A su vez, Héctor Moncayo insistió en que las leyes ya no se desprenderán de la Constitución colombiana sino del TLC y que incluso un cambio político en el Gobierno tendría muy difícil cambiar eso si no es un gobierno realmente revolucionario. Moncayo explicó que «los TLC son la garantía para las inversiones, el escamoteo de todas las posibilidades de injerencia de los Estados y la negación de las luchas populares».
Más plusvalía
El representante de Adida de Antioquia, Luis Vallejo Osorio, remarcó en ese sentido que el objetivo de los TLC es «sacar más plusvalía a la clase trabajadora a partir de una recomposición del régimen político para convertirlo en un cazador de rentas; los TLC son mecanismos para intensificar la explotación incluso desmontando la legislación burguesa». Según el docente Moncayo, en Colombia ello inició con la Constitución de 1991 que impuso una ideología neoliberal. Ello fue refrendado con la intervención del miembro del sindicato Anthoc, Yesid Camacho, que dijo que «Colombia se prepara hace 20 años para el TLC con la descentralización y la privatización de la salud». Insistió en que la salud ya es un negocio en Colombia que mueve 40 billones de pesos al año convirtiéndose en uno de los renglones más rentables de la economía del país: «El problema de la salud no es por falta de plata».
Respecto a la demanda que un grupo de abogados interpuso contra el TLC en Colombia, Moncayo explicó que la Corte Constitucional dijo que el TLC en su conjunto no vulnera los derechos pero sí dijo que en su aplicación podría vulnerar algunos derechos. Ese es uno de los argumentos que sostiene para decir que la batalla jurídica contra los TLC es importante ya que «aunque el capital puede pasar por encima de todas las leyes, las mismas leyes le facilitan la tarea y dificultan las luchas». Declaró que las pequeñas luchas sociales golpean el entramado del TLC y que la lucha contra el TLC se identifica con todas las luchas.
Intervenciones en el Foro
Según el recuento de los ponentes, el panorama general de la aplicación de los TLC es: desempleo estructural, incremento de la desigualdad y la pobreza, cierre de empresas nacionales, fin de la producción agrícola en sectores tradicionales de la economía, privatización de los servicios de salud y educación. Se establece una división internacional del trabajo donde las grandes corporaciones se apropian de recursos estratégicos como la minería, el agua o productos alimentarios básicos.
Las intervenciones principales fueron de Angélica Chaparro, Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio (Recalca); Jorge Coronado, Comisión Nacional de Enlace (CNE) de Costa Rica; Raúl Urbano, Common Frontiers Canada; y Héctor León Moncayo. Todas las intervenciones concluyeron que el motivo fundamental de los TLC es proteger a las corporaciones inversionistas y trasnacionales y al sector financiero.
Cómo el TLC afecta a las mujeres
Chaparro presentó un resumen de una investigación de Oxfam en 2004 sobre los efectos del TLC para las mujeres ya que, según ella, la economía no es neutral y afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Algunos datos:
El 60-70 % de las mujeres trabaja en los sectores peor pagados de la producción como el textil, las frutas o las flores.
Las mujeres tienen que combinar el trabajo remunerado con el no remunerado y a igual trabajo en la misma empresa el salario es más bajo para las mujeres.
El 80-85 % del ingreso de las mujeres se dedica al gasto familiar (casa, servicios, alimentación).
El 68 % de las mujeres clasificadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como “población inactiva” se dedica a labores del hogar mientras la cifra de hombres es del 8,8 %.
Chaparro sostuvo que el TLC no mejora esa situación porque amenaza las fuentes principales de empleo (industria nacional) y afecta los trabajos peor pagados y subcontratados (industria de exportación).
Reglas del TLC
Algunas normas básicas de la implementación de los TLC son el trato nacional —el mismo trato para todo tipo de corporaciones tanto nacionales como extranjeras— que afecta a las empresas más débiles. Otra norma básica es la expropiación indirecta: las empresas pueden demandar al Estado por no tener las ganancias esperadas. En cuanto a este tema, Chaparro afirmó que todas las reivindicaciones laborales afectan las ganancias de las empresas porque todas implican alguna cuestión económica como podría ser un permiso de maternidad.
