Que hace 21 años la sociedad colombiana realizó un pacto de organización civil y democrática, dando como producto la Constitución de 1991, en la que reconoce a los gobiernos indígenas como autoridades constitucionales en sus territorios. La misma disposición constitucional define que “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”. (Artículo 330 numeral 7).
Que Según el derecho internacional y nacional de consulta previa y con base en la Línea Jurisprudencial de la Corte Constitucional y las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han definido los criterios de relacionamiento entre los pueblos indígenas y el Gobierno Nacional, aclarando que las acciones de intervención en los territorios indígenas que pongan en riesgo la pervivencia física y cultural deben ser debidamente consultados con los pueblos interesados.
Que el recrudecimiento del conflicto armado colombiano y particularmente en el Norte del Cauca, ha llevado a que la población civil indígena se declare en resistencia pacífica frente al conflicto armado al exigir la desmilitarización plena e inmediata de los territorios colectivos, debido a que el fuego cruzado producto de la confrontación armada, viola los derechos humanos, infringe el DIH, y agudiza la situación de exterminio físico y cultural sobre los pueblos indígenas, tal como ha venido siendo señalado por la Corte Constitucional mediante Auto 004 de 2009 y el informe del Relator Especial para las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, de la ONU, James Anaya.
Que las justas exigencias de los hermanos indígenas Nasa del Norte del Cauca, gozan de plena disposición legal y constitucional, y de una profunda fuente de legitimidad, debido que sus peticiones no están encaminadas a la segregación del Estado o a prácticas de separación; por el contrario, la autonomía indígena como derecho constitucional es una herramienta de cooperación de los pueblos indígenas a través de acciones civiles que contribuyen en la construcción de la paz y la armonía del Estado colombiano.
Que los pueblos indígenas en distintas circunstancias hemos reiterado que somos víctimas de un conflicto que no es nuestro, pero del cual hemos sido históricamente víctimas, cuando las secuelas de la guerra afectan nuestras vidas de una forma desproporcional e inhumana.
Que los pueblos indígenas de Colombia hemos rechazado de manera reiterada todos los actos de violencia provenientes de todos los actores armados.
Que la presencia de los actores armados en nuestros territorios obedece a intereses geoeconómicos y geoestratégicos que atentan contra nuestra cultura y autonomía.
Que estamos cansados de la guerra, de la permanente confrontación armada dentro de nuestros territorios el cual afecta a nuestros niños, mujeres y ancianos.
Que al ser estigmatizados, discriminados y criminalizados, afecta el buen nombre del movimiento indígena colombiano.
FUNDAMENTADOS
En la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas que en su artículo 30, establece que NO se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado y en todo caso, los estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
RECHAZAMOS:
La presencia de actores armados en los territorios indígenas, colocando a la población civil en medio del fuego cruzado.
Que se utilicen organizaciones paralelas no representativas de los pueblos y organizaciones indígenas de carácter local, regional o nacional, como la (OPIC) con la aquiescencia del gobierno para generar divisiones al interior del movimiento indígena y mal informar a la opinión pública.
La estigmatización, discriminación y señalamientos que hacen algunos medios de comunicación, políticos y sectores abiertamente anti-indigenistas como el diario El Liberal de Popayán y que colocan en riesgo a las autoridades indígenas la guardia indígena y las comunidades que hoy rechazan la violencia en sus territorios.
Los pronunciamientos del gobierno nacional en cabeza su Ministro de defensa que solo conllevan a incentivar la violencia contra los territorios y autoridades indígenas.
EXIGIMOS:
Al gobierno Nacional un debate público de cara a la comunidad nacional e internacional sobre la crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas de Colombia, en el marco de una iniciativa de paz entre el Estado y la Sociedad Civil.
Que el Gobierno Nacional solicite de manera extraordinaria una visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y conozca de inmediato la crisis humanitaria que vive el pueblo Nasa en el Norte del Cauca y los demás pueblos indígenas de Colombia.
A los actores del conflicto armado, particularmente a las Guerrillas de las FARC, para que respeten la vida y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas. Al igual que exigir a la fuerza pública No utilizar la fuerza contra la población civil indígena, sin que antes se agote la vía del dialogo a través de una comisión nacional de organizaciones indígenas acompañada de los organismos de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas con presencia en Colombia y los organismos del Estado defensores de los Derechos Humanos.
Convocar a la Mesa Nacional de Derechos Humanos a una sesión extraordinaria y ampliada de trabajo en el departamento del Cauca.
Que la Corte Constitucional posibilite a las organizaciones indígenas del país, una Audiencia Extraordinaria que permita evaluar el estado de avance de los Planes de Salvaguarda Étnica y el Programa de Garantías en el marco del Auto 004.
Convocamos a las organizaciones aliadas a la ONIC defensoras de los derechos humanos en los niveles regional, nacional e internacional a realizar un informe conjunto que pueda tenerse en cuenta durante la evaluación de Colombia en el Examen Periódico Universal de la ONU (EPU 2012).
Instamos a la Guardia y a las autoridades indígenas no utilizar la fuerza en los procesos de resistencia.
RESPONSABILIZAMOS
Al gobierno del presidente Juan Manuel Santos de las represalias que se puedan tomar contra la vida, la integridad física y la libertad de las autoridades indígenas y miembros de la guardia indígena en el Cauca y a nivel nacional, como consecuencia de los constantes señalamientos por parte del gobierno nacional y la fuerza pública.
A las FARC, por poner a la población civil en medio de la confrontación armada, reclutando a menores de edad, cooptando la autonomía indígena y utilizando los territorios indígenas para la guerra.
RESOLVEMOS
Acompañar a los hermanos indígenas del Cauca y hacer de su lucha nuestra lucha, por la defensa de la autonomía, el territorio, la cultura y unidad de los pueblos indígenas de Colombia.
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia (ONIC)
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