Las encuestas, tan descreditadas por estos días, no se han equivocado en algo: la mayor preocupación de los colombianos es el desempleo. Según el último estudio de opinión pública de la firma Invamer-Gallup, el 39,4 por ciento de los ciudadanos dice que la principal tarea del futuro gobierno es reducir el desempleo y el 75 por ciento piensa que la situación en materia laboral está empeorando en el país. El Dane les da la razón: en abril, la tasa de desempleo llegó a 12,2 por ciento, la más alta para ese mes desde 2004. Esto significa, nada más y nada menos, que hay 2.668.000 personas que están buscando trabajo y no lo encuentran.
Sin embargo, más grave aún que tener tan alto desempleo (el mayor de América Latina) es la informalidad laboral y empresarial que se está apoderando de la mitad del país. De acuerdo con Fedesarrollo, la informalidad laboral llega al 58 por ciento de los trabajadores y la empresarial al 41,1 por ciento. Pero hay casos más críticos. En las microempresas, la informalidad sobrepasa el 46 por ciento. En Bogotá, donde se ubica una cuarta parte del total de empresas del país, la informalidad también afecta a una gran parte de las empresas y se estima que llega al 36 por ciento.
A pesar de que el país tuvo una fase de expansión económica durante 2003 y 2007, la tasa de desempleo nunca se redujo de dos dígitos y la informalidad que con la crisis de la segunda mitad de los 90 ya venía subiendo, siguió elevándose en los dos últimos años.
Para los economistas este es un cuadro dramático. «Los altos niveles de desempleo e informalidad inciden negativamente sobre el bienestar de los hogares, sobre todo los más pobres, es el principal obstáculo para reducir la pobreza y la desigualdad. Tiene adversas implicaciones sobre la sostenibilidad fiscal», afirman en un documento los investigadores de Fedesarrollo Mauricio Santa María, Roberto Steiner y Erika Shutt.
Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes, considera que en el fondo, el gran problema no es la tasa de desempleo, sino la informalidad, por sus graves efectos sociales y fiscales.
Según Hugo López, gerente del Banco de la República en la seccional Medellín, y uno de los economistas que más han estudiado el mercado laboral, el alto desempleo y la informalidad generan cargas sociales onerosas al Estado y a la sociedad.
En primer lugar, tiene un alto costo de protección social en salud que ya se está viendo. Si bien la afiliación a salud ha avanzado de manera espectacular, actualmente sobrepasa el 86 por ciento, esto no se debe al régimen contributivo (las personas que tienen un empleo y cotizan). La mayor explicación está en el régimen subsidiado que cubre el 51 por ciento de los afiliados. Es decir, cada vez entran más personas que no aportan y son menos los que contribuyen, lo que desequilibra el sistema.
Otro costo tiene que ver con la protección en la vejez. Casi todos los trabajadores no asalariados (en la informalidad) sin estudios superiores, confiesan que no están haciendo nada para mantenerse en su vejez. Esto sugiere, dice López, que hacia futuro el Estado tendrá a su cargo el sostenimiento de una masa muy considerable de personas que no tomaron ninguna medida para protegerse.
Ricardo Bonilla, profesor de economía de la Universidad Nacional, agrega que la informalidad se convierte en una trampa de pobreza. «Si todos llegan a depender de los recursos del Estado, estos no alcanzan y hay que repartir migajas, lo que dificultará progresar y tener prosperidad económica».
Pero el problema no es solo el empleo de mala calidad. La informalidad empresarial también está avanzando. Un estudio de la economista Carolina Ydrovo de la Universidad de los Andes, revela que el 46,2 por ciento de las microempresas colombianas son informales. «Si se tiene en cuenta que en Colombia alrededor del 96 por ciento de las compañías están dentro de la categoría de microempresas, se puede deducir que la informalidad representa un problema de gran tamaño para el país».
Hay una alta probabilidad de que los negocios no formales (no tienen registro mercantil vigente) tengan trabajadores informales, es decir, que no están cubiertos por la seguridad social (salud y pensiones) y tengan salarios por debajo del mínimo.
Estas empresas tienen limitada capacidad de crecimiento y de acceso al crédito, pocas oportunidades de asistencia técnica. Aunque son productivas, contratan menos trabajadores que las firmas formales. En últimas, dice el estudio, «la informalidad empresarial frena el desarrollo del país».
¿Callejón sin salida?
Hay un amplio consenso entre los expertos en que hay que formalizar las empresas para ir saliendo del problema. Proponen adoptar medidas que abaraten la generación de empleo, como alivios a los gravámenes al trabajo y al salario mínimo, que se han convertido, dicen, en estímulos para la informalidad.
Fedesarrollo recomienda diferenciar el salario mínimo por grupos de edad y entre zonas urbanas y rurales. Sugiere que, por lo menos, durante cinco años se ajuste el mínimo únicamente con la inflación del año anterior. Otra propuesta tiene que ver con focalizar los subsidios sociales en la población realmente pobre y buscar mecanismos de salida para evitar que el alivio que se contempla como temporal se convierta en permanente y sea un incentivo para que la gente se perpetúe en la informalidad.
Según la encuesta social de Fedesarrollo, la mitad de los beneficiarios del régimen subsidiado de salud no está dispuesta a perder ese beneficio a cambio de un trabajo formal con igual remuneración.
Para el ex director de Planeación Nacional, Juan Carlos Echeverry -asesor de cabecera de Juan Manuel Santos-, hay que formalizar el mayor número de empresas posible y hacerlo gradualmente. Una de sus propuestas consiste en entregar incentivos, como reentrenamiento a los trabajadores, así como reducir trámites. Su idea es que esos pequeños negocios no paguen el IVA cada dos meses, sino una vez al año e incluso descontar algunos costos parafiscales de este pago.
Por su parte, el ex codirector del Banco de la República, actual decano de Economía de la Universidad Jorge Tadeo, Salomón Kalmanovitz, afirma que el esquema que se ha aplicado en Colombia ha subsidiado la informalidad y castigado la formalidad empresarial. Es necesario, dice, que los negocios formales tengan menores costos (como los parafiscales, los salarios) de tal manera que se estimulen estas empresas y generen empleo. Kalmanovitz es asesor económico del candidato Antanas Mockus.
Pero la fórmula no puede olvidar el crecimiento. Hugo López señala que «para reducir el desempleo y la informalidad el crecimiento es condición necesaria (sin crecimiento no hay empleo), pero no es condición suficiente».
En eso están de acuerdo todos los analistas. Por ello, varios han propuesto seguir el ejemplo chileno y conformar una misión para examinar el tema y hacer recomendaciones. López dice que podría estar compuesta por académicos extranjeros y nacionales de todas las tendencias y debería presentar un informe en un plazo breve.
Como se ve, el panorama del mercado laboral es crítico. Aunque los economistas han planteado estrategias interesantes para frenar el problema, la receta tiene un alto componente político, lo que abre un gran interrogante sobre su viabilidad. Lo cierto es que la informalidad se puede convertir en una bomba social que estalle en cualquier momento. ¿Logrará el próximo gobierno comenzar a desactivarla? Por el futuro del país, ojalá que sí.
TOMADO DE LA REVISTA SEMANA
