de una política social, dice y enseguida se pregunta: ¿Qué pasaría con los anuncios del gobierno para la ciudad – un megacolegio, una nueva sede del Sena, $800 mil millones de inversión, la gerencia social, si en los próximos comicios no hay reelección?
La misma pregunta la había hecho antes de llegar a la cafetería, mientras se encontraba reunido con funcionarios del Ministerio del Interior, que arribaron a Buenaventura para coordinar la intervención social que anunció el gobierno. No le supieron responder, dijo.
