Los campesinos que repoblaron buena parte del corregimiento Campo Alegre, municipio de Riosucio, en el Atrato medio chocoano, son conscientes de que los predios que ocupan desde junio de 2001 tienen problemas de titulación, pero esgrimen un argumento de peso para enfrentar la situación: llegaron allí con ayuda del Estado.
Se trata de un predio de 1.100 hectáreas ubicado en la vereda Santa María la Nueva del Darién, comprado por Sor Teresa Gómez Álvarez al narcotraficante Hugo Fenel Bernal Molano por 100 millones de pesos y que luego donó a la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba) para que adelantaran allí un proyecto de cultivo de plátano de exportación.
Sin embargo, no todo es tan claro en este negocio y la falta de transparencia en la transacción de esas tierras tiene hoy enfrentados a los campesinos que hicieron parte del repoblamiento con aquellos que eran poseedores del predio a mediados de la década del noventa y que han comenzado a reclamar sus posesiones por las vías jurídicas, amparados en la Ley 1448, llamada de Víctimas y Restitución de Tierras.
En medio de este litigio se encuentran 435 familias que están asentadas en las 1.100 hectáreas de propiedad de Asoprobeba y las reclamantes que, según pudo establecer VerdadAbierta.com, son por lo menos 11 familias. Unas y otras están inmersas en un problema que requiere urgente atención del Estado para evitar un conflicto mayor.
Proyecto para desplazados
Todo empezó el 23 de junio de 2001 cuando se constituyó Asoprobeba en el Urabá antioqueño con un grupo de 164 familias desplazadas de la violencia venidas de diversos municipios de esa región agroindustrial y de otras zonas del país. La Asociación fue registrada en la Cámara de Comercio el 2 de julio de ese año como una entidad sin ánimo de lucro que propende por «la defensa gremial del campesino productor de la comunidad asociada». Sor Teresa Gómez Álvarez fue la primera representante legal.
Jesús Pérez, actual presidente de la junta directiva de Asoprobeba, le contó a VerdadAbierta.com cómo fueron los inicios de ese proyecto de producción de plátano para la exportación. «El proyecto nació para la gente que se encontraba desplazada en Belén de Bajirá, pero ellos no quisieron volver a entrar».
Muchos campesinos abandonaron esa región a mediados de la década del noventa, cuando facciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) llegaron a la zona e impusieron un férreo control paramilitar con el supuesto objetivo de combatir a la guerrilla de las Farc.
«Entonces, en vista de que los de Belén de Bajirá no quisieron acudir al proyecto, invitaron gente de afuera, para ello conformaron un comité en Chigorodó que convocara a desplazados de otras partes», precisa este líder campesino.
Jesús y su familia se desplazaron de la vereda Piedras Blancas, de Carepa, una zona sobre la serranía de Abibe que padeció la violencia guerrillera y paramilitar a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil. Sin más herramientas que sus manos de labriego se inscribió en Asoprobeba y lo enviaron a la Santa María la Nueva del Darién. Con él, llegaron otras 163 familias.
«Todos entramos en calidad de desplazados», dice. «A cada uno nos donaron 6 hectáreas en promedio, con el compromiso de que sembráramos plátano de exportación. Todos entramos el 23 de junio de 2001». Para fortalecer ese proyecto, Asoprobeba suscribió un acuerdo con Uniban, una de las mayores comercializadoras de la región.
Estas familias también recibieron el respaldo de la Diócesis de Apartadó, liderada en esa época por el sacerdote Leonidas Moreno, quien dirigía la Pastoral Social; además, recibieron ayuda de la agencia presidencial Acción Social, el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Incora.
Doce años después, el proyecto se ha fortalecido y en la actualidad lo integran 276 familias, de las 435 que habitan la vereda, todas ellas en las 1.100 hectáreas de Asoprobeba. La producción de plátano se la venden a Uniban y también a Banur, Banacol y a Del Monte. Varios de los productores han recibido incentivos agrícolas en los últimos años.
Negocio turbio
Detrás de ese proyecto productivo estaban los paramilitares. Según versiones de varios ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la distribución de tierras entre desplazados para el cultivo de plátano fue idea de Vicente Castaño Gil, poderoso jefe de esta organización armada ilegal, quien trató de compensar con esta iniciativa a los campesinos afectados por la siembra de palma de aceite a finales de la década del noventa en esa región chocoana.
El ex comandante paramilitar Ever Veloza Garcia, alias `HH`, declaró ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que Castaño Gil «sembró plátano para desplazados en Bajirá para mantener a la gente calmada y seguir con la palma, sin que por su mente se alejara la idea de utilizar al Estado, el pensado de Vicente era ése».
