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Los daños al territorio causados en el marco del conflicto armado en el Pacífico incluyen un tipo de daño de consecuencias irreversibles que además deja una huella profunda en el paisaje y el entorno natural. Se trata del daño ambiental, asociado muchas veces a proyectos extractivistas de diversa índole que suelen ir asociados a los actores armados, bien sea porque son sus métodos de financiación, bien sea porque empresarios y megaproyectos instrumentalizan la violencia para quitar de en medio a las comunidades que se oponen al arrasamiento del medio ambiente.
«El Pacífico es uno de los territorios más importantes del país» asegura Adriel Ruiz, asesor de la CIVP, «porque le aporta una gran biodiversidad al planeta. Pero ha sido afectado por el conflicto y otros tipos de violencia. Desde la Comisión consideramos que el daño ambiental es uno de los principales factores de análisis, por eso entendemos que es un daño que tiene que ver con afectaciones directas a los ríos, los mares, la fauna, la flora, y todo el entorno del que depende la subsistencia de las comunidades».
La práctica de la minería mecanizada y las grandes concesiones entregadas a multinacionales son uno de los factores que amenazan la soberanía y el entorno de las comunidades, particularmente por los enormes daños ambientales que provocan sobre el territorio con el envenenamiento de las fuentes de agua y la deforestación. No obstante, el impulso de los latifundios ganaderos y de los proyectos agroindustriales de palma y otros cultivos, muy asociados con la arremetida paramilitar en el norte del Chocó y otros territorios del Pacífico, también han provocado incalculables deterioros a los ecosistemas de la región.
La implantación de megapuertos y megaobras, como ha ocurrido en Buenaventura, desencadenaron daños y contaminación a los esteros y manglares de los que buena parte de la población obtenía su sustento. La relación entre estas grandes obras de infraestructura y el incremento de la violencia en la ciudad será uno de los casos puntuales de estudio de la CIVP.
Otra dinámica asociada al conflicto armado que ha resultado altamente dañiña para los ecosistemas del Pacífico han sido los cultivos de uso ilícito destinados a la cadena del narcotráfico. Algunos cálculos señalaban que más de 20.000 hectáreas de selva se habían pedido en regiones como el litoral de Nariño a causa de la expansión cocalera, que muchas veces está asociada a colonos foráneos que llegan a tumbar la selva y a implementar monocultivos altamente dependientes de los agrotóxicos. El narcotráfico ha transformado el equilibrio biológico de la región, afectando las fuentes hídricas y aspectos fundamentales para algunas comunidades como la disponibilidad de animales de cacería para la alimentación. El deterioro y la erosión de los suelos son, además, consecuencias directas de los monocultivos de coca. Adicionalmente, las fumigaciones con glifosato emprendidas por el gobierno colombiano para erradicar los cultivos de coca han provocado consecuencias severas en los pobladores y los suelos.
Estos casos podrían extrapolarse a una gran número de situaciones asociadas al conflicto armado que han derivado en grandes daños al medio ambiente y los ecosistemas donde habitan las comunidades étnicas del Pacífico, desde los atentados a oleoductos que generan derrames de crudo y contaminación de ríos, hasta la implantación de grandes hatos ganaderos, los proyectos mineros o los monocultivos de palma aceitera.