Con este paro armado, decretado por del frente 57, Mario Vélez, de la guerrilla de las FARC del 1 al 8 de marzo de 2012, más de 300.000 personas resultaran perjudicadas en el departamento del Chocó. En 8 días no habrá transporte, acuático, ni terrestre, lo que además de impedir que la gente transite con libertad dentro y fuera del Chocó, violando el derecho a la libre movilidad, detendrá la llegada de alimentos que no se producen en esta zona, dando pie así a la escases de los mismos, atentando contra el derecho a la alimentación de la gente.
La población estudiantil del departamento también se verá perjudicada, ya que muchos docentes se transportan, desde sus lugares de residencia, diariamente para llegar a sus sitios de trabajo, vulnerando su derecho a la educación. En la mayoría de municipios del Chocó, los centros de salud remiten pacientes de gravedad a la ciudad de Quibdó y Medellín, para ser atendidos en hospitales con mejores condiciones, la guerrilla con su paro armado, estaría atentando contra la vida de los pacientes más grave que no podrían ser atendidos en otros lugares.
Denunciamos en todas las esferas sociales esta situación y exigimos a los grupos armados ilegales que tienen presencia en el departamento del Chocó, el cese de acciones violentas que violen los Derechos Humanos, Territoriales y el Derecho Internacional Humanitario.
Exigimos también a la Fuerza Pública y al Ejercito Nacional, que garanticen la seguridad de cada habitante de este territorio y que ejerzan acciones efectivas que mitiguen el impacto de los grupos armados ilegales en el Chocó.
Solicitamos al Gobierno Departamental que coordine con los organismos de control para aminorar los efectos de este paro en la sociedad.
Invitamos a la iglesia, a los organizamos internacionales, medios de comunicación y demás aliados que trabajan para lograr la paz en el Chocó, que visibilicen esta situación que parece salirse de las manos al Gobierno Nacional.
