La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos» no se han erradicado totalmente en el país, pese a los esfuerzos gubernamentales para acabar con dicha práctica.
«La práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente. La oficina en Colombia observó casos con características de esta grave violación en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar», reza el informe sobre Colombia preparado por el Alto Comisionado, Todd Howland, el cual será considerado este miércoles por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«En varios casos, se observaron inconsistencias sobre lo ocurrido en las versiones de las autoridades militares, así como una tendencia por parte de algunos funcionarios a desprestigiar y estigmatizar a las víctimas y a entorpecer la justicia», prosigue el informe, que detalla ejemplos concretos.
El Alto Comisionado considera que el Gobierno debería investigar estas denuncias e implementar debidamente la normativa que impide y previene dicha práctica, en aras a que este tipo de ejecuciones no vuelvan a ocurrir.
«Estos casos deben alertar a las autoridades sobre la necesidad de redoblar sus esfuerzos en la prevención de esta grave violación de los derechos humanos, poniendo énfasis en la implementación efectiva de las medidas introducidas en 2008 con este objetivo», señala.
«Algunos oficiales del Ejército continúan negando la existencia de las ejecuciones extrajudiciales. Estas actitudes no contribuyen a crear una cultura de repudio de estas violaciones, lo que pone en peligro las garantías de no repetición», agrega el informe.
El texto, no obstante, alaba el cambio de normativa y los esfuerzos gubernamentales, pero le pide que siga presionando al Ejército para que integre la perspectiva de derechos humanos en todas sus actuaciones y que asuma que debe abstenerse cuando se presuma que ha habido violaciones a los derechos fundamentales.
«La Oficina en Colombia reitera la obligación de la justicia militar de abstenerse de iniciar investigaciones o reclamar la competencia cuando se han producido hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario».
Asimismo, la ONU advierte de la ilegal e injusta impunidad con la que cuentan algunos reos militares.
«La concesión ilegal de beneficios penitenciarios a miembros del Ejército detenidos en establecimientos o bases militares o condenados por graves violaciones de derechos humanos puede llegar a constituir una forma de impunidad y compromete la responsabilidad del comandante de la instalación militar y de sus superiores».
Asimismo, el informe señala que siguen cometiéndose «un número significativo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sobre todo por grupos armados ilegales, pero también pero también por agentes estatales».
No obstante, el informe saluda la adopción de la «Ley de Víctimas y Restitución de Tierras», al reconocer el derecho de las víctimas «con independencia de la identidad de los victimarios». EFE
