A pesar de que el Gobierno Nacional y las mismas autoridades locales no tienen duda sobre la importancia de Buenaventura por su contacto con los países de la Alianza Pacífico, en el puerto hay una queja para que en Bogotá escuchen sus necesidades.
Para Adriana, una líder que pide no dar su nombre verdadero porque «la situación no está para dar declaraciones», lo primero para resolver es que «aquí no hay agua potable. La salud es pésima. Somos receptores de desplazamiento. Entre la ciudadanía hay miedo por el conflicto en el que vivimos».
Un conflicto que, según la prensa local, en los últimos meses ha dejado, entre otros hechos, 122 asesinatos, algunos de ellos perpetrados con extrema sevicia, pues seis cadáveres fueron encontrados en las playas del puerto descuartizados.
La situación en el puerto es tan compleja que solo en la mañana de ayer se presentaron seis muertes violentas, la mayoría de ellas en barrios de la Comuna 12.
El delegado de la Defensoría del Pueblo, Juan Manuel Osorio, le dijo a Colprensa que la crisis la genera la presencia de las Farc, «los Urabeños» y «los Rastrojos». «La tragedia humanitaria se ha agudizado por el incremento de los asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos».
El director del Centro Nacional para la Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, manifestó a Colprensa que se dispararon los asesinatos y cada vez es más frecuente la existencia de las llamadas «casas de pique», que son casas de tortura de grupos armados.
Adriana resume los hechos así: «En Buenaventura hay tres clases de muerte. Una física, una ideológica y la del olvido. Lo que deben mirar es que en el Puerto hay personas, que no es solo un puerto. Piensan en desarrollo, sin contar con nosotros».
Leonidas Martínez, presidente de la Asociación de Juntas Comunales, dijo que lo más complejo es que «desaparecen gente, pero nadie denuncia. Más allá de esto el problema es socioeconómico, no hay empleo. La inseguridad es debido a la pobreza, hay gente que no tiene para comer y aparte de eso, la llegada de tantos desplazados congestiona la ciudad».
Leonidas lo expresa así: «Estamos viviendo entre Dios y el diablo. Además de la violencia, el agua es un mal que no nos cura. Si llueve nos quedamos sin agua y si hace calor se secan los ríos. Buenaventura merece otra suerte».
El alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, asegura que en el puerto «siempre hay presencia de actores al margen de la ley y que la Policía tiene el control absoluto».
Monseñor Héctor Epalza, obispo de Buenaventura, ha dicho en reiteradas entrevistas que el puerto es la «patria del miedo» y ha pedido la intervención del Gobierno. «Llevo nueve años al frente de la iglesia local y en ese tiempo la gente sigue siendo marginada, no hay una obra significativa; habrán pavimentado una calle, otra cosa parecida, pero una obra que haya mostrado el progreso no la tenemos», le dijo monseñor a El País a principio de año.
El diputado del Valle, Rolando Caicedo, indicó que se requiere un análisis integral que visibilice la región para convertirla en un polo de desarrollo, pero «eso no será posible mientras las decisiones trascendentales se tomen en Bogotá y a Buenaventura se le mire como un simple embarcadero de mercancía».
Adriana, entonces, sentencia: «De todas las muertes que hay en Buenaventura, me duele la del olvido; ha sido
Ricardo Mosquera, exrector de la Universidad Nacional y experto en el Pacífico, dijo que «si Colombia, como lo plantea el Gobierno, está pensando en la llamada Alianza del Pacífico, para hacer un bloque con Suramérica, hay que preparar la región con mejores condiciones socioeconómicas, incorporar el Pacífico al país. El auge de Asia implica un cambio en las estrategias y Colombia tiene que prepararse para eso».
EN DEFINITIVA
Los habitantes de Buenaventura reclaman atención social, en pleno debate por convertir al puerto en un polo de desarrollo para que sea el contacto de Colombia con los países de la Alianza Pacífico.
