Hace un par de semanas se conoció la noticia del año en el mundo energético: la fusión de las firmas suizas Xstrata y Glencore para conformar la tercera mayor empresa global en el negocio de materias primas. Para Colombia esto es de gran trascendencia pues la compañía queda como la mayor productora de carbón nacional con la tercera parte del mercado que, después del petróleo, le genera mayores ingresos al país.
En entrevista con The Wall Street Journal, el director ejecutivo de la nueva corporación, Ivan Glasenberg, dijo que “no se abrirá ninguna botella de champaña” para celebrar la fusión, pues para ellos es una operación habitual. Varias autoridades del país tampoco están para celebraciones luego de descubrir las jugadas de esta empresa para que su gigantesca operación carbonífera Cesar y La Guajira, manejada principalmente por la firma Prodeco, quedara libre de impuestos.
Para esto hicieron múltiples negociaciones entre sus propias empresas, con lo que generaron una deuda multimillonaria en dólares que les permitiría deducir de sus gravámenes “1.500 millones de dólares, por poquito” según le dijo a SEMANA Juan Ricardo Ortega director de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Para todo fin práctico esta deuda era un “crédito ficticio” que le significaría a la multinacional dejar de pagar tributos por unos 15 años, si se toma como referencia el informe de responsabilidad social del 2011 de la firma Prodeco, que dice que ese año pagaron 100 millones de dólares en impuestos.
La estrategia implicaba varias etapas de complejas transacciones en paraísos fiscales, pero terminó derrumbándose a último minuto cuando se encendieron las alarmas de la Superintendencia de Sociedades, la Contraloría General y la Dian. Pese a esto, la preocupación sigue latente pues para estas entidades hay serios indicios de que otras multinacionales están utilizando atajos similares para evitar pagar impuestos.
Todo comenzó cuando Glencore vendió y recompró a Xstrata todos sus activos en Colombia. Para ese momento Glencore tenía el 30 por ciento de Xstrata y la transacción se hizo en el exterior. En la recompra a comienzos de 2009, Glencore se comprometió a pagar 3.500 millones de dólares, mucho más del valor por el que había vendido meses atrás los mismo activos. Es decir vendió barato y recompró caro. Esto fue justificado bajo la figura del crédito mercantil, que se da cuando en la compra de una empresa se paga un valor extra por cuenta de un intangible como una marca o el llamado good will.
En febrero de 2010 funcionarios de la carbonera registraron en Bogotá la empresa Damila Holding, para poner a nombre suyo todos los activos en Colombia. En ese punto esta negociación comenzó a tener relevancia tributaria en el país. Damila se fundó con un patrimonio de 50 millones de pesos y a los seis meses recibió de la sucursal de islas Bermudas del banco Barclays un inusual préstamo por 3.500 millones de dólares (unos 7 billones de pesos). Con ese dinero Damila pagó el compromiso adquirido con Xstrata año y medio atrás por intermedio de varias empresas en paraísos fiscales. De esta forma quedó como dueña de toda la operación de Colombia dispersa en empresas como Prodeco, Carbones de la Jagua y Carbones El Tesoro.
El siguiente paso era fusionar estas empresas con Damila, con lo que todo el conglomerado carbonero tendría que asumir la multimillonaria deuda. De concretarse este último punto de la estrategia de Glencore, se habría configurado la billonaria disminución de impuestos.
El yo con yo
En mayo de 2010 un abogado que no dijo actuar en nombre de la carbonera hizo una consulta en abstracto a la Supersociedades, en la que explicaba la negociación sin mencionar los nombres de las firmas involucradas. El propósito era lograr un concepto que validara lo que Glencore ya estaba haciendo.
Pocos meses después, un estudio sectorial de la misma entidad permitió identificar que varias minas en el país operaban aisladamente cuando en realidad eran del mismo dueño. Ese era el caso de Glencore, que fue multada con 500 millones de pesos por no registrar sus empresas como parte de un grupo empresarial.
De otro lado, a la Contraloría General llegó un anónimo con documentos en los que se denunciaba el “desfalco de las finanzas públicas”. El ente de control revisó las operaciones cambiarias, los antecedentes con la Supersociedades y las consultas a la Dian, y encontró evidencia de la irregular transacción de Glencore a través de Damila.
Voceros de Glencore le dijeron a SEMANA que lo que único que buscaban era simplificar la estructura de la organización y que por el camino se encontraron con esa fórmula que les permitía una “eficiencia tributaria”. Que la intención de la multinacional no era evadir impuestos, que siempre se movieron dentro de la ley, y que prueba de esto es que consultaron a las autoridades si era posible hacer la transacción y la suspendieron cuando recibieron la negativa.
Sin embargo, para el director de la Dian esto “no es creíble” ya que “cualquiera con dos dedos de frente sabe que el carbón vale por las reservas, no porque esté asociado a un good will, dice Ortega, pues de ninguna manera se puede amarrar el valor del carbón con el nombre de la empresa que lo extrae, que era lo que se pretendía con el crédito mercantil.
Para las autoridades también fue llamativo el crédito por 3.500 millones de dólares que recibió Damila, pues es difícil de creer que un solo banco asuma tanto riesgo. Por ejemplo, para la misma época en Colombia, Ecopetrol adelantó la más grande operación de endeudamiento en la historia del país y logró conseguir 1.100 millones de dólares en una transacción en la que participaron 11 bancos.
En la oficina de Crédito Público del Ministerio de Hacienda le dijeron a SEMANA que si el país requiriera una deuda de ese tamaño, no sería posible tramitarla con la banca privada y que el país tiene un cupo de endeudamiento cercano a ese monto con el Fondo Monetario Internacional, que de todas maneras no desembolsaría nunca ese monto en un sólo giro.
De ahí que para Ortega la negociación de Glencore se parece más a lo que en los negocios se conoce como ‘back to back’, que es una figura donde la plata que presta el banco es del mismo que la está solicitando. Una fórmula muy usada para esconder patrimonios, más cuando las transacciones se hacen con paraísos fiscales, como fue en el caso de Glencore. “Hay cosas que pueden ser legales pero son inmorales. En este caso abusaron de la legislación colombiana y la pregunta es si es correcto hacer cualquier cosa aprovechando que el otro no ve”, dice el director de la Dian.
Pese a que la intervención de las autoridades frustró a último minuto la estrategia de Glencore para evitar el pago de impuestos, aun no es claro si la carbonera al final logró otros beneficios en el exterior, pues por cuenta de esta transacción el valor de sus activos aumentó, a pesar de que en los últimos años ha caído el precio del carbón.
La baja tributación de las multinacionales mineras cada vez tiene mayor importancia en la agenda pública. Por ejemplo, la semana pasada la Contraloría General publicó un informe en el que demuestra cómo con deducciones, descuentos y exenciones se ahorraron el doble de lo que efectivamente pagaron de impuestos. Si a esto se le suman las “eficiencias tributarias” a lo Glencore, la balanza de beneficios para el país queda muy desequilibrada en contra de los ciudadanos, que sí pagan impuestos y solventan los gastos de infraestructura, seguridad y demás que requieren estas empresas para poder operar.
El presidente Juan Manuel Santos tiene en su agenda una cita la próxima semana para inaugurar en Ciénaga, Magdalena, el primer puerto carbonero del país con cargue directo a los barcos, hecho por Glencore. Se da por descontado que estará presente pues será una suerte de saludo a la reciente fusión a nivel internacional. Un buen escenario para recordar que la llamada locomotora minera debe antes que nada producir beneficios para todos los colombianos.