Otro ex paramilitar que se ha referido al tema es Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias `Monoleche`, escolta de Vicente Castaño Gil por varios años. Según él, una vez Sor Teresa Gómez Álvarez dejó de manejar la empresa Urapalma, su jefe le ordenó desarrollar el proyecto de plátano.
Sobre el tema también ha hablado ante la justicia Remberto Manuel Álvarez Bertel, un ex miembro de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), quien señaló que se intentaba trasladar a Urabá el modelo de proyectos sociales desarrollados en Córdoba: «Con base en la fundación, Vicente quería hacer un proyecto de plátano en Urabá, con las negritudes; luego de compradas las tierras, Vicente se traslada para mirar las tierras para sembrar el plátano, para entregarle a cada familia de 7 a 10 hectáreas, luego de ello empezó a trazar las tierras, para sembrar el plátano, entregándoles las tierras preparadas y aradas; Teresa quedo encargada de conseguir la semilla de plátano, tierra que, finalmente fue comprada o conseguida por alias `Napo`».
¿Y cómo se consiguieron la tierra?
Jesús Pérez, el presidente de la Junta Directiva de Asoprobeba, sacó de un viejo cajón varios documentos que, a su juicio, respaldan la posesión de la tierra. El primero de ellos es la escritura pública de compraventa N. 949, del 14 de diciembre de 2002, registrada en la Notaría Única de Carepa. Ante el notario comparecieron Hugo Fenel Bernal Molano, como vendedor, y Sor Teresa Gómez Álvarez, en representación de la Asociación, como compradora. La transacción de las 1.100 hectáreas se hizo por 100 millones de pesos.
Valga señalar que Bernal Molano es un narcotraficante que purga una condena en Estados Unidos donde fue juzgado por delitos asociados a la exportación de cocaína hacia ese país luego de ser extraditado por las autoridades colombianas a finales de octubre de 2008.
El segundo documento que muestra Jesús es un certificado de tradición y libertad impreso el 27 de diciembre de 2002, sobre una propiedad cuya matrícula inmobiliaria es 180-20638, que corresponde a un lote de terreno de 1.100 hectáreas. La primera anotación está fechada el 8 de marzo de 2002 y corresponde al registro del título que el entonces Incora regional Chocó le hizo de este terreno a René Palacios mediante Resolución N. 0311 del 26 de marzo de 1992, es decir, este procedimiento se hizo diez años después de la adjudicación.
La segunda anotación tiene fecha del 17 de abril de 2002 y relaciona la venta del predio por 100 millones de pesos de René Palacios a Hugo Fenel Bernal Molano registrada en la escritura pública N. 220 del 6 de abril de ese año de la Notaría Única de Carepa. La tercera y última anotación corresponde a la transacción del predio entre Bernal Molano y Gómez Álvarez.
«Nosotros tenemos las escrituras, la resolución y demás papeles, y con eso nos hacen créditos», explica Jesús, quien asegura que no sabe cómo Rene Palacio obtuvo el título de adjudicación del Incora. «En mi consideración esto no fue ilegal, tanto así que este proceso lo lideró la Diócesis de Apartadó», reitera el labriego, quien asegura que las parcelas fueron entregadas a cada uno de los campesinos bajo la figura del comodato, a 20 años.
En defensa de los parceleros de Asoprobeba, su líder indica que la legalidad del proyecto está determinada por el apoyo que recibieron de diversas entidades estatales y de la empresa privada.
«Nos organizamos como productores plataneros, tenemos registro de la DIAN y de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Riosucio; cuando llegamos acá hizo el acompañamiento Uniban S.A., hicimos unos compromisos, firmamos unos contratos, porque nosotros íbamos a trabajar directamente con esa empresa», cuenta Jesús.
Sin embargo, las irregularidades que rodean este proceso fueron detectadas por el Incoder (antiguo Incora). En un informe fechado el 12 de julio de 2012, se determinó no sólo la irregularidad de la adjudicación del predio sino su ubicación en territorios colectivos protegidos por la Ley 70 de 1993, lo que impedía su transacción comercial.
Señala este informe que de las 1.100 hectáreas en discusión, 215 están localizadas en el territorio colectivo de Curbaradó y 885 hectáreas en el territorio colectivo colindante adjudicado al Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla.
En cuanto a la documentación existente, el Incoder advirtió que «una vez evaluados dichos documentos se encuentra que estos títulos apócrifos, precarios y presuntamente falsos no acreditan propiedad privada». Varias son las razones que expone esta dependencia estatal para sustentar esta afirmación.
