En Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, sufren de insomnio y delirio de persecución. Los altera el golpe de un azadón contra una piedra y ni hablar del eco de un disparo en lo profundo de la selva o el sobrevuelo de un helicóptero, o de los paros armados que hubo el 4 y 5 de enero y la segunda semana de febrero, provocados por bandas criminales y guerrillas. Cierran puertas y ventanas y se quedan en silencio durante horas. Muchos, como Siria Moreno Cuesta, evocan nuevamente las escenas del 2 de mayo de 2002, cerca de las 11:00 de la mañana, cuando un cilindro bomba entró como un proyectil por el techo de la parroquia San Pablo Apóstol.
Partos a luz de vela
Cuando en Bojayá se conmemora la primera década del desastre, y después de abundantes promesas —se quejan los habitantes—, pareciera que en este municipio no hay derecho a enfermarse. Los funcionarios están en paro desde hace tres semanas y el hospital está a punto de caerse, pese a que fue entregado el 13 de octubre de 2007, cuando el Gobierno inauguró las 250 casas del nuevo Bellavista, donde ahora viven la mayoría de las víctimas de ese 2 de mayo.
Si no fuera por la entrada permanente de pacientes, el edificio del hospital parecería abandonado. Las puertas no tienen vidrios, están forradas con cartones y casi todas están carcomidas por el óxido. No tiene muebles. Una viga amenaza con caerse sobre las cuatro cunas de la sala de pediatría. Y sólo cuenta con energía eléctrica entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, cuando la Alcaldía prende la planta.
Con tres meses en Bojayá, Ester Solano Barros, la única médica, ha debido realizar partos a la luz de la vela o con la ayuda de linternas.
Para los habitantes, el hospital es el ejemplo más claro de las deficiencias en la reparación. Sin embargo, no es lo único. Hoy, cuando son visitados por decenas de personas, autoridades departamentales y funcionarios de Presidencia, sacan un listado de quejas. “Se nos prometió que tendríamos energía, estadio, casa de la cultura, proyectos productivos (…) —dice Idelfredo Machado, alcalde de Bojayá—, y no es justo que un municipio de 11.000 habitantes tenga un solo médico”.
Un corredor deseado
Ulrich Kollwitz, sacerdote de la Diócesis de Quibdó que recorre el Atrato desde hace tres décadas, ha conocido de cerca las problemáticas de esta comunidad, en especial las sanitarias. Por ello, en la década de los 70 comenzó a capacitar a los habitantes de estas zonas en primeros auxilios. Les enseñó cómo crear botiquines caseros, cómo saturar y ofrecer una primera atención médica. Esto sucedía mientras miembros de las guerrillas —Farc, Epl y Eln—, que ya se habían expandido en Urabá, invadían Chocó poco a poco.
Sin embargo, la labor médica se truncó de tajo en 1996, cuando comenzaron a entrar los paramilitares. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ingresaron a Chocó el 20 diciembre de 1997, por el Alto Atrato, después de arrinconar a los grupos guerrilleros en Urabá, e impidieron el paso de las misiones médicas en las que participaba Kollwitz.
Especialmente el Medio Atrato se convirtió en un escenario de guerra. Y Bojayá, con sus 3.963 kilómetros cuadrados y su posición estratégica al lado del río, fue un espacio ideal para sacar drogas y entrar armas por el corredor entre el golfo de Urabá y Nariño.
En marzo del 2000, Bojayá sufrió el primer golpe contundente. Las Farc atacaron las estaciones de Policía de ese municipio y de Vigía el Fuerte, en Antioquia, y provocaron la salida de los uniformados y el alcalde. “Entre 2000 y 2003 hubo 160 alcaldes obligados a gobernar desde afuera. El de Bojayá era uno de ellos”, observa el informe Bojayá: la guerra sin límites, del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
A merced de los grupos armados ilegales, diferentes organizaciones sociales les enviaron alertas a autoridades sobre los enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares. La última fue enviada el 25 de abril de 2002, siete días antes de que especialistas en el lanzamiento de cilindros del bloque José María Córdoba de las Farc lanzaran una pipeta cargada de metralla contra la parroquia San Pablo Apóstol.
Fuera de casa
Los 79 muertos en el sitio, los que fueron apareciendo después y la continuación de los combates provocaron la salida masiva de miles habitantes. Ese año 9.474 personas partieron de Bojayá, sin tener en cuenta las comunidades indígenas que huyeron hacia la selva, como Manyulo Chanapicama, quien se refugió en un resguardo durante seis meses.
La reparación llegó cinco años después, con la construcción del nuevo Bellavista. Sin embargo, la comunidad se ha sentido inconforme y aprovecharon esta conmemoración para elaborar un documento con peticiones y entregárselo a las autoridades nacionales que nunca llegaron ayer a ese municipio —los ministros de Agricultura, Minas y Energía y Transporte— . Por eso anunciaron que mientras no asista un alto funcionario, las comunidades no regresarán a los corregimientos y veredas. Ayer esperaban al gobernador del Chocó.
Lo paradójico es que Bojayá es uno de los municipios con más recursos naturales de Chocó. De allí sale el 15 o el 20% de la madera del departamento y durante años fue el municipio que más proveyó de plátano a Quibdó.
Pese a que los habitantes son dueños de las tierras, porque así lo reconoce la Ley 70 de 1993, poco se benefician de estos recursos pues, dicen, las ganancias se quedan en manos de grandes empresarios.
Por eso hoy, cuando el país tiene los ojos puestos sobre Bojayá, los habitantes hablan más de las necesidades que de la conmemoración en sí y mandan a cualquier visitante al hospital, donde la médica Esther dice, mientras atiende cerca de un muro que sirve de recepción:
—Estamos en paro.
En asamblea permanente
Los habitantes de Bojayá y Vigía del Fuerte decidieron ayer permanecer en el coliseo del municipio y declararse en asamblea permanente, en protesta por la falta de atención de parte de las autoridades regionales y nacionales.
Idelfredo Machado, alcalde de Bojayá, y Myriam Serna, alcaldesa de Vigía del Fuerte, expresaron su apoyo a la manifestación. Los habitantes buscan que, además de la reconstrucción del pueblo, ya terminada, el Gobierno se comprometa a reactivar el hospital local y mantener en buen estado el estadio y la pista del aeropuerto.
Tomado de Elespectador.com
