El Gobierno tiene prácticamente definidas las áreas del país que declarará como de reserva estratégica minera, para adjudicarlas en el futuro a los inversionistas privados a través de rondas o subastas, en un proceso similar al que se utiliza en los bloques petroleros.
Un documento del Servicio Geológico Nacional (antiguo Ingeominas), presentado al sector minero y al cual se le hacen los últimos ajustes, revela que serán más de 1,9 millones de hectáreas del territorio nacional, ubicadas en 14 departamentos, las que se entregarán por concurso.
En total son 304 polígonos, clasificados como zonas tipo 1, es decir, los más valiosos porque se trata de áreas con mayor conocimiento y con potencial para alojar mineralizaciones.
Del total, que es más del doble de las tierras en las que se ha comprobado el despojo de propiedades por actores armados, 1,5 millones de hectáreas no presentan restricción alguna, mientras 386.718 hectáreas corresponden a terrenos de la Ley Segunda de 1959, es decir, de reserva forestal y están sujetas a sustracción de la restricción previa a cualquier actividad minera.
En los próximos días, el Gobierno expedirá las medidas administrativas para declarar estas zonas como de interés estratégico.
El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santa María, explicó que las áreas con el mayor conocimiento científico serán adjudicadas en subastas a los interesados, teniendo en cuenta el mayor nivel de inversión ofrecido y los porcentajes de producción que los inversionistas estén dispuestos a dejarle a la Nación.
Las zonas de reserva estratégica minera se obtuvieron luego de recortar terrenos en los que la minería no se puede ejercer, como los páramos, los humedales y en donde habitan comunidades étnicas.
También se descontaron áreas por implicaciones de seguridad nacional, terrenos en proceso de legalización y aquellos sobre los cuales hay una solicitud en curso.
El Gobierno catalogó como estratégicos 11 minerales, de los que hay gran potencial para oro, platino y cobre en las zonas que serán subastadas.
Como zonas tipo 2 fueron clasificadas 11,5 millones de hectáreas (sin recortes), sobre las que hay menos información, pero que son prioritarias para adquirir conocimiento científico.
MODELO ATRAERÁ INVERSIÓN
El nuevo esquema que usará el Gobierno para otorgar los títulos mineros, en las zonas con mayor potencial, fue bien recibido por empresarios del sector.
El director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Minería (CCM), César Díaz, señaló que ello servirá para que más empresas se interesen y entren a participar en la exploración y explotación de los recursos minerales.
En un foro de Fenalcarbón, los directivos del sector destacaron como positivo el anuncio del Gobierno, que buscará que el Ferrocarril del Carare sea la primera iniciativa que se ejecute bajo la ley de Asociaciones Público Privadas.
El proyecto, impulsado por la multinacional Votorantim (Paz del Río), es clave para bajar los costos del transporte desde el interior del país hasta los puertos, que representan 70 dólares por tonelada.
APLAZAN REFORMA DEL CÓDIGO
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció que el Gobierno postergó la presentación de la reforma del código de minas, iniciativa que debería radicarse en el primer semestre de este año.
La decisión la tomó el Ministerio de Minas y Energía, porque el proyecto necesita surtir el proceso de consulta previa en el Ministerio del Interior, sobre la cual aún no hay textos.
Dijo que lo que sí se contempla es la presentación al legislativo de un proyecto de ley, para reglamentar estos procesos de consulta de forma precisa y sobre planes mineros concretos, para que este paso no siga siendo un obstáculo para la ejecución de las inversiones en el sector.
Según indicó, el tiempo para la certificación de presencia de comunidades pasó de 6 meses en el 2010 a un lapso de 15 días en la actualidad.
No obstante, el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, le hizo un llamado a Vargas Lleras para que, a partir de hoy y sin más dilaciones, se inicie el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, relacionadas con la construcción de un puerto y una línea férrea del proyecto carbonífero de la brasileña MPX.
Este proceso, que lleva más de dos años en trámite, es indispensable para el desarrollo del complejo minero.
Tomado de portafoilio.co