Raúl Coronado explicó brevemente la investigación que hicieron respecto a la implementación de los TLC en Costa Rica y Centroamérica. Los puntos tratados fueron cuatro: impactos en agricultura; impactos en el empleo y los derechos laborales; propiedad intelectual; y situación macroenómica. «La mejora de los derechos laborales fue la principal consigna de los defensores del TLC y también nos dijeron que el comercio y las exportaciones iban a aumentar». Sin embargo, Coronado explica que los precios siguen aumentando y que las economías centroamericanas están en números rojos: Guatemala hace cinco años vendía más que compraba pero ahora es al revés e igualmente el 80 % de las exportaciones son de trasnacionales. El desempleo ha crecido entre 2008 y 2010 y la mayor dependencia de los EEUU afecta sobremanera a esos países cuando llegan crisis económicas al norteamericano.
Respecto al tema de la propiedad intelectual, los TLC pretenden sacar del mercado a las grandes empresas de medicinas genéricas de China e India. Los TLC incluso imponen una cláusula que dice «solo pueden importar medicinas genéricas si hay epidemia demostrada». Las leyes de propiedad intelectual pretenden patentar la gran biodiversidad que existe en los países americanos y se persigue la economía informal como la venta de música o películas en la calle. En Costa Rica está prohibida la reproducción de textos educativos, es un delito, y los negocios de fotocopiadoras se ven afectados.
Agricultura y consumo nacional
Sobre la situación en agricultura, Coronado planteó situaciones como que Centroamérica ha perdido la autosuficiencia alimentaria que tenía en granos básicos como frijol, maíz o arroz. Por ejemplo, El Salvador importa el 79 % de su consumo nacional de arroz y el 43 % de maíz. Costa Rica importa el 77 % del frijol y el 45 % del arroz. Guatemala importa el 70 % del arroz y el 100 % del trigo. China exporta frijol y EEUU trigo y maíz. Ello supone un negocio redondo porque además empresas como Wall Mart monopolizan el sector de la comercialización en Centroamérica a través de trasnacionales importadoras como Maseca o Cargill y las trasnacionales productoras de semillas como Monsanto, Bayer, Dupont y Syngenta.
A esta situación el costarricense dijo que monocultivos de piña, sandía, melón o naranjas así como la palma aceitera están desplazando cultivos tradicionales y afectando la fertilidad de los suelos con el uso extensivo de agroquímicos: cuatro años de cultivo de piña dejan inservible el suelo por diez años. El nivel de depredación de los suelos es enorme así como la contaminación del agua: hay comunidades en Costa Rica que han tenido que restringir el servicio de acueducto y abastecerse de camiones cisterna hace más de dos años.
Papel de Canadá
El canadiense Raúl Urbano dijo que Common Frontiers Canada, agrupación de varios sindicatos, «no está en contra del libre comercio, pero queremos que los derechos y el ambiente estén en el centro de los acuerdos». Dijo que Canadá tiene un papel muy importante en la extensión de los TLC, pero que lo hace de bajo perfil. El Gobierno norteamericano se esconde tras EEUU pero impulsa hace años una estrategia de promover el acceso a los mercados latinoamericanos y mejorar el campo de juego de las trasnacionales radicadas en Canadá.
Uno de los ejemplos es la gran minería: las empresas canadienses tienen el 65 % de la exploración en el mundo y en América Latina y el Caribe ha aumentado un 30 % desde 2002 ese área. Incluso Urbano explicó que Canadá fue el primer país que reconoció las elecciones en Honduras donde Porfirio Lobo fue elegido como presidente del país tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Urbano lo relaciona con que Zelaya impulsaba leyes que afectaban la gran minería mientras el nuevo código minero hondureño no prohíbe la minería a cielo abierto, no protege el derecho al acceso al agua potable, baja los impuestos para las mineras, facilita concesiones y restringe la información.
