A continuación damos a conocer los sucesos que vienen aconteciendo en este marco y las exigencias de la organización frente a esta situación, esta información no ha sufrido modificación alguna.
“En el municipio de Atrato, dentro del área de influencia de COCOMOPOCA, desde hace 5 años viene funcionando un Batallón de Instrucción y Entrenamiento (BITER), adscrito a la Brigada XV con sede en Quibdó, para cuya implementación, el Ministerio de Defensa solicitó ante el INCODER la adjudicación de baldío, y posteriormente ante la Unidad Nacional de Tierras, la adjudicación de constitución de reserva para la construcción de Batallón, pretensiones que fueron negadas en su debido momento porque ambas instituciones (oficio 20072171266 de 03 de Diciembre de 2007 del INCODER, y Auto de 22 de Mayo de 2008 de Unidad Nacional de Tierras) negaron dichas solicitudes con el argumento de que existían comunidades negras organizadas y asentadas en esos lugares, por lo tanto eran las potenciales beneficiarias.
En el mismo municipio, contiguo a la cabecera municipal, funciona una escuela de formación de policías “Miguel Antonio Caicedo Mena”, desde el 2005, en cuya adjudicación de los terrenos que hoy ocupa, se violó el protocolo de la Consulta Previa. No obstante en el 2010 solicitó la ampliación de su área en 100 hectáreas más, lo cual fue negado por el INCODER, con los mismos argumentos utilizados en respuesta a la solicitud del Ministerio de Defensa.
La comisión interinstitucional que facilitó el proceso de titulación de COCOMOPOCA, conformada por delegados de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Defensoría delegada de Minorías étnicas, Procuraduría Ambiental, Judicial y Agraria, Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Pastoral Social Nacional, Movimiento Sueco para la Reconciliación en calidad de observadores internacionales, Christian AID, Vicepresidencia de la República, recomendó al INCODER que para cerrar estas dos pretensiones, notificará al Ministerio de Defensa Nacional y a la dirección de la Escuela de Policía de Yuto, sobre las negaciones de sus solicitudes de adjudicación de hectáreas de tierra, lo cual fue realizado a cabalidad.
No obstante las notificaciones del INCODER, las autoridades del BITER y de la Escuela de Policías continúan firmes en sus propósitos, pero no han recurrido a los procedimientos para adelantar procesos de consulta previa, plena e informada sino que al contrario, han acudido a las administraciones municipales, a la Gobernación del Chocó y medios de comunicación, generando desinformación en la opinión pública, presiones desorbitantes y señalamientos específicos para algunos miembros de la Junta Directiva, en detrimento de su honra y de su dignidad, poniendo en peligro su existencia física, en pleno desconocimiento de la directiva 007 de 16 de Mayo de 2007 del Ministerio de Defensa, del ordenamiento constitucional y de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, que hacen parte de nuestra legislación, los cuales exigen tomar medidas eficaces tendientes a fortalecer el respeto y protección de los derechos de las comunidades negras.
Con base en la Ley 70 de 1993, el Consejo Mayor del Alto Atrato, es la máxima autoridad de administración del territorio titulado, y la única estancia que toma decisiones sobre dicho territorio es la Asamblea General, y no la Junta directiva, ni el Representante Legal, como se pretende hacer creer a la opinión pública; por tanto, los señalamientos que se hacen contra personas específicas, son fruto del desconocimiento de los procesos organizativos, y de la negativa en reconocer las autoridades étnicas y la normatividad vigente.
La Corte Constitucional de Colombia ha reiterado los lineamientos jurisprudenciales que ha trazado en relación con la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades afro descendientes, de las medidas legislativas y administrativas que las afecten directamente. Así mismo ha reafirmado que el derecho de consulta previa que asiste a las comunidades étnicas se fundamenta en el principio democrático, el derecho a la participación, el pluralismo y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación. Con base en estos fundamentos, las 58 organizaciones que conformamos el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, elaboramos un protocolo de consulta previa, que se debe aplicar en estos y otros casos, lo cual es desconocido por las autoridades mencionadas.
COCOMOPOCA responsabiliza a las autoridades militares y de policía, a las administraciones municipales de su área de influencia, de las estigmatizaciones, amenazas y posibles atentados contra la honra y existencia física de sus directivos.
COCOMOPOCA invita al Movimiento Sueco por la paz y a las demás organizaciones internacionales, a que sigan facilitando su proceso organizativo y visibilizando la problemática sobre el territorio, las autoridades tradicionales, y el disfrute y goce de sus derechos.
Por todo lo anterior, COCOMOPOCA exige:
A las autoridades civiles y militares:
1. Retractarse públicamente de las afirmaciones hechas en contra de la junta directiva de COCOMOPOCA y de algunos de sus miembros.
2. Abstenerse de ejercer presiones y de hacer declaraciones infundadas que puedan exponer la integridad de los miembros de la junta directiva de COCOMOPOCA
3. Acatar los actos administrativos mediante los cuales se ha definido la titularidad del territorio del Alto Atrato.
4. Respetar el goce de derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos.
Al Ministerio público
Tomar las medidas pertinentes que garanticen a los miembros de COCOMOPOCA el disfrute y goce efectivos de sus derechos como grupo étnico.
