Fue el último capítulo de una larga y accidentada historia de intentos que se remonta a fines del siglo XIX, cuando los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron a pie desde su territorio a pedirle al gobierno su intervención para detener el robo de tierras por parte de los hacendados y el de niños por parte de los curas. Quizá de allí salió la Ley 89 de 1898, que todavía rige y que fue el marco legal para la creación de resguardos. El indio Quintín Lame continuó esta lucha en los años 20. Encarcelado, perseguido con saña, logró sin embargo crear —como se dice hoy— un corredor de lucha indígena entre Popayán y Chaparral y agitar en Bogotá, frente a los “altos poderes”, las banderas indígenas. Su enfrentamiento con la aristocracia caucana fue radical. En el fondo, reivindicaba lo de siempre: territorio, cultura y autoridad. Lo acusaron de fundar una “república indígena”. La violencia de los 50 paralizó las luchas indígenas porque siempre su gente ha sido carne de cañón. Fue también la época en que cazaban indios guahibos como venados en los Llanos Orientales. En la agitación agraria del 69 y el 70 se volvieron a oír voces ancestrales en defensa de sus tierras. El Incora las oyó: a los inganos y kamtsás del Valle de Sibundoy les reconoció el derecho a parcelas que eran haciendas de los capuchinos. No obstante, el Frente Nacional no pudo —o no quiso— detener la ampliación de los latifundios en Cauca, Huila y Tolima en detrimento de los resguardos. Los indígenas hicieron causa común con los campesinos de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), donde encontraron protección y respaldo. Nació entonces en 1971 el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La respuesta fue el asesinato, la persecución y el encarcelamiento de sus dirigentes. En 1980 volvieron a reunirse representantes indígenas de todo el país en Lomas de Ilarco, sur de Tolima, en el primer encuentro indígena nacional, que creó la Coordinadora Nacional de Gobierno Indígena, la que dos años después se transformó en ONIC. La Constituyente del 91 estableció una circunscripción especial y la Constitución reconoció el derecho a sus territorios, a sus leyes y a sus autoridades.
Desde entonces no han cesado las masacres, como las de Nilo en Cauca, Portete en La Guajira, y el asesinato sistemático de indígenas kankuamos, emberas, zenúes, awás, barí, guahibos, cuivas, coyaimas y natagaimas. La ONIC ha denunciado que 35 pueblos indígenas de los 102 que existen en el país están condenados a desaparecer. Survival International resalta que los grupos indígenas más expuestos al peligro son nukak-maku, guayaberos, hitnú y sicuani. A partir de 1995 casi 100 indígenas han sido asesinados cada año y otros tantos desaparecidos. Es cierto que sus organizaciones son escuchadas, que la Iglesia católica ha modificado las modalidades de evangelización y que gozan de prestigio en el exterior. No obstante, hoy existe un peligro inminente: ser aplastadas por las locomotoras minera y petrolera. La ONIC ha sobrevivido, pero no ha dejado de ser perseguida a sangre y fuego.
Tomado de Elespectador.com
