“Buenos días, muchachos. ¿Cómo están?” dijo Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ a la entrada del auditorio del Tribunal de Justicia y Paz, en Bogotá, donde tres magistrados estudian las pruebas que presentó la Fiscalía contra el ex jefe paramilitar por el reclutamiento de 150 menores de edad entre 1995 y el 12 de febrero de 2006 cuando este grupo se desmovilizó.
Mientras el ‘Alemán’ se sentó frente a los magistrados que lo juzgan, una docena de jóvenes que no superan los treinta años lo observaron desde la misma sala, sentados atrás, mientras otros 75 muchachos escucharon la audiencia desde San José de Apartadó, Antioquia. Los jóvenes fueron reclutados diez años atrás por el Bloque Élmer Cárdenas, a cargo de alias ‘El Alemán’, y por haber sido menores de edad en esa época son víctimas del ex jefe paramilitar. Las leyes internacionales califican el reclutamiento forzado de niños como crímenes de lesa humanidad.
El Bloque Élmer Cárdenas delinquió en el Urabá chocoano y llegó a tener 1.500 paramilitares en sus filas, dejando 11.127 víctimas entre asesinatos, desapariciones y desplazamientos, según el reporte de Justicia y Paz. El grupo comenzó con 40 hombres pero con la financiación de la Casa Castaño, los ganaderos y el narcotráfico se expandió por la región. (Lea: De los ‘guelengues’ al Bloque Élmer Cárdenas).
La Fiscalía 44 de Justicia y Paz documentó 428 casos de menores reclutados, pero durante el juicio probó 309 casos. Sin embargo, del listado el ex jefe paramilitar solo reconoció 150 casos. Y estos son los que desde el 1 de noviembre de 2011 son presentados en juicio durante el incidente de reparación, la fase previa a que los magistrados emitan una sentencia que condene al ex paramilitar y repare a este primer grupo de víctimas. (Lea: Los menores reclutados del Élmer Cárdenas)
Así durante los primeros días de audiencia se presentaron funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y la Vicepresidencia de la República, que explicaron los programas y mecanismos con que cuenta el Estado para prevenir y atender a las víctimas del reclutamiento forzado. Según datos de la Vicepresidencia, actualizadas a 31 de octubre de 2011, 4.700 menores han sido atendidos por el Programa de Atención Especializado del Bienestar Familiar.
“En 90% las víctimas han contado que estuvieron en grupos armados ilegales con otros mejores. El 80% hicieron parte de esas estructuras forzadamente. Son menores que antes habían sido víctimas de violencia sexual o intrafamiliar, que consideraban que la escuela no les agradaba o les quedaba lejos, que eran obligados por sus padres a trabajar o que no tenían oportunidades”, dijo ante el Tribunal Gladys María Fernández, funcionaria de la Vicepresidencia.
Fernandéz señaló que el Estado trabaja principalmente en 145 municipios para prevenir el reclutamiento, y que entre estos están Turbo y Apartadó, dos de los pueblos más golpeados por el paramilitarismo. El primero por el Bloque Bananero y el segundo, por el Élmer Cárdenas.
Varias de las víctimas, ahora mayores de edad, le contaron a VerdadAbierta.com que fueron reclutados por este grupo paramilitar, recibieron entrenamiento militar y portaron armas. “Es un episodio de mi vida. Cada vez que escucho la palabra adolescencia se me parte el corazón, porque yo entré a eso cuando tenía 13 años”, dijo una de las víctimas de las cuales se reserva el nombre.
Durante la audiencia, Acción Social presentó un informe sobre los bienes entregados por el grupo paramilitar, teniendo en cuenta que estos son destinados para reparar a las víctimas. Después de la presentación, el Tribunal hizo un llamado a Acción Social para que en un nuevo informe explique por qué, por concepto de ventas y subastas de estos bienes solo ha recaudado $400 millones de pesos, cuando según alias ‘El Alemán’ estos en 2006 estaban avaluados $10 mil millones.
El jueves 3 de noviembre de 2011 ante el Tribunal de Justicia y Paz hablará Nina Winkler, psicóloga alemana experta en estrés postraumático en el conflicto y analista del genocidio en Ruanda. Luego, la Fiscalía comenzará a presentar las pruebas sobre cada uno de los casos de reclutamiento, de manera que los magistrados puedan determinar cómo será la reparación.
El incidente de reparación también abordará el caso del asesinato el 27 de noviembre de 2000 de Rigoberto de Jesús Castro Mora, entonces alcalde de Unguía, Chocó.
