Como agentes de pastoral y acompañantes de las comunidades afrocolombianas, nos invade un inmenso dolor e inconformidad con la difícil y aberrante situación de las comunidades de los municipios de la costa del Pacífico nariñense. La falta de compromiso de los gobiernos locales y departamentales en la defensa del entorno y de la seguridad de sus habitantes.
En estos últimos meses se ha incrementado el reclutamiento de menores de edad en los municipios de Mosquera, Olaya Herrera, La Tola y Barbacoas. El abandono estatal, la falta de oportunidades de estudio y laborales, a que se ven sometidos los ciudadanos, en especial los jóvenes de estos municipios, hace que muchos miren como única opción engrosar las filas de los actores armados y se dediquen a delinquir mientras sus familias se hacen las desentendidas. Muchas veredas y barrios de estos municipios permanecen en silencio, por el temor a ser señaladas y por las represalias que estos grupos pueden tomar contra ellos, lo que los hace cómplices por acción u omisión.
En todo este flagelo las organizaciones de base, los consejos comunitarios y los cabildos indígenas continúan poniendo víctimas directas en este conflicto, colocando líderes asesinados, amenazados y desplazados por resistir a la dominación de los grupos armados. En su mayoría la autonomía de las organizaciones etnicoterritoriales se encuentra amenazada, porque en muchos de sus territorios los grupos armados hoy han usurpado el control.
Desde hace unos cuatro meses hacia acá las guerrillas de las FARC y del ELN se han tomado los cascos urbanos y zonas rurales de muchos de los territorios de la costa Pacífica nariñense; intentan obligar a algunos representantes legales y autoridades territoriales a ser partícipes de un proyecto político que quieren implementar en la zona, de negociaciones amañadas en las zonas mineras e intentan vincular personas de sus grupos a algunas juntas de los Consejos Comunitarios. Todo esto utilizando el poder de las armas.
La defensa de la vida de cada uno de los hombres y mujeres que tradicional y ancestralmente han vivido y cuidado el territorio exige un compromiso eficaz, organización en los sectores, coordinación institucional, autoridades cumplidoras de su deber constitucional y legal, funcionarios responsables y ciudadanos honestos que sean capaces de privilegiar el beneficio común por encima del egoísmo particular, aunque esto nos traiga a todos incomodidades y tareas que comprometan nuestra responsabilidad personal, comunitaria e institucional.
Hoy elevamos nuestra inconformidad por el abandono y la negligencia del gobierno a este problema sistemático que no sólo pone en riesgo la vida de estos pobladores, sino también la permanencia, el uso y disfrute de un ambiente sano, libre de violencia, que le permita vivir y hacer honor al territorio donde se encuentran ubicados: “el Pacífico” tierra ancestral y culturalmente de paz.
Hacemos también un llamado al gobierno para que mire a estos municipios y pueblos no sólo por la riqueza con que cuenta, sino como seres humanos que merecen vivir digna y tranquilamente dentro de sus territorios, recordarle que también somos parte de Colombia y que sufrimos en carne propia el flagelo del conflicto armado.
Por todo lo anterior, solicitamos a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y demás órganos de control que operen de la manera más efectiva y perentoria, privilegiando la acción oficiosa, a fin de aplicar Justicia y detener esta política de exterminio hacia la población afrocolombiana e indígena, dueños ancestrales de estos territorios.
