Elizabeth Quejada Mayo, juez segunda Penal Municipal con funciones de control de garantía ambulante, dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra nueve de las diez personas capturadas el pasado 6 de junio en distintas partes del Chocó, por presuntos vínculos con bandas criminales y de narcotráfico.
La juez dejó en libertad a Jhovanny Becerra Córdoba, soldado del ejército del área de inteligencia.
Las audiencias de legalización de capturas, formulación de imputación de cargos y medidas de aseguramiento se prolongaron desde el jueves hasta el sábado 8, arrojando el siguiente resultado:
En la cárcel Anayancy de Quibdó fueron recluidos Miguel Angel Rengifo Hinestroza, (abogado Temis), el agente del CTI Noel Arcindo Mena Mosquera y Robin Edison Mosquera. A la cárcel de Istmina fueron remitidos José Eduardo López y Juan Carlos Murillo. Los agentes de la policía Óscar Enrique Mosquera Quinto, Neider Moreno Valoyes y Eder Salas Serna, y el sargento del Ejército Óscar Antonio Pino se encuentran detenidos en los calabozos del Palacio de Justicia, pues no fueron recibidos por la Policía, ni por el Ejército por falta de lugar para su reclusión.
Santiago Uribe Vélez reclama 1.250 hectáreas en Bebará
Dice que el terreno le pertenece por «herencia de mi bisabuelo» y que está ocupado por «invasores sin Dios ni ley».
Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde hace cinco años adelanta acciones jurídicas buscando el reconocimiento como propietario de un terreno de 1.250 hectáreas entre los ríos Bebará y Bebaramá, con el objeto de explotar sus ricos yacimientos de oro.
Según El Espectador, Uribe Vélez sostiene que dicho terreno fue adquirido por su bisabuelo Juan de Dios Uribe Toro el 9 de mayo de 1898 y que le corresponde por herencia familiar.
