Siguen los falsos positivos
En días pasados, el Secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry reveló el informe sobre la situación de derechos humanos (DDHH) en el mundo correspondiente a 2012— que incluye un capítulo sobre Colombia —. Este documento había sido presentado al Congreso en febrero, pero hace apenas unos días cobró vigencia en el mundo político pues – aunque no sea un instrumento coercitivo- sí tiene consecuencias para los países allí mencionados.
Como era de esperarse, a Colombia se le siguen reprochando situaciones que a juicio del gobierno estadounidense constituyen violaciones de DDHH. Específicamente se señala que durante 2012 la administración de justicia tuvo dificultades para tomar decisiones eficientes con respecto a los falsos positivos, que siguieron cometiéndose ejecuciones extrajudiciales, y que las autoridades no prestaron debida protección a los líderes campesinos en el proceso de restitución de tierras.
Independientemente de si estos señalamientos son o no son ciertos — yo pienso que sí lo son- es útil entender la naturaleza de estos informes, qué efectos pueden tener sobre la protección y promoción de los DDHH, cuál es su impacto sobre las relaciones políticas y económicas interestatales, qué dice concretamente sobre Colombia y cuáles serán las repercusiones para nosotros.
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Foto- vía flickr por eltiempocomPara qué los informes
El primer Country Report on Human Rights Practicessobre la situación de DDHH expedido por el Departamento de Estado se publicó en 1977, en cumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso.
En plena Guerra Fría y dado el auge del intervencionismo, estos informes fueron concebidos como un mecanismo para expandir un contenido ideológico — el discurso de los DDHH desde una perspectiva individualista — y para influir en la política interna de Estados con los cuales Washington mantenía vínculos políticos, comerciales o militares. La Guerra Fría se acabó, pero los DDHH siguieron su camino hasta consolidarse como un discurso cada vez más influyente en la comunidad internacional.
El documento no tiene efectos directos de carácter jurídico o económico, pues esto violaría el principio de igualdad soberana propio del Derecho Internacional. Pero si tiene repercusiones indirectas en varios escenarios de interacción estatal, debido a la posición privilegiada de Estados Unidos en el concierto mundial.
De hecho, el informe señala que uno de sus propósitos es abogar por la adopción de políticas y prácticas que respeten la visión norteamericana de los DDHH para contar con mejores vecinos, aliados más fuertes y óptimos socios económicos.
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Foto- vía flickr por looksEl Congreso de Estados Unidos tiene la potestad de aprobar o negar los tratados de cooperación en materia económica, social y militar, pero al hacerlo suele tener en cuenta la opinión del poder ejecutivo. Esto explica porqué el Tratado de Libre Comercio con Colombia, negociado en 2007, entró en vigencia apenas en mayo del año pasado: los sucesivos informes del Departamento de Estado bloquearon el visto bueno del Congreso durante cinco años, debido a sus posibles efectos colaterales en materia de DDHH.
El informe es usado por otros órganos del gobierno federal para tomar decisiones como autorizar programas de cooperación. Tal ha sido el caso de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con los recursos del Plan Colombia.
La publicación anual de este informe produce diversas reacciones: desde pánico en los países cuyos programas de desarrollo dependen fuertemente de la ayuda norteamericana, hasta la expulsión de dicha agencia, como fue el caso de Bolivia.
Contenido del informe
El informe — que se pone a consideración del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso — se enmarca en un discurso muy claro sobre el discurso de los DDHH: libertad y democracia como valores fundamentales, que deben expandirse a la comunidad internacional mediante el derecho esto es, mediante el imperio de la ley o rule of law. Por lo tanto el documento tiene las siguientes particularidades:
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En primer lugar, mientras hace un análisis detallado de las circunstancias relacionadas con presuntas violaciones de derechos civiles y políticos — vida, integridad personal, derechos políticos — no hace lo mismo con los derechos económicos, sociales y culturales — salud, educación, alimentación, acceso a servicios públicos… — emparentados con el principio deigualdad, que al parecer no es tan relevante para la política exterior norteamericana en materia de DDHH.
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En segundo lugar, el informe reconoce que hay actores no estatales que tienen gran incidencia — directa e indirecta — sobre las circunstancias causantes de violaciones de DDHH. Si bien incluye abiertamente a los grupos revolucionarios, a las bandas criminales y al terrorismo en general, no se refiere a otros actores que también son responsables de violaciones de derechos humanos, como las empresas multinacionales o las compañías de seguridad privada. En este punto específico, el informe omitió lo sucedido con Chiquita Brands hace unos años.
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En fin, resulta interesante verificar que el informe también se nutre de fuentes de información no oficiales: en concreto, diversas organizaciones de la sociedad civil como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) o asociaciones de población indígena y afrocolombiana. Esto ayudaría a que los resultados fueran imparciales, por recoger los puntos de vista del Estado y de quienes acompañan a las víctimas de las violaciones de DDHH.
¿Qué dice sobre Colombia?
El informe hace una serie de consideraciones sobre la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sobre los diálogos de paz que se adelantan en La Habana – escenarios estos donde los DDHH tienen un papel protagónico.
Se reconoce el inicio formal de las negociaciones con las FARC así como el Marco Jurídico para la Paz, lo cual resulta sumamente relevante, ya que de alguna forma representa un guiño del gobierno de Estados Unidos al proceso.
Esta declaración contrasta con la crítica según la cual los principalestemas de discusión son las acciones militares y el narcotráfico, dejando de lado asuntos tan importantes como el régimen de tenencia y concentración de la tierra, especialmente en el sector rural, así como el manejo de los recursos naturales.
De todas formas, el informe se ocupa de la restitución de tierras desde los ángulos del derecho a acceder a la justicia y la situación de los desplazados. Aquí se anota que se trata de un proceso de justicia transicional y se explican sus arreglos institucionales, incluyendo una referencia a los pueblos indígenas y afrocolombianos, dadas su vulnerabilidad acentuada y su particular relación con la tierra y con los recursos naturales.
¿Podrían dichos señalamientos tener algún efecto sobre el proceso de paz? Dadas la naturaleza y el estado actual de las negociaciones en La Habana, no parece probable que este informe tenga mayor impacto, pero sí puede decirse que su actitud neutral de alguna forma constituye un apoyo – sin llegar a involucrarse como han hecho Noruega, Venezuela o Cuba.
Pero debo subrayar un punto clave: las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no van a cambiar como consecuencia de un eventual acuerdo con las FARC. Eso sí, no cabe duda de que el gobierno de Estados Unidos toma atenta nota de todo lo que sucede en torno al proceso y de que está muy especialmente interesado en la situación de los jefes guerrilleros que tienen procesos pendientes o condenas relacionadas con narcotráfico.
Un eventual escenario de amnistía o de indulto muy seguramente sería criticado por las autoridades norteamericanas, cuyas tesis sobre la extradición no se han modificado.
En medio de la globalización y del cambio en los sistemas de gobernanza global, un informe como este puede tener efectos no deseados o no buscados. Y con mayor razón cuando se trata de Estados Unidos, cuya influencia se ha debilitado en medio de una crisis multiforme en materia de identidad, de seguridad y de economía, pero que sigue siendo una potencia global capaz de provocar una tormenta a partir de un aleteo, como el efecto mariposa.
* Abogado de la Universidad Javeriana, máster en Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales (Ginebra, Suiza) y candidato a Doctor en Derecho de Osgoode Hall Law School – York University (Toronto, Canadá).
TOMADO DE RAZÓNPÚBLICA.COM
