La fumigación no cesa y en plena temporada de semana santa, periodo de recogimiento y de alta tradición religiosa donde la gente cosecha, guarda y se alista con todos los preparativos a deleitarse de los múltiples platos típicos de la región, a la gente la envenenan.
La maldita guerra química y biológica la está aplicando el gobierno nacional en estos territorios ancestrales de grupos étnicos, otra vez llegaron y esta vez fue sobre los Consejos Comunitarios de comunidades negras de Alto Guapi, Napi y San Francisco (municipio de Guapi – costa pacífica del Cauca).
La gente no entiende por qué el afán de sacarlos del territorio con la intensificación de la guerra armada y ahora
acompañada con la fumigación o guerra química; ya que rociaron el poder del veneno sobre la gente, sus casas, los cultivos, el agua de consumo y los sitios sagrados de la comunidades.
Con estas acciones también se han visto afectados proyectos de cooperación internacional que se ejecutan con las comunidades tal como el convenio Holandés SENA – Tropenbos.
Estas acciones no tienen perdón de Dios ya que atentan sobre nuestro grupo étnico negro, es una práctica criminal etnocida, porque además afecta la salud de las comunidades, niños, niñas, adultos mayores, mujeres en embarazo, jóvenes y adultos.
Con estos hechos se violan los derechos propios como grupo étnico, también el artículo 81 de la Constitución Nacional que expresa: “queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares…”
Colombia debe respetar sus acuerdos internacionales, y con estos hechos está violando su compromiso como uno de los países signatarios del tratado de Prohibición de las armas Químicas (ANPROAQ) firmado el 13 de Enero de 1993, Ratificado el 5 de abril de 2.000 y válido desde el 5 de Mayo de 2.000.
Es inaceptable que Colombia sea el único país del mundo que permite la Guerra química contra su territorio, ni siquiera Afganistan lo permitió.
Exigimos al gobierno colombiano suspender estas acciones endemoniadas e iniciar un proceso de concertación con las comunidades sobre sus políticas antinarcóticas.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos que están sucediendo, y les solicitamos apoyo para exigirle al gobierno nacional el respeto a la vida y el territorio de los pueblos negros del Pacifico, la suspensión inmediata de todas las formas de violaciones entre ellas las fumigaciones; se respeten y acaten los convenios y pactos suscritos de Colombia con la comunidad internacional tal como la consulta previa, libre e informada con base en el convenio 169 de la OIT, y se proceda conforme a los derechos consagrado en la Ley 70/93 o ley especial para las comunidades negras en Colombia.