Una de las razones de mayor peso es la inexistencia de la Resolución N. 0311 del 26 de marzo de 1992, mediante la cual presuntamente el extinto Incora adjudicó 1.100 hectáreas al señor Rene Palacios Agualimpia: «no existió ni existe, pues nunca fue expedida por el Incora tal como lo certificó la Oficina de Archivo del Incoder».
Otra de las razones es que la inscripción de la resolución de adjudicación Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Quibdó, fue irregular y extemporánea: «el folio de matrícula inmobiliaria de dicho predio se abrió en marzo del 2002, cuando ya las tierras hacían parte del título colectivo del Consejo Comunitario del Río Curvaradó tituladas por el Gobierno Nacional mediante la Resolución número 2809 de 22 de noviembre de 2000». Y además, se hizo cuando la resolución había perdido eficacia legal.
«Como puede verse, estos títulos no resisten el más mínimo análisis jurídico para acreditar propiedad privada y en consecuencia, las áreas indebidamente ocupadas y repobladas corresponden a los territorios colectivos de Curvaradó y Pedeguita y Mancilla», precisó el Incoder, que solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro revocar la inscripción de este título falso que continua vigente y sugirió denunciar penalmente el hecho «para que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones penales que correspondan de acuerdo con sus competencias».
Un año después de ese informe, las investigaciones parece que no avanzan. Según Jesús Pérez, «a nosotros nadie nos ha citado a ningún lado este año, queremos que se conozca el caso para ver cómo se puede resolver este lío».
Llegan los reclamantes
El problema tiende a agravarse con el paso de los días. A las irregularidades documentales se suma la aparición de los reclamantes de los predios, quienes habitaban la vereda antes de que llegara el proyecto de Asoprobeba y salieron de allí a mediados de 1996 huyendo de la violencia. Una de las primeras en dar la cara es Marleny Benítez, una recia campesina empecinada en recuperar lo que una vez fue suyo y de su familia.
«Estamos reclamando porque somos los dueños. La violencia nos hizo desplazar en 1996. Nunca vendimos, lo dejamos todo, nos fuimos de aquí a Bajirá y luego a Medellín», cuenta Marleny, quien desde el pasado 4 de septiembre levantó un rancho en medio de un potrero que dice ser suyo. Allí vive, casi a la intemperie, con una de sus hijas, su compañero sentimental y varios nietos. Su caso ya lo denunció ante la oficina de la Unidad de Tierras en Apartadó, Urabá antioqueño.
Solo esta mujer y su familia han ingresado a la vereda, pero se estima que diez familias más, antiguos propietarios de esas tierras y que al parecer fueron despojadas por René Palacios y luego aparecieron adjudicadas a su nombre, están tentados a regresar a sus parcelas, tal como lo hizo Marleny.
«Nosotros vivíamos aquí desde 1993, le compramos a otros dueños y ellos nos están ayudando a recuperar lo nuestro», dice la señora, quien con su familia padeció por más de diez años la condición de desplazamiento en Medellín, donde fue asesinado su esposo.
Su llegada al predio y armada del rancho fue rechazada por algunos miembros de Asoprobeba, quienes intentaron desalojarla: «Cuando entramos aquí estaba la gente con machetes, palos, para no dejarnos quedar. Nos mocharon los palos del rancho. La primera noche la pasamos en una empacadora de plátano».
A Marleny la acompaña Felipe Triana, un propietario de tierras colidante a las 1.100 hectáreas de Asoprobeba, que le fueron invadidas por los cultivadores de plátano. «Lo mío no está dentro de la propiedad de ellos, pero me la invadieron y ahora no quieren salir de allí», dice el hombre, a quien le adjudicaron a él y a su familia 85 hectáreas a comienzos de la década del noventa.
Estos campesinos se animaron a reclamar luego de la visita presidencial el 11 de febrero de 2012 a Necoclí, cuando desde allí se promovió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en un acto multitudinario en el que estuvieron presentes Marleny y Felipe. Desde ese momento, se decidieron a buscar la restitución de sus predios.
Jesús Pérez, quien preside la junta directiva de Asoprobeba, es consciente de la situación y admite que se requieren soluciones urgentes: «Yo tengo aquí el trabajo de 12 años, ¿quién responde por ellos? Estamos metidos en un problema, pero no tenemos nada que ver con el problema, llegamos acá en torno de un proyecto productivo apoyado por el Estado. El gobierno nos metió en este problema y el gobierno nos tiene que solucionar, mire que son 435 familias».
